El candidato ´todista” Daniel Gollán fue escrachado por prometer “platita en el bolsillo de la gente”, la manera punteril de aludir al paquete oficial destinado a remontar la derrota electoral. En algo, sin embargo, no se equivocó: las medidas anunciadas apenas alcanzan a ser “platita”, es decir, una gota en el océano del empobrecimiento general.
El paquete oficial representa unos 160.000 millones de pesos. En esa cuenta se inscribe el aumento del salario mínimo, que impacta sobre los planes sociales –que pasarán de 14.500 a 16.000 pesos. Luego, para llegar al 82% del nuevo piso salarial, las jubilaciones mínimas deberán recibir la “friolera” de …318 pesos más. Es bueno recordar que la canasta familiar alcanza ya los 140.000 pesos.
En cuanto a jubilaciones, se anuncia un bono de 6.000 pesos para aquellos que cobren por debajo de dos haberes mínimos. En los últimos tres años y medio, la caída del poder de compra de las jubilaciones se sitúa entre el 21 y el 29%. Es un despojo mensual de entre 5.000 y 10.000 pesos, de acuerdo al monto jubilatorio que se considere. El bono oficial “devuelve”, ¡sólo durante un mes! el dinero confiscado en estos años, para seguir arrebatándolo una vez pasadas las elecciones y el paquete “social”.
En la “cuenta” del gobierno, se anota también el ajuste en el mínimo no imponible para el pago de ganancias sobre el salario. En realidad, esa “corrección” enmienda –tardíamente- la erosión sufrida por el mínimo anterior como consecuencia de una inflación del 3-4% mensual. Pero el estado no devuelve a los afectados ese despojo retroactivo, el cual, además, comienza a ´correr´ de nuevo hasta la próxima ´corrección´ del mínimo, que tendrá lugar en enero.
El gobierno anuncia también un IFE acotado de 15.000 pesos, que sólo cubriría al 30% de los que lo percibieron en 2020. Mientras tanto, ha decidido desconocer todos los compromisos contraídos con las organizaciones sociales en relación a los planes Potenciar Trabajo.
Como ocurre con todos los paquetes “sociales”, adentro de la bolsa hay una generosa dosis de subsidios a la patronal. Entre un 25 y 30% de los 160.000 millones adicionales corresponden a ello: por caso, la extensión de los Repro y moratorias e incentivos en favor del llamado sistema “Pyme”, el cual, por diferentes mecanismos, terminan siendo transferidos a las grandes empresas capitalistas que tienen a las pequeñas como proveedoras.
Ahora bien: el gobierno señala que estas medidas “corrigen” el ajuste fiscal que tuvo lugar durante todo el 2021, y que sólo sacaron a la luz después de la derrota electoral del 12 de setiembre. ¿ Es asi? El presupuesto 2021 le asignó un 21% de incremento al rubro “Prestaciones Sociales” , donde se incluyen las jubilaciones y todos los gastos del llamado ´desarrollo social´. La inflación interanual, sin embargo resultó del 52%. La ´brecha´ del 31% entre uno y otro índice determinó, entre enero y julio de este año, un ajuste fiscal de 870.000 millones de pesos, es decir, cinco veces y media lo que gastarán en el paquete electoral. En cambio, quienes sí accedieron a una indexación puntillosa son los acreedores de la deuda pública, tanto los del Tesoro como los del Banco Central: los vencimientos del segundo semestre de la deuda indexada –por inflación o por el dólar- alcanzan a 1,8 billones de pesos, más de diez veces el paquete “electoral”. Los intereses por Leliqs, que remuneran a los bancos privados por la absorción de los pesos que emite el Banco Central, representan otro billón de pesos. Gollán tiene razón: al lado de esta retribución usuraria, los jubilados y desocupados sólo recibirán “platita”.
Siempre el FMI
El carácter impostor del paquete oficial demuestra que el eje rector del gobierno y del régimen político no se aparta del acuerdo con el FMI. Las medidas “por única vez” dejan en pie la arquitectura del ajuste que ya se ha perpetrado. Pero por las mismas razones, el kirchnerismo descuenta una nueva derrota electoral en noviembre, y está preparando, con insinuaciones facciosas, la próxima crisis de gabinete. En este caso, el pato de la boda será Martín Guzmán, que ya inició su riña particular con Cristina Kirchner. Según informan los diarios de este domingo, nada menos que Martín Redrado, el candidato de la “señora” al ministerio de Economía, se encuentra en Washington discutiendo los “términos y condiciones” de un acuerdo con el Fondo. En el plano económico, está la exigencia de una unificación cambiaria “al menos parcial”, lo que plantearía una devaluación en regla para el dólar oficial. Luego, la elevación de la tasa de interés, como premisa para el ingreso de fondos especulativos. Las consecuencias recesivas de estas medidas son incuestionables. En el plano político, el Fondo ha refrendado la exigencia de una ley del Congreso que avale el acuerdo, e incluso un “acuerdo político” entre el vapuleado gobierno F F y la oposición.
A la vuelta de las elecciones, por lo tanto, asoma una nueva crisis política y un cimbronazo social. El plan “platita” es una tentativa burda y sin futuro de encubrir esta perspectiva, que debe ser puesta de manifiesto ante el conjunto de la clase obrera, como punto de partida de una campaña de plenarios y deliberaciones en la perspectiva de un congreso obrero.
Marcelo Ramal
26/09/2021
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