La PUAM -una prestación universal de carácter asistencial que instauró Macri para adultos mayores sin aportes- representa el 80% de una jubilación mínima, lo que la ubica por debajo de la indigencia. El número de beneficiarios creció un 23% bajo los Fernández. Es un proceso de sustitución de la jubilación como salario diferido por el de un ingreso universal a la vejez, por la vía de los hechos. Este acuerdo con el FMI implica un aumento de la edad jubilatoria en 5 años (65 y 70 para mujeres y hombres, respectivamente), y un haber inicial más bajo que el actual en relación al salario percibido en actividad. “Desenganchar” salarios y jubilaciones es el paso necesario para crear las condiciones que habiliten el negocio de los fondos de capitalización, orientados a captar a los trabajadores de mayores ingresos, que puedan realizar un aporte complementario para intentar evitar la caída en la miseria absoluta al momento de su retiro. Por esto mismo el FMI tiene también en la mira los llamados “regímenes especiales”, como el de los docentes, que se jubilan con el 82% móvil.
Jubilación mínima, movilidad y la izquierda
La movilidad jubilatoria es clave para entender que la jubilación es un salario diferido, esto es, que mediante una parte del sueldo y de los aportes patronales (beneficios o parte de las ganancias que emanan del propio trabajador), se apartan para que la persona siga recibiendo un ingreso cuando se retire que tiene que estar ligado necesariamente al de los activos. Es por ello que la defensa del 82% móvil es crucial para mejorar las magras jubilaciones y para unir a jubilados y trabajadores activos en la lucha paritaria. Debido al estado de calamidad social que enfrentamos el planteo de fondo debe ser que el salario mínimo sea igual a la canasta básica familiar que no baja de 130 mil pesos, y que la jubilación mínima, hoy en 26 mil pesos, debe ser el 82% de esa canasta básica, o sea que no debe bajar de 100 mil pesos.
El aparato del Partido Obrero se enfrenta a ese planteo y definen “un programa”: “Contra esa orientación, que comparten ambos lados de la grieta del régimen político que gobierna el país desde hace décadas, la salida progresiva pasa por un aumento de emergencia que lleve la jubilación mínima a 65.000 pesos, equivalente a la canasta básica del jubilado, y el establecimiento del 82% y la movilidad automática sobre la base de los sueldos o de la inflación, lo que sea más favorable” (26/8). Se delatan, buscan una “salida progresiva” en términos capitalistas, no un planteo transicional hacia un gobierno de trabajadores.
El aparato del PO plantea una jubilación mínima de “65 mil pesos”, o sea, un aumento de 29 mil pesos, ya que sería algo “posible”. De esta manera quieren condenar a los jubilados a bordear la pobreza, en vez de plantear que deben cobrar el 82% móvil de un salario mínimo igual a la canasta básica de 130mil pesos. Plantean legalizar la miseria contra los jubilados, acabar con el 82% móvil en los hechos –sustituirlo por un aumento de emergencia– y bajarse también del reclamo del salario mínimo igual a la canasta familiar que no baja de 130mil pesos. El planteo del PO (oficialismo) termina siendo funcional a la desindexación de salarios y jubilaciones que reclama la patronal, los bonistas y el FMI.
Estas declaraciones ya las hizo el dirigente del Polo oficial, Eduardo Belliboni, reclamando 60 mil pesos para los desocupados, o cuando discutieron el salario mínimo en el consejo del salario con la burocracia sindical. Quieren lo posible y aceptable para el régimen del FMI y los Fernández, como el planteo de la jornada de 6 horas, porque “otros países ya lo hicieron” y “es posible”, bajo este régimen podrido. Son los consejeros del régimen, que aspiran a ser tercera fuerza.
El ahorro nacional y el FMI
El Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que depende del ANSES, en vez de ser utilizado para invertir en desarrollo industrial, es utilizado para financiar a las petroleras y pagar la deuda externa. De la misma manera que lo fue el "aporte solidario" del Frente de Todos, que los jubilados no vieron, pero sí los empresarios petroleros y los especuladores. Tenemos que utilizar ese ahorro nacional, que implica ganancias que terminan fugándose al exterior, para industrializar al país, generar empleo, dividir las horas de trabajo con igual salario, y aumentar salarios y jubilaciones al menos al nivel de la canasta familiar.
Buena parte del ahorro nacional sale del "ahorro" en las jubilaciones y la miseria de los jubilados, es el botín de guerra del FMI para pagarle la deuda que no recibipo quita de capital y sólo se ampliaron un poco los plazos. Todos los diputados se aprestan a votar luego de las elecciones de noviembre ese acuerdo nocivo para los trabajadores. El 50% de pobreza, un 20% de indigencia, 30% o más de desocupación real, 45% de trabajo en negro, jubilaciones de indigencia y salarios de pobreza, es el resultado de la bancarrota de un régimen que quiere preservar estos indicadores y seguir atacando a los trabajadores tras el acuerdo con el FMI. Para enfrentarlo, luchemos y organicemos a trabajadores y jubilados por un salario mínimo igual a la canasta básica de 130 mil pesos y jubilaciones del 82% móvil de ese salario.
Emiliano Monge
05/09/2021
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