Cuando el partido había comenzado, representantes del ministerio de Salud de Brasil se metieron al campo de juego, en una operación. Más temprano, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) emitió un comunicado en el que instó a las autoridades de Brasil a deportar a los futbolistas argentinos Emiliano "Dibu" Martínez, Emiliano Buendía, Cristian "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso, tres de los cuales estaban en cancha.
De acuerdo a Anvisa, los deportistas suministraron "informaciones falsas" durante su proceso de inmigración. Según las declaraciones de Anvisa, "cuatro jugadores argentinos ingresaron a Brasil incumpliendo las normas sanitarias del país al declarar supuestamente información falsa en un formulario oficial", a raíz de que aseguraron "no haber pasado por ninguno de los cuatro países con restricciones en los últimos 14 días". Sin embargo, las diez federaciones miembro de Conmebol firmaron un acta con el acuerdo de sus respectivos gobiernos para aceptar el corredor sanitario para estos encuentros internacionales. No es la primera vez que hay jugadores de fútbol que no cumplen las cuarentenas porque, justamente, existen los corredores sanitarios que se aplicaron también para deportistas brasileños en otros países, como así también en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en este caso se suspendió el partido por razones sanitarias luego de que hubiera comenzado.
Las autoridades brasileñas ya estaban advertidas de esta situación como así también la Conmebol. La Confederación Brasileña (CBF) negó su participación en algún tipo de negociación para omitir el protocolo sanitario vigente. Consideró, además, que Anvisa "pudo actuar con antelación" y haber evitado el desgaste de hacerlo en pleno partido. "La CBF respeta los protocolos de Anvisa y en ninguna situación queríamos esquivar la Legislación", pero, a su juicio, "esto causa indignación porque Anvisa se extralimitó en sus decisiones y podría haber evitado eso antes" (Clarín, 6/9).
Flavio Bolsonaro, hijo del presidente y senador por Río de Janeiro, dijo que “Los argentinos jugaron malas pasadas. Sabían que estaban infringiendo la ley brasileña, impidieron que Anvisa se fijara en ellos y, a la fuerza, incluyeron a los cuatro [jugadores] de Inglaterra” (ídem). Además, reclamó sanciones duras contra el seleccionado de Scaloni. Bolsonaro llamó a las autoridades, pero cuando ya había sido suspendido, como si desconociera lo que estaba pasando (ídem).
Las razones políticas
¿La suspensión del partido entre Argentina y Brasil tiene razones políticas? Es lo que se pregunta la afición. Bolsonaro y su hijo convocaron para el martes 7 a una movilización, incluida la Policía Militar. Clarín sacó una nota de opinión preguntando “¿Bolsonaro intentará dar un golpe de estado?” (5/9). “La manifestación (pro Bolsonaro) prevista para el 7 de septiembre, por la "libertad", la "intervención militar", "contra el STF", "por el voto impreso" y quién sabe qué más” (ídem) ha alimentado esa sospecha.
“Bolsonaro dará el golpe porque siempre ha sido autoritario y sabe que sus posibilidades electorales son escasas. Ha adoptado un comportamiento histérico y paranoico que denota su aislamiento político. Con la economía debilitada, el desempleo, la inflación y las altas tasas de interés, la sequía, la crisis energética a la vista y la pandemia del Covid-19 gestionada criminalmente y aún lejos de su fin, es poco probable que Bolsonaro gane las elecciones de 2022 (si es que las hay)” (Clarín, ídem). Estas razones son, sin embargo, las que deberían hacer inviable un autogolpe, y en caso de que tuviera lugar precipitar un contragolpe. Si las FFAA están dispuestas a respaldar un autogolpe de Bolsonaro, la oportunidad habría que preparar todavía la oportunidad.
Jair Bolsonaro, mientras moviliza sus tropas fascistas, tiene siete investigaciones abiertas contra él y sus adeptos por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) y el Tribual Supremo Electoral. También las investigaciones sobre el asesinato de Marielle Franco, cuya responsabilidad directa llega hasta el presidente, su familia y colaboradores. Bolsonaro intenta rearmarse, pero no sólo simbólicamente: las intervenciones de sus facciones en las favelas del país, como así de los militares en el estado, muestran sus intenciones.
“Las instituciones brasileñas están destrozadas y el Estado está cada vez más ocupado por los militares desde el golpe de 2016. También sucede que Bolsonaro tiene sus partidarios: empresarios aventureros, parte del agro, asociaciones de camioneros, las cumbres de las iglesias evangélicas, clubes de tiro, paramilitares. Y lo principal: importantes contingentes de la policía militar (que pueden decidir responder directamente a él y ya no a los gobernadores) y posiblemente las Fuerzas Armadas y la Policía Federal parecen dispuestos a seguir a Bolsonaro en su putsch” (ídem).
Sin embargo, indica que “No hay un apoyo popular mayoritario para un intento de golpe de Estado. (...) Tiene todo para salir mal” (ídem).
También habrá otra movilización el 7, opositora, para reclamar “Fuera Bolsonaro”. No participarán de ella ni Lula ni sus partidarios. Doria, el gobernador de San Pablo, asistirá a un acto del MBL (Movimiento Brasil Libre).
Sea como fuere, la jornada del 7 reúne las características de una asonada golpista, de un carácter más amplio y de un alcance mayor que el ataque de la tropa de Trump al Capitolio norteamericano. En Argentina no existen todavía fuerzas de choque ni instituciones militares y paramilitares. Pero la llamada ingobernabilidad está creciendo, con un gobierno a la deriva y una situación económica y social explosiva.
Emiliano Monge
06/09/2021
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