El hecho de que las cuentas nacionales dieran superávit fiscal primario (en gran medida consumido por el cargo financiero de pagar la deuda externa) no hacía al gobierno kirchnerista más receptivo a las demandas populares. Buscaba acrecentar ese superávit para continuar pagando puntualmente a los acreedores extranjeros.
Así fue que tomó la decisión de meter la mano en los ingresos de las jubilaciones, ideando un nuevo «índice» de actualización de los aumentos que los dejaba muy por debajo de la inflación. Una de las primeras víctimas fueron los jubilados docentes nacionales, que en marzo de 2010 obtuvieron un aumento… del 0,98%, contra una suba del costo de vida del 17% en 2009, que alcanzaría el 23% en 2010.
Ahora también tenemos una comisión especial integrada por miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo que hace meses está estudia cómo aplicar un nuevo «índice» a la baja. Mientras se rompen la cabeza para encontrar un sistema que engañe al pueblo, el gobierno fija por decreto esos aumentos. Ayer y hoy, el objetivo es el mismo: ahorrar dinero a costa de las jubilaciones para pagar la deuda pública usuraria.
Repudio y acción de los trabajadores
La punta del iceberg del rechazo popular a este «ajuste» a las jubilaciones estuvo en los docentes (particularmente los de la Ciudad de Buenos Aires). Se autoconvocaron y realizaron masivas asambleas, petitorios y movilizaciones. La dirección sindical de Ctera (y la CTA) les dio la espalda: Hugo Yasky, entonces dirigente de la central y actual diputado del Frente de Todos defendió al gobierno. El repudio al 0,98% se extendió.
Esto llevó a que se iniciara el debate en el Congreso de un proyecto de ley para reinstaurar el 82% móvil en las jubilaciones. El bloque opositor de la derecha rápidamente lo limitó solo al 82% del salario mínimo vigente, acompañando el pronunciamiento general de las entidades empresarias. La presidenta Cristina Kirchner hizo una furibunda campaña contra el proyecto, planteando que iba a llevar a la Argentina al default.
El proyecto presentado incluía otros dos puntos: reajustar de acuerdo a la evolución del salario todas las jubilaciones afectadas por los congelamientos de 1991 y 2002 (impuestos por Carlos Menem y continuados por los sucesivos gobiernos -fallos Badaro, etc.-) y establecer esa movilidad para los futuros aumentos.
A pesar de la limitación del 82% solo a las jubilaciones mínimas, el Partido Obrero tomó el proyecto como una base para impulsar una movilización de los trabajadores activos y jubilados. Si bien colocaba la jubilación mínima solo un poco por encima, los otros dos puntos ponían un nuevo piso a los reclamos. El primero presuponía la actualización y retroactividad contra los congelamientos de Menem, De la Rúa y Duhalde, que se había transformado en un creciente problema político con 300.000 juicios presentados ante la Corte Suprema. El segundo, que la actualización jubilatoria se haría tomando como índice la evolución de los salarios.
Una política obrera independiente
En principio el debate sobre el proyecto de ley estuvo dominado entre la oposición política de la derecha y el oficialismo, pero nuestra defensa de una profunda reivindicación obrera nos permitió intervenir en la crisis e impulsar una movilización popular. Sin contar con una representación propia en el parlamento, intervenimos en el debate parlamentario e impulsamos que se convirtiera en un eje de movilización y acción directa de masas.
Criticando fuertemente el retroceso del proyecto de la derecha, consideramos que igual seguía siendo progresivo por mejorar las condiciones de vida de masas de jubilados y para crear un mejor escenario para pelear por la conquista integral del 82% móvil. Buscamos generar un movimiento de lucha que impusiera sus propias condiciones, e intervinimos con una posición independiente en el debate político entre la oposición derechista y el gobierno kirchnerista.
El PO lanzó un petitorio reclamando que se aprobara el proyecto votado en la comisión previsional de la Cámara de Diputados, con los tres puntos. La movilización partidaria fue impresionante y se acrecentaba con el eco entusiasta con que fue recibida. Se instalaron mesas en calles, plazas y estaciones ferroviarias. Se llevó a puertas de fábrica y a las facultades. Se formaban colas para firmar el petitorio. Esto fue acompañado por decenas de charlas y mesas debate en los locales partidarios y en centros públicos (organizaciones de jubilados, sedes sindicales, audiencias municipales), en muchos casos con participación de políticos y representantes sindicales.
Los sindicatos (salvo excepciones) hicieron mutis por el foro, porque estaban apoyando al gobierno. Lo mismo la centroizquierda de la CTA, Yasky, Víctor De Gennaro, Proyecto Sur. Pino Solanas dio un apoyo condicionado a que el parlamento aprobase al mismo tiempo de donde saldría el financiamiento, una posición que le hacía el juego a la objeción del kirchnerismo.
Yasky fue uno de los que más se empeñó en defender al gobierno y su índice de actualización. Pero las marchas y actos de los docentes obligaron a la Anses y a Cristina a cambiar el índice: para frenar el movimiento, otorgó un aumento de emergencia del 4,9%, retroactivo a abril, que sumado al 0,98% daba un 5,9%. Fue un triunfo de la lucha docente antigubernamental y antiburocrática.
En su momento, saludamos en Prensa Obrera (24/6) “el triunfo de una pelea” de los jubilados docentes. Esta fue una campaña central del periódico, que dedicó a la lucha por el 82% móvil una parte esencial de las ediciones semanales durante cuatro meses, evidenciando la intensa movilización partidaria.
Participamos e hicimos actos frente al Congreso. Impulsamos el frente único con diversas organizaciones de jubilados, entre otras, y tomamos el debate parlamentario como una palanca para interesar a las masas y elevarlas hacia una movilización propia independiente.
Hubo corrientes de izquierda, fuera de las tributarias directas del kirchnerismo, que le dieron la espalda a ese proceso. Fue el caso del PTS, que consideró que el proyecto «de la derecha» era «insuficiente» y se opuso a movilizarse para reclamar su aprobación. En nombre de negarse a «hacerle el juego a la derecha» atacó sistemáticamente nuestra campaña. En un artículo de Prensa Obrera criticamos esa posición señalando que “los doctrinarios tienen el hábito de ignorar el abc del programa de transición: la necesidad de que nos valgamos de todo reclamo práctico que sirva para movilizar a los explotados contra la burguesía, incluso si este reclamo no está inscripto en nuestro programa, sino que aparece como consecuencia del proceso concreto”.
Fueron creciendo actos y movilizaciones en todo el país; en Villa Constitución y San Nicolás impulsadas por obreros siderúrgicos jubilados. «No habrá 82% móvil sin lucha», rezaba en agosto una tapa de Prensa Obrera, planteando superar las trabas de las burocracias sindicales que hacían causa común con el gobierno, y llamando a movilizarse contra los intentos del Senado de limitar aún más el proyecto -ya que la oposición derechista compartía con la clase patronal que pretendía los fondos de la Anses para subsidiar al capital. Cualquier coincidencia con la actualidad no es casualidad, es una política de Estado defendida consecuentemente por el kirchnerismo.
El 13 de octubre convocamos a una concentración frente al parlamento, junto a organizaciones de jubilados. Empezamos con una vigilia previa de 24 horas, instalando una carpa y una radio abierta por la que desfilaron decenas de delegaciones obreras y de jubilados. Se realizaron varias charlas con decenas de asistentes. Varios miles se concentraron frente al Congreso.
La gran presión obrera y popular en favor del 82% móvil hizo que algunas burocracias sindicales adoptaran actitudes contemporizadoras. La CTA conducida por Pablo Micheli y hasta un sector de la CGT liderado por Luis Barrionuevo se pronunciaron a favor de la ley. Incluso el PTS terminó enviando un cartel con… 7 militantes, un cambio de política que según explicó en un volante obedecía a «la convocatoria de las organizaciones de jubilados y pensionados y de distintos gremios y la CTA-Micheli»; seguidismo a la burocracia sindical.
Amado Boudou, entonces ministro de Economía y desde 2011 vicepresidente de CFK, declaró que «el país no está preparado para pagar el 82%». La presidenta CFK habló en cadena nacional para ratificar su rechazo al proyecto, tildando de reaccionarios a quienes defendían los reclamos de los jubilados, porque hundirían a la Argentina. Advirtió que iba a vetar la ley si era aprobada. Finalmente la ley fue votada la noche del 13 de octubre y en la madrugada del 14 la presidenta cumplió con su palabra.
CFK llamó a Hugo Moyano (CGT) y a Yasky (CTA) a actuar en «forma responsable» también frente a la siguiente deliberación del Consejo del Salario que debía fijar un nuevo ajuste al Salario Mínimo (base en el cual se apoyaría la actualización de la jubilación mínima).
En la actualidad la historia se repite. Pero, en este caso, las dos veces bajo la forma de tragedia para las masas de jubilados, condenados a ingresos de miseria y al congelamiento de sus haberes. En 2010 en forma preventiva, ahora en forma imperativa según los reclamos del FMI y los bonistas que quieren garantizarse el pago de los intereses usurarios de la deuda pública.
Frente al veto
El PO rechazó el veto y sacó un afiche que tuvo gran repercusión, titulado: «Si Evita, sería una jubilada con $ 1.046 pesos», enfrentando la verborragia del gobierno y llamando a retomar la lucha por el 82%. La oposición derechista hizo alguna declaración y se llamó a cuarteles de invierno. El posterior gobierno de Macri demostró la continuidad del ataque contra los jubilados con cambios de índices de actualización.
Aquel afiche salió a la calle el 18 de octubre, y dos días después era asesinado nuestro compañero Mariano Ferreyra por una patota de la burocracia ferroviaria aliada al kirchnerismo, poniendo en evidencia ante la opinión pública otro estigma del autoproclamado gobierno nac&pop: el de la tercerización y precarización laboral.
Ambas luchas siguen hoy plenamente vigentes.
Rafael Santos
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