La gestión capitalista de la pandemia del gobierno de Perotti no podía ser peor: las camas destinadas a terapia intensiva ya se encuentran casi totalmente ocupadas y el personal de salud, en condiciones absolutamente precarias. El gobernador ha liberado el 90% de la actividad económica, la cual ha disparado la curva de contagios y al mismo tiempo veta cualquier iniciativa, por limitada que sea, de “ayuda económicas”, por ejemplo, a los miles de docentes reemplazantes que no tienen un ingreso desde el inicio de la cuarentena. La desilachada cuarentena, que formalmente se renueva cada 14 días, explica el cuadro de conjunto de una crisis humanitaria donde la vida de miles de trabajadoras y trabajadoras se exponen diariamente a un contagio masivo.
El auge de contagios se entronca con el impasse económico de la provincia, que ya tiene larga data. Según un informe publicado por el Partido Socialista (La Capital, 25/10) el gobierno se encuentra haciendo “caja”, atesorando aproximadamente $37.000 millones de pesos. A principios de año, por decreto, el gobernador explicitó su voluntad de pagar “selectivamente” a los acreedores, un eufemismo para no hablar de default. El colapso social se ha acentuado aún más durante estos últimos meses.
El régimen provincial también ha expuesto su contradicción irresoluble con la naturaleza en un territorio asediado por las quemas de pastizales, un estrago deliberado, orientado al negocio ganadero y a los emprendimientos inmobiliarios. La destrucción de flora y fauna de estos últimos meses ya es irrecuperable, y no hay ley que valga contra el afán de maximización de ganancias. La sequía tampoco es un “accidente” sino producto del cambio climático resultado de la depredación capitalista desde hace décadas. La ocupación de tierras tambien sucede en estos territorios, donde centenares de familias que han quedado sin hogar ni trabajo durante la epidemia y buscan resguardar su salud y su vida ante este desastre.
Bajo estos rótulos es que se pergeña una crisis política importante. Sucede que la burguesía le exige acciones al gobierno, entre las cuales recurrente mente un cambio de gabinete generalizado. El ya hecho trueque de ministros de Salud podría ser proseguido por el de la cartera de seguridad, ya que el delito no ha cesado con el aislamiento y es el discurso con el cual se montó el peronismo santafesino. Ni hablar del poder judicial, donde se han desplazado a una serie de fiscales por haber sido partícipes de cohechos y otros delitos en el marco de los negocios del juego. La descomposición del Estado se acelera a pasos agigantados.
Las y los trabajadores han tomado nota de estas circunstancias. Es necesario profundizarlas, como hace el personal de salud, que realiza movilizaciones y deliberaciones en sus lugares de trabajo dotar a estas intervenciones de una orientación política y un programa acordado en asambleas ante el “Guernica” que se proyecta en toda la provincia.
Agustín Fernández
30/10/2020
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