Desde hace una década -más precisamente desde la seudoestatización de YPF- el presupuesto carga con la mochila de los "estímulos especiales" a la producción de gas no convencional (Vaca Muerta). Estos subsidios cubren la diferencia entre lo que se considera el "precio de referencia" del gas -en mercados internacionales- y el "precio de contrato" establecido por el Estado argentino y las operadoras petroleras. Entre ellas YPF, que tiene, entre sus accionistas destacados a BlackRock, Goldman Sachs y otros fondos internacionales. Los beneficiarios también incluyen a Pluspetrol, Pampa Energía -del grupo Mindlin- y Tecpetrol, de Techint. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), esos subsidios acumulan transferencias por 10.000 millones de dólares desde 2013 hasta hoy, considerando todos los “planes Gas” –desde Kicillof-Galuccio hasta Fernández-Guzmán, pasando por Macri-Aranguren. Todas estas “transferencias”, imputadas en el presupuesto nacional, debieron duplicarse o triplicarse en más de una oportunidad, a raíz de las megadevaluaciones, porque los “Planes Gas” siempre se pactaron en dólares (aunque sus beneficiarios continuaran pagando sus costos de extracción en pesos). Desde luego, este cálculo minimiza el verdadero alcance del subsidio, porque no toma en cuenta el costo real de extracción de petróleo y gas, que es muy inferior todavía al "valor de referencia". Cuando el crudo se cotizaba en 43 dólares el barril, se consideraba entre el 30 y 50% de ese valor (Río Negro, 25/8/2019), o sea entre 13 y 22 dólares.
En el mercado eléctrico, el gas natural es el combustible fundamental para el 60% de sus usinas generadoras. Allí, el Estado, a través de la compañía CAMMESA, compensa a las generadoras de energía por el (sobre) precio que deben pagar por el gas local o, eventualmente, por combustibles importados. Allí se dirige la otra porción fundamental de los subsidios energéticos, con el “detalle” de que los grandes operadores del parque eléctrico son los mismos que intervienen en la extracción de hidrocarburos –YPF, Pampa Energía y otras. En este caso, el tarifazo consiste en que el Tesoro deja de subsidiar con fondos propios a los "barones" del petróleo, el gas y la energía, para trasladar esa carga gigantesca a los trabajadores y consumidores.
El tarifazo es una exigencia que el FMI fundamenta en nombre del “ajuste fiscal”. Pero principalmente, es un reclamo estratégico del gran capital, que descuenta que será subsidiado cuando caiga el precio internacional de referencia, mientras recibe el precio pleno cuando está alto, como ocurre ahora. Hay otro aspecto más, que es decisivo: el mayor precio eleva el valor de las reservas comprobadas, que sirve como garantía para la obtención de préstamos.
En oposición al tarifazo, planteamos la apertura de las cuentas de las petroleras y energéticas.
Marcelo Ramal
10/05/2022
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