Esta crisis es la traducción política de la bancarrota financiera de Argentina, que soporta una deuda impagable de 500 mil millones de dólares -todos los factores reunidos-, largamente por encima del ciento por ciento del PBI. Ocurre cuando los precios de intercambio, o sea la diferencia entre los de exportación e importación, son los más altos desde principios del siglo XX. La hipoteca de la deuda, que ha hundido en la pobreza al 70% de los trabajadores, se ha vuelto un obstáculo para la misma burguesía nacional que tiene en su cartera el 54% de las obligaciones del Estado. Argentina ha perdido por completo el financiamiento de su comercio exterior. El verdadero “déficit fiscal” es monstruoso porque, debidamente contabilizado, incluye las cuentas impagas de la deuda pública.
La burguesía local (nacional y extranjera) aboga por una salida sangrienta a la crisis (devaluación y tarifazo), pero no consigue reunir los recursos políticos -de poder-, para imponerlos. La Cámpora y sus secuaces ni se atreven a postularse como alternativa más allá del palabrerío, pues dilatan sus expectativas a octubre de 2023 y a una serie tortuosa de elecciones adelantadas en las provincias y de todas las PASO que las acompañan. Es cuestionable, incluso, que una Asamblea Legislativa elija un gobierno hasta las elecciones del año que viene, vista la fractura del parlamento. Una salida de emergencia sería adelantar las elecciones generales bajo el patrocinio de un gobierno provisional. La Vicepresidenta se ha convertido en un aprendiz (¿aprendiza? ¿aprendice?) de brujo/a.
El planteo de que Massa encabece una reorganización general del gobierno sería volver a marcar el paso en el mismo lugar, aunque debe ser la salida preferida del Departamento de Estado norteamericano. Massa está alineado con los intereses de EEUU contra China, y apoya a la OTAN más decididamente que el Presidente. Pero esta nueva ‘colisión’ de gobierno dejaría en pie la estructura del crisitinismo dentro del aparato del estado y dificultaría un nuevo acuerdo con el FMI. Massa debería debutar con una devaluación y aplicar el tarifazo, sin segmentación, que ha dejado Guzmán.
El partido Política Obrera, o sea el Partido Obrero (Tendencia), ha señalado todo este derrotero, desde que caracterizó la derrota del oficialismo en las PASO de septiembre de 2021 como una “crisis terminal”. Alberto Fernández perdió en ese momento la oportunidad de usar ‘la lapicera’, aceptando la renuncia ‘no indeclinable’ de los ministros y funcionarios del cristinismo. Careció de la estatura para establecer un gobierno bonapartista y enfrentar a la madrina de su presidencia. Ahora ha perdido todos los márgenes para seguir en el cargo.
Esta crisis política es decisiva para la clase obrera. Toda ella debe declararse en estado de alerta. Ningún protagonista político esconde que se viene el ajuste de los ajustes, después de una década de ajustes. Es la condición para recuperar la tutela financiera del FMI. En estas condiciones planteamos la convocatoria de un Congreso de luchadores y, en consecuencia, un Congreso de la clase obrera, para oponer al presente derrumbe político una salida política del mundo del trabajo (un gobierno de trabajadores) y preparar una huelga general contra las medidas mortales que se están pergeñando en las reuniones conspirativas de la quinta de Olivos, y en todos los gabinetes de las grandes corporaciones capitalistas, y en la embajada norteamericana y la Cámara de Comercio Argentino-Americana – conocida como AmCham.
Jorge Altamira
03/07/2022
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