El Papa Francisco aceptó la renuncia de monseñor Bernardo Bastres Florence, obispo de Punta Arenas, diócesis ubicada en el extremo sur de Chile. Esta renuncia es tardía, ya que van tres años de escandalosos casos de abuso sexual por parte de curas chilenos que fueron sistemáticamente encubiertos y negados por el episcopado chileno y el Vaticano.
La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Infantil en Chile denunció en varias ocasiones, que tras tres años de la conformación de la Comisión Scicluna -creada por la Conferencia Episcopal con el objetivo de investigar casos de abuso sexual eclesiástico- aún no existe reparación y justicia para las víctimas.
Dicha comisión surgió como parte de un operativo destinado a intentar revertir el desprestigio que atraviesa la Iglesia Católica en Chile. Luego del escándalo que suscitó el apoyo del Papa Francisco al Obispo de Osorno, Juan Barrios -denunciado por haber encubierto los abusos del cura pedófilo Fernando Karadima- el Vaticano se vio obligado a enviar, en 2018, a dos representantes- Charles Scicluna y Jordi Bertomeu- para que investiguen a Barrios. La crisis de la Iglesia en el país llegó a tal punto, que 34 obispos chilenos no tuvieron más remedio que presentar su renuncia en Roma (Prensa Obrera, 1/12/20).
En Chile, el lugar de la iglesia católica y su profunda ligazón con el Estado fue impreso con sangre a la sombra de la brutal represión de la dictadura pinochetista. Tan hondo caló la iglesia en la política chilena, que es quien ha formado en su Universidad Católica a la enorme mayoría de funcionarios del Estado y ha tenido una gran influencia en decisiones políticas muy importantes.
La aceptación de Bergoglio de la renuncia de este obispo es una una herramienta de autopreservación de la Iglesia, que no dará un solo paso real en la erradicación de los crímenes sexuales y el encubrimiento. El mismo Francisco está involucrado en la protección de los abusadores.
La negativa del Papa Francisco a reunirse con las víctimas de abuso sexual (por ejemplo, del Instituto Próvolo en Mendoza) debe entenderse como lo que es: un desprecio a las víctimas de abuso que organizadas y luchando ponen en jaque a una Iglesia que busca dominar en el oscurantismo. Es importante remarcar que las crecientes denuncias en este ámbito se deben al ascenso del movimiento de mujeres, y que la lucha por los avances en cada una de estas causas traen aparejadas nuevas denuncias de otros sobrevivientes que se animan a declarar.
La lucha por justicia para las víctimas debe ir asociada al planteo de separación de las iglesias y el Estado, de revocabilidad de los cargos judiciales y de confiscación de los bienes de la Iglesia.
Camila Mic
No hay comentarios.:
Publicar un comentario