Cristina Kirchner y la autonomía porteña

En medio de los dimes y diretes respecto de quién vigila las inmediaciones de su departamento porteño, Cristina Kirchner recordó sus tiempos de convencional constituyente y declaró que “tenemos que repensar la autonomía porteña”. De esa manera, expresó su disgusto por el control que la policía de Larreta ejerce sobre los manifestantes que rodean su casa. 

 Por primera vez ha saltado a la superficie el conflicto de poder que implica someter al gobierno nacional y sus acciones a la vigilancia de la fuerza de seguridad de la Ciudad. Por cierto, la presidenta se acordó muy tarde de “repensar” la autonomía porteña. No recordó, por ejemplo, que la creación de la Policía de la Ciudad -entre fines de 2016 y comienzos de 2017- contó con el apoyo cerrado del pejotakirchnerismo en la Legislatura porteña. En ese momento, se transfirieron a la Ciudad las funciones fundamentales que ejercía la Policía Federal en la calle, por caso, el control de las manifestaciones populares. Ocho años antes, bajo el gobierno de la propia Cristina (2008), el kircherismo había avalado la creación del “germen” de la policía porteña, bautizada “Metropolitana”. 

 O sea que Cristina, desde el poder del Estado nacional, en 2008, le otorgó un estatus represivo propio al gobierno derechista de la Ciudad. Ya con Macri en el gobierno nacional, sus legisladores lo refrendaron en 2016. La renuncia a la autonomía en materia de “seguridad” constituyó una formidable concesión al macrismo. Tuvo lugar en medio de un conjunto de acuerdos más amplios, que incluyeron la venta de tierras públicas en Liniers, Barracas y Palermo a la medida del grupo IRSA. Ningún fiscal ha husmeado sobre esta “asociación ilícita”, que estuvo por encima de la ´grieta´. 

 Naturalmente, Cristina no lo “repensó” en aquel momento, y por una razón muy simple: por entonces, la flamante policía porteña no se encargaba de manifestantes K en la Recoleta, sino de piqueteros, vecinos sin techo, docentes o trabajadores de la salud. En el plano económico, la transferencia de las funciones de seguridad a la Ciudad comportó un gran ajuste, ya que la CABA no recibió fondos en proporción a los efectivos transferidos. Por esa razón, la “función seguridad” en el presupuesto porteño fue cubierta a expensas de ajustes en otras áreas. La transferencia policial coincidió con una caída estructural en la participación de los rubros de Educación y Salud dentro del presupuesto de la Ciudad. Este ajuste demostró, por otra parte, que la autonomía porteña -consagrada en la Constituyente de 1994- no tuvo como propósito una elevación de derechos a la población de la Ciudad. Por el contrario, la descentralización obedeció a una tendencia reaccionaria general, consistente en trasladar gastos sociales a las provincias para concentrar los recursos del Estado nacional en el cumplimiento de la deuda con el capital financiero. La Constituyente de 1994, que sesionó en los tiempos de Menem-Cavallo, sirvió en el plano económico a este propósito reaccionario. 

 Los Kirchner aprobaron este rumbo en la convención de Santa Fe. Ya desde el gobierno nacional, en 2007-2015, impulsaron entusiastamente esta autonomía con cuño fondomonetarista. Y no fue sólo la policía: también le cedieron a la CABA el control del subte, para que Macri-Larreta se ensañaran con las conquistas de sus trabajadores.

 Ahora, y después de unos cuantos años, el kirchnerismo ha bebido de su propia medicina. La policía de Larreta, creada con el aval de los K, reprimió a los manifestantes que se acercaron a la casa de Cristina. Sin embargo, no hay indicios de que Cristina siga “repesando” demasiado la autonomía. Por lo pronto, Anibal Fernández parece haber pactado un orden de cosas con su par porteño D´Alessandro. Los dos saben muy bien que la Policía de la Ciudad deberá volver a sus tareas corrientes, cuando las manifestaciones de desocupados, de trabajadores que reclaman la reapertura de sus paritarias, de deudores UVA, de las organizaciones de discapacitados que denuncian el recorte de sus prestaciones y muchos otros reclamos, pueblen las calles de la Ciudad. El ajuste de Massa necesita a los ´cruzados´ de Larreta en sus puestos, no en la Recoleta. En todos esos menesteres, Aníbal Fernández tiene mucho para enseñarles a los represores porteños.

 Marcelo Ramal 

31/08/22

Defendamos el Golfo de San Matías

La legislatura de Río Negro aprobó con premura la modificación de la ley 3308 que protege al Golfo San Matías de toda actividad petrolera. La norma prohibía expresamente en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos, para el transporte de hidrocarburos y sus derivados,y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. 

 La modificación se debe a que YPF volvió a presentar un proyecto de construcción de un oleoducto que podrá transportar 360.000 barriles de petróleo e incierta cantidad de gas por día, desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, un puerto de 250 hectáreas en el Golfo San Matías. Implicaría una inversión de 1.260 millones de dólares. 

 Ya en 1995, YPF, en proceso de privatización, había propuesto un proyecto similar para el transporte de hidrocarburos de producción rionegrina. Las cifras en barriles eran menores y el puerto para exportarlos era San Antonio Este. La movilización popular lanzó la campaña Golfo Azul-Golfo Negro e YPF retiró el proyecto. En 1999, Repsol compró el 17% de las acciones que aún eran del Estado y, simultáneamente, se promulgó la ley Lasalle, que lleva el número 3308/99, que ahora ha sido modificada. Esa modificación requiere de una segunda votación para que tenga fuerza de ley y consiste en otorgarle al gobierno rionegrino la ampliación de facultades sobre el transporte de combustibles líquidos y/o gaseosos por ductos. Exactamente lo demandado por los pulpos petroleros. El nuevo oleoducto, en su recorrido de 545 kilómetros, usaría el territorio de otro oleoducto, Oldelval, Oleoducto del Valle, con participación de Pampa Energía, de los Mindlin, que transporta hidrocarburos de la cuenca neuquina al Puerto Rosales en Bahía Blanca. Por otra parte, el nuevo puerto de Punta Colorada en el Golfo San Matías sería declarado zona franca. 

 La reacción de la población no se hizo esperar. Se lanzó la campaña “Defendamos nuestro Golfo, la 3308 no se toca”. El rechazo se sostiene en que la actividad petrolera implica inexorablemente derrames y, en consecuencia, contaminación. En 1991 un derrame en la península de Valdés produjo un desastre ambiental y en 2008, en Caleta Córdoba, hubo otro derrame que implicó la muerte de la vida marítima (peces, plancton, etcétera) por cientos de kilómetros, afectando la producción local pesquera. Se plantea el antagonismo entre la pesca y el petróleo. El golfo San Matías tiene dos actividades productivas: la pesca y el turismo. El oleoducto y el puerto afectarían a ambas. Las áreas protegidas del lugar son irrespetadas por el proyecto. 

 Se teme que las grandes tormentas patagónicas, cada vez más frecuentes por el cambio climático, produzcan daños sobre los oleoductos y derrames por cualquier lado. El pasivo ambiental que genera la industria petrolera es enorme y nunca es compensado por las empresas. Mientras la declaración de la Cumbre Climática plantea que hay que bajar el consumo mundial de hidrocarburos para el 2030, al mismo tiempo se invierten 1.260 millones de dólares en este proyecto. Muestra la futilidad de esas reuniones internacionales. El proyecto de Hidrógeno Verde, presentado desmedidamente por los gobiernos provincial y nacional como la transición energética, duerme el sueño de los justos. 

 Llamamos a conformar asambleas, a tomar conciencia del daño ambiental que se generaría con este proyecto que enriquecería a los grandes intereses capitalistas,en estos momentos de crisis mundial que han convertido al gas y al petróleo en botines de guerra. 

 Elena Florín 

 31/08/2022

Mikhail Gorbachov

Falleció a los 91 años Mikhail Gorbachov, último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y secretario general del Comité Central del Partido Comunista desde 1985 hasta 1991. Durante su gobierno, Gorbachov fue el promotor de las medidas más osadas en la restauración del capitalismo –el imperialismo lo condecoró con un premio nobel a la Paz en 1990 por “dar fin a la guerra fría”-. No obstante, debió renunciar en 1991, luego de la crisis política que devino en la disolución de la URSS. 

 En Prensa Obrera, en una nota de Luis Oviedo, puede leerse la siguiente caracterización: “Apenas llegado al poder, Gorbachov firmó con Reagan un conjunto de tratados armamentistas que convirtieron a Estados Unidos en la única potencia nuclear capaz de una iniciativa estratégica. Junto con esto, establecieron una serie de acuerdos para ‘resolver los conflictos regionales’, es decir, para acabar con las revoluciones sociales y los levantamientos nacionales en América Central, Sudáfrica y Medio Oriente. En este cuadro, cuando la burocracia sostenía que su política tendía a “acabar con las barreras que separan a ambos sistemas”, era claro que no sólo se refería a las ‘barreras exteriores’ (la revolución mundial y la carrera armamentista), sino también a las ‘interiores’, es decir, a la planificación económica y a la propiedad estatizada” (4/7/1996). 

 Las reformas fundamentales de Gorbachov fueron la “glasnot” y la “perestroika” que combinaron un gigantesco proceso de privatización de empresas, desmantelamiento de las conquistas sociales de la revolución y, al mismo tiempo, el intento de preservar una burocracia parasitaria y en descomposición. Se convertía a los gerentes, administradores o burócratas económicos de los grandes grupos empresariales de la Unión Soviética en titulares formales de sus empresas. La “apertura democrática” reforzaba las atribuciones del presidente, mantenía incólume todo el aparato de la KGB (la policía política del Estado) y sostenía la impunidad de sus crímenes. Un intento bonapartista que fracasaría sin atenuantes. 

 El escenario de la “perestroika” comportó un descomunal retroceso económico de la URSS, que pasó de competir palmo a palmo con EE. UU. a convertirse en una economía “tercermundista”. Los niveles productivos se desplomaban, la inflación alcanzaba los tres dígitos, la agricultura sufría un desastre ecológico y las masas se empobrecían aceleradamente. La clase obrera respondería con importantes huelgas en toda la URSS.

 Estas reformas vinieron a confirmar lo que ya Trotsky caracterizó tempranamente en su texto “La revolución traicionada”: los privilegios inestables de la burocracia usurpadora exigían un régimen jurídico y político que otorgaran garantías a la propiedad privada. Gorbachov se trazó ese derrotero, bajo la envoltura de la transparencia y la “apertura”. 

 En ese período, la inmensa mayoría de la izquierda mundial se debatió en un apoyo franco a la perestroika de Gorbachov y la reivindicación de lo que consideraba la “democracia socialista”. El Partido Obrero en aquel entonces dijo “la perestroika es antisocialista” (28/1/1987), reivindicando la lucha del trotskismo y la IV Internacional contra las tesis de “socialismo en un solo país” o “socialismo con democracia”. 

 Caída de Gorbachov y de la URSS 

En marzo de 1991, Gorbachov convocó un referéndum en torno de la continuidad de la Unión Soviética y el 78 % votó a favor. En agosto de 1991, se produjo un intento de golpe de Estado de la KGB a Gorbachov, que marcaría el fracaso inexorable de la “perestroika". Sería el quiebre político definitivo de la burocracia de la URSS. El Partido Obrero fue la única organización política argentina que convocó a una movilización y un acto contra el golpe: “el golpe no está dirigido contra Gorbachov sino a imponer por métodos terroristas los planes pro-capitalistas que éste no pudo llevar adelante por la resistencia de los trabajadores y los pueblos de la URSS”. Prensa Obrera registró que “La izquierda mundial se dividió frente al golpe. Una parte —como Fidel Castro— apoyó a los golpistas, calificándolos como ‘salvadores del comunismo’, al que identificaban con la KGB; otros, como el SU, se pusieron del lado de Gorbachov y Yeltsin, a los que identificaban con la ‘democracia’.” (12/7/2007). Estamos ante el mismo problema político y metodológico planteado con la actual guerra de la OTAN y Rusia, cuando una parte de la izquierda se identifica con la burocracia de los servicios de inteligencia, en nombre del antiimperialismo, y otra parte se alinea en el campo de la OTAN, en nombre de la “democracia”. La historia se repite como tragedia, teniendo en cuenta las actuales amenazas de una hecatombe nuclear mundial. 

 En diciembre de 1991, Gorbachov renuncia como presidente y se proclama la disolución de la URSS, emitiendo el siguiente comunicado: “Dada la situación creada con la formación de la Comunidad de los Estados Independientes, ceso mi actividad como presidente de la Unión Soviética. Tomo esta decisión por consideraciones de principio. Se ha impuesto la línea de la desmembración del país y de la desunión del Estado, lo cual no puedo aceptar. Además, estoy convencido de que resoluciones de tal envergadura deberían haberse tomado basándose en la voluntad expresa del pueblo (es decir, un referéndum). El destino quiso que cuando me vi al frente del Estado ya estuviera claro que nuestro país estaba enfermo. Hoy estoy convencido de la razón histórica de los cambios iniciados en 1985. Hemos acabado con la Guerra Fría, se ha detenido la carrera armamentista y la demente militarización del país, que había deformado nuestra economía, nuestra conciencia social y nuestra moral. Nos abrimos al mundo y nos ha respondido con confianza, solidaridad y respeto” (5/12/1991). Gorbachov dejaba trazada la ruta de la restauración, algo que el conjunto de los personeros del imperialismo le reconocería hasta su muerte. 

 Restauración capitalista y barbarie 

La pretensión de una integración “pacífica” de los ex Estados obreros al mercado mundial fue brutalmente desmentida por las tres décadas que siguieron. La “apertura al mundo” señalada por Gorbachov inició una transición mundial caracterizada por nuevas guerras (Yugoslavia, Afganistan, Irak, Siria), masacres, hambrunas y bancarrotas económicas. Los “baños de sangre” que Gorbachov dijo querer evitar sucedieron a una escala mayor. La perspectiva de un capital “mundializado”, integrando a los ex Estados obreros, se trasmutó en la acentuación de todas las contradicciones del capitalismo en declinación. La invasión de Rusia a Ucrania, el hostigamiento militar y económico sistemático de la OTAN y el imperialismo norteamericano sobre Rusia demuestra una continuidad de esa transición, pero acentuando su porvenir catastrófico y su pretensión última de aplastar al proletariado mundial. La prolongación de un régimen social agotado históricamente plantea, con mayor vigencia que nunca, la cuestión de la revolución socialista. 

 Emiliano Fabris 

 31/08/2022

Represión y enfrentamientos en Irak

Más de 30 muertos. 

 Seguidores del Movimiento Sadrista iniciaron el lunes una serie de acciones de protesta en Irak, luego de que su líder, el clérigo chiíta Moqtada al-Sadr, anunciara su retiro de la política y reclamara también la renuncia a sus cargos de “todos los partidos”, profundamente desacreditados ante la población. Hubo 35 muertos y decenas de heridos en el curso de la represión y los enfrentamientos.

 En el mes de octubre, Irak efectuó elecciones parlamentarias, pero lleva más de diez meses sin lograr la formación de un gobierno. El grupo de al-Sadr obtuvo la mayor cantidad de bancas, pero sus rivales del Marco de Coordinación, bloque de partidos apoyado por Irán, bloqueó su llegada al poder. A fines de julio, los seguidores de al-Sadr tomaron el parlamento y pasaron luego a mantener una sentada frente al edificio, en alerta por la posible designación de un adversario como nuevo primer ministro. 

 El régimen político iraquí surgido tras la caída de Saddam Hussein se basa, al igual que el de Líbano, en un reparto del poder entre los distintos grupos confesionales. A los chiítas les corresponde el primer ministro, a los sunitas la jefatura del parlamento, y a los kurdos el presidente. Este esquema parece agotado, repudiado por una población hastiada de la pobreza y la corrupción.

 Como parte de las medidas de protesta de este lunes, los sadristas tomaron un edificio de gobierno en la Zona Verde de Bagdad, donde se concentran oficinas estatales y diplomáticas, entre ellas la embajada norteamericana. En Basora, ciudad ubicada en el sur, fue rodeada una refinería de petróleo. Las autoridades dictaron un toque de queda a nivel nacional. 

 Los manifestantes habrían sido atacados durante el mismo lunes por miembros de una de las milicias chiítas adscriptas al Ejército (Unidad de Movilización Popular), próximas a Irán. Y, en ese cuadro, se habrían movilizado también integrantes de la milicia armada del sadrismo, llamada Saraya al-Salam (Al Jazeera, 30/8). En medio de los choques fatales, Teherán cerró sus fronteras.

 El martes, al-Sadr emitió un sorprendente mensaje llamando a sus seguidores a desmovilizarse, e incluso les lanzó críticas por los hechos de violencia. De todos modos, la orden del clérigo fue cumplida. El primer ministro interino iraquí, Mustafa al-Kadhimi, saludó el gesto de al-Sadr. No queda claro qué quería lograr este último con el planteo de su renuncia.

 Al-Sadr goza de una gran influencia en sectores empobrecidos de la población, en particular de Bagdad y el sur del país. Es un crítico de la injerencia norteamericana y, pese a ser chiíta, también de la iraní -aunque muchos sostienen que en menor medida. Tras el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, formó una milicia (Ejército de Al Mahdi) que enfrentó a los estadounidenses y llegó a contar con 60 mil hombres.

 En 2018 concurrió a elecciones aliado con el Partido Comunista. Si bien nunca integró personalmente un gobierno, miembros de su partido habrían estado a cargo de ministerios en algunas gestiones, como el de salud (ídem). 

 Ante la rebelión popular de 2019, desatada por el estado ruinoso del sistema eléctrico y de agua potable, apoyó inicialmente las protestas, pero luego llamó a ponerles fin (La Nación, 30/8). Estos vaivenes no le impidieron liderar la fuerza más votada en las elecciones de 2021, aunque en un marco de enorme abstención (60%). 

 La combinación de la crisis política y social, en un país que nunca se recuperó de la devastación causada por la invasión del imperialismo, plantea la posibilidad de un nuevo levantamiento. 

 Gustavo Montenegro

Delta del Paraná: además de las quemas, contaminado con agrotóxicos

Según un estudio realizado por la UNLP y el Conicet. 

 Las islas del Delta, aparte de los incendios, vuelven a ser noticia. Ocurre que, en uno de sus afluentes más importantes, el Río Gualeguay (provincia de Entre Ríos), investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Conicet han detectado la presencia de plaguicidas y otras sustancias altamente tóxicas derivadas de la actividad agrícola a lo largo de su cauce. Como agravante, la contaminación no solo afecta al curso de agua del Gualeguay sino también a los humedales del Paraná donde desemboca.

 El trabajo científico, desarrollado por Tomás Mac Loughlin, Leticia Peluso y Damián Marino, del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la UNLP, arrojó que toda la cuenca del río Gualeguay presenta altas concentraciones del cancerígeno glifosato tanto en el cuerpo de agua como en el lecho, como así también detectó la presencia de piretroides (insecticidas aplicados a los cultivos) como la deltametrina y concentraciones de herbicidas a base de atrazina.

 La cuenca del Gualeguay comprende un tercio del territorio entrerriano, con casi unos 500 km es el río más extenso de la provincia. Y desemboca en el delta del Paraná, por lo que los agrotóxicos detectados se trasladan y terminan por impactar, acumulación mediante, en los humedales que hoy sufren el fuego voraz por la expansión de la frontera agropecuaria (Patricio Eleisegui en Revista Sudestada, 26/8). 

 La investigación, además, aporta un dato que amplía la idea de cómo se comporta el glifosato una vez que resulta liberado en el ambiente: puede transportarse largas distancias disuelto en el agua. O sea, que no solo se deposita en los sedimentos del lecho. En otro fragmento del estudio se destaca que, a pesar de no ser detectados con tanta frecuencia, ciertos insecticidas (en su mayoría deltametrina) fueron detectados en concentraciones por encima de sus niveles tolerables para la protección de la vida acuática. 

 Como remate, uno de los integrantes del equipo de expertos, Damián Marino, manifestó: “en tanto el Gualeguay se distribuye mayormente por el centro de la provincia de Entre Ríos, atraviesa las zonas de la provincia que controla el agronegocio de la soja y la ganadería. La presencia que detectamos de plaguicidas como el glifosato responde a una acumulación derivada de muchas fuentes: la escorrentía de los campos fumigados, las derivas que originan las aplicaciones, el lavado de maquinarias y, también, los plaguicidas que caen a través de la lluvia”. El especialista resaltó como otro resultado contundente la comprobación “de que el glifosato es un contaminante pseudo persistente también en el agua. La molécula del herbicida ostenta un comportamiento acumulativo, es decir, la cantidad de herbicida que llega al caudal del Gualeguay es tanta que el ambiente ya no puede degradarlo en su totalidad” (Ídem). 

 Los humedales, también afectados

 En simultáneo a este problema de contaminación grave del Gualeguay, debemos agregarle la afectación que sufren los humedales del delta a partir de este tránsito del glifosato y plaguicidas a través del río entrerriano que descarga en el Paraná. El impacto que sufren está en lo que no vemos: en cómo, por ejemplo, las plantas acuáticas son superadas en la capacidad de carga filtrante para este tipo de moléculas. Uno de los roles fundamentales del humedal consiste en filtrar el agua. El ecosistema funciona como un riñón que limpia de manera natural los contaminantes inorgánicos y orgánicos. Sin embargo, los humedales están recibiendo estas sustancias con lo que, sumado a la degradación que vemos en estos días, ya no son capaces de purificar el agua. 

 Lo peor de todo es que el escenario puede ser catastrófico si no hay un cambio radical en los esquemas de producción que predominan en aquellos territorios que, como en el caso de Entre Ríos, albergan cuencas hídricas extensas y humedales. Por lo que la destrucción que sufren los humedales por efecto de los incendios y las modificaciones de suelo para el desarrollo de actividades contaminantes están muy cerca de afectar de forma irreversible las principales fuentes de agua. 

 Los resultados publicados por los profesionales de la universidad platense ratifican a los cuantiosos estudios encomendados por las comunidades afectadas por las fumigaciones con agrotóxicos, en los cuales el cien por cien de los casos ha dado positivo respecto a la presencia de herbicidas en el suelo y fundamentalmente en todos los cursos de agua de esos distritos. Urge la tarea de reimpulsar un fuerte movimiento socioambiental para enfrentar al régimen político del agronegocio y fortalecer los reclamos de los pueblos contra los capitales del agro y exigir una verdadera Ley de Humedales con el consenso de los colectivos independientes de lucha.

 Gastón Fernández

Massa “deleita” a los embajadores del G7 antes de su gira internacional

El ministro de Economía saca a relucir su política de ajuste y los negocios de los exportadores. 

 El ministro de Economía Sergio Massa tuvo un encuentro, el pasado viernes 26, con los embajadores del G7, en la previa de su viaje a los Estados Unidos y en la línea de estrechar su posición con los reclamos del FMI y el capital financiero en la antesala de la reunión con el Club de París.

 Con la participación de los embajadores de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, sector que representa más del 45% del producto bruto mundial y más del 40% de los aportes al FMI y al Banco Mundial, Massa reivindicó su política de ajuste fiscal, recortes en el gasto público y negocios para los sectores del agro, energía, mineras y exportadoras. 

 La meta del Massa, en la reunión que tuvo lugar en la embajada alemana, fue la de dar muestras de garantías ante el capital financiero y sus representantes, dando cuenta de una subordinación total de la política económica del país.

 Entre los temas tratados, Massa se comprometió a dar una solución de “alivio fiscal” a sectores como la energía y el campo, a tono con las exigencias de gran parte de las patronales agraria y exportadoras del país. 

 Los trabajadores ya conocen las consecuencias de esta orientación que no logra generar dólares, pero si implica la internacionalización de los precios de los productos alimentarios que consumen las familias obreras, en medio de un cuadro de crisis atizada por las políticas de ajuste que el ministro celebra. Además de abrirle las puertas al saqueo de los recursos nacionales por parte del gran capital. 

 Massa destacó, entre sus políticas de ajuste fiscal, el congelamiento de las contrataciones del personal en el sector público, lo que perpetúa contrataciones precarias que se vienen arrastrando, y el fin de los adelantos al tesoro –un reclamo del FMI- de la mano con las reducciones de las partidas presupuestarias y los recortes a las transferencias a las provincias que se están transformando en sucesivos ajustes contra los trabajadores dependientes de cada jurisdicción.

 El nivel de cipayismo con el que se maneja el ministro de Economía implica un alineamiento del gobierno con la Otan ante el cuadro internacional actual y desmiente toda hipótesis interesada de una supuesta defensa de los “intereses de la patria”, como esgrime el kirchnerismo. 

 El gobierno tiene como norte de su política la guía de trabajo elaborada por el FMI y los acuerdos con el capital financiero, lo que adelanta nuevos saltos en el ajuste contra los trabajadores. No se puede esperar ninguna política progresiva de la mano del Frente de Todos y sus socios. 

 Marcelo Mache

La Fuga de Rawson y la Masacre de Trelew por Fernando Vaca Narvaja

La Cámpora apoya públicamente el “Plan Massa-Rubinstein”

Andrés "Cuervo" Larroque. 

Sin disimulo, a través de Larroque, el kirchnerismo se alinea al ajuste del FMI. 

 El dirigente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, en una entrevista radial, explicitó su apoyo al arribo de Sergio Massa al gabinete. De este modo, se ocupó de dejar en claro, en las vísperas del viaje de Massa a Washington para reunirse con las autoridades del FMI, que el reforzamiento del ajuste que viene comandando el nuevo ministro cuenta con el respaldo del kirchnerismo. 

 El funcionario bonaerense señaló que “hemos perdido mucho tiempo, hoy tenemos ministro de Economía después de más de tres años gobierno, en ese sentido no hemos funcionado bien y lo hemos planteado de todas las formas”. Luego agregó “hoy estamos en una situación muy delicada y compleja producto que quien un día para el otro abandonó su lugar al frente de la cartera económica y generó una crisis que que es más de carácter financiero (en alusión a Martín Guzmán)”. 

 Resulta curioso que los mismos que antes desplegaban una demagogia antiajuste, intentando despegarse de las consecuencias ruinosas del pacto con el Fondo pero sin sacar los pies del plato, hoy plantean que el motivo de su supuesta divergencia con el rumbo oficial no era la agenda ajustadora del gobierno sino que no había aparecido aún un ministro de Economía que inspirara suficiente confianza en el mercado y que por eso las cosas funcionaron “mal”. Entonces, para el kirchnerismo, con la asunción de Massa ese problema estaría resuelto ya que en teoría reúne mejores condiciones políticas para aplicar el programa del FMI.

 El kirchnerismo abandonó su pose opositora al ajuste una vez que la corrida hizo tambalear el acuerdo con el FMI y se aprestó a rescatarlo. En eso consistió el acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente para designar a Massa al frente de Economía, considerando que por sus vínculos con la embajada yanqui y el gran capital era el indicado para apuntalar la hoja de ruta del Fondo. 

 Los dichos de Larroque son la confesión de que el kirchnerismo nunca buscó enfrentar ni proponer un rumbo alternativo al ajuste fondomonetarista. Solo pretendía no pagar los costos políticos de su aplicación, a sabiendas de que se trataba de un acuerdo destinado al fracaso, y, por otra parte, reservarse como relevo de cara a 2023, en caso de que recrudeciera la crisis y la lucha de clases y la burguesía precisara una variante de contención. 

 Ahora, el kirchnerismo se alinea públicamente con el plan Massa-Rubinstein, cuyos primeros pasos fueron los recortes en educación, salud y vivienda, el ajuste canallesco en Discapacidad, la suba de tarifas recargada en los servicios públicos y los guiños destinados a las patronales del agro y a los pulpos mineros. En línea con su talante más abiertamente ajustador, La Cámpora se encuentra haciendo campaña sin tapujos por la eliminación de las discusiones paritarias y su reemplazo por aumentos salariales a suma fija para asegurarse que estos continúen perdiendo contra la inflación. La subordinación “nacional y popular” a los dictados del Fondo es total. 

 No casualmente Larroque realiza estas declaraciones en la antesala del viaje de Massa a Washington; quiere dejar claro ante el imperialismo yanqui y el capital financiero internacional que todas las alas del Frente de Todos avalan la agenda antiobrera que reclama el Fondo Monetario. En consonancia con la señal que brindó Wado de Pedro, otro líder camporista, quien endulzó los oídos del empresariado estadounidense en la cena previa al Council of the Americas, celebrada en el Hotel Alvear de Buenos Aires. 

 Dicho esto, es preciso denunciar el intento de Larroque de engañar a la población estableciendo un signo igual entre la asunción de un ministro como Massa que cuenta con apoyo del establishment, estabilidad económica y bienestar de las mayorías. En primer lugar, su nombramiento no proporcionó ninguna estabilidad ya que se abraza a un acuerdo con el FMI a todas luces incumplible; así las cosas, la brecha cambiaria no baja del 100%, la estampida inflacionaria continúa, las reservas líquidas se hallan en rojo y el riesgo país sigue en alza. Por eso hay que desmentir la versión manipulada de que la renuncia de Guzmán habría desencadenado la corrida cambiaria; lo cierto es que la corrida contra los bonos en pesos y la salida del exministro tienen a la inviabilidad del programa fondomonetarista como telón de fondo.

 Por otra parte, el esfuerzo de Massa por “tranquilizar los mercados” no persigue el objetivo de beneficiar a todos por igual, sino de otorgar cada vez más concesiones a los capitalistas en detrimento de la clase trabajadora; las primeras medidas que tomó al frente de Economía así lo indican. No olvidemos que el plan del FMI al cual aboca su gestión significa más ajuste, inflación y recesión; es decir, lejos de resolver, promete hundir las condiciones de vida de los sectores populares.

 Una orientación de hambre y miseria a la cual suscriben todas las variantes del peronismo. Por eso, debemos derrotarla por medio de la lucha y pelear para que el movimiento popular se deshaga de banderas que le son ajenas y levante las del socialismo.

 Sofía Hart

Alicia Kirchner homenajea las huelgas de 1921 y persigue las huelgas actuales

Marcha docente en Santa Cruz

 En una nota de un diario de la capital santacruceña se refleja la participación de Alicia Kirchner en un acto sobre la huelgas patagónicas de 1920 y 1921. El mismo se desarrolló en el salón azul del Congreso de la Nación y la gobernadora intervino vía zoom para decir, entre otras cosas, que “aquí hubo gente capaz de levantarse y luchar por sus derechos”, y podríamos decir que es parte de la demagogia kirchnerista porque ha sido su gobierno el que le ha confiscado a las y los trabajadores de Santa Cruz infinidad de derechos, pero en esta ocasión no hay necesidad, porque mientras la gobernadora del Frente de Todos hacia demagogia desde la casa de gobierno, del otro lado del portón (un portón y una reja que instaló Alicia Kirchner para que los que luchan no lleguen a la puerta de la casa de gobierno) la docencia santacruceña, que llegaba de muchas localidades de la provincia algunas a más de 1.000 kilómetros de la capital, reclamaba que abran la paritaria de una vez por todas y que paguen salarios que nos saquen de la pobreza. 

 Salvando las distancias, el rol que la historia le asignará a Alicia Kirchner será el mismo que ocupó Correa Falcón y a los Fernández el mismo que ocupó Hipólito Yrigoyen. Ellos fueron y son la representación política de la burguesía, jamás podrán presentarse frente al pueblo como un gobierno de trabajadores. Tanto es así, que al mismo tiempo que escribimos estas líneas, nos enteramos que la multinacional que opera en Cerro Moro despidió a un trabajador minero por ser el organizador de la marcha en el pueblo de Puerto Deseado en apoyo a sus compañeros que desarrollaban la huelga en el yacimiento por mejores condiciones laborales y salariales. De este hecho Alicia Kirchner no dijo una palabra, defiende a los capitalistas extranjeros como lo hacía Correa Falcón en 1920. 

 Tampoco mencionó el procesamiento de 16 trabajadores mineros que lucharon contra los 800 despidos de la intervención de Zeidán en YCRT. Será que, como dice Cristina, si se tira del ovillo van todos presos. Resulta que Zeidán tiene una causa por corrupción bajo su gestión en YCRT y es mejor desviar el foco y perseguir a los luchadores, total después habrá tiempo para recordarlos como héroes en algún acto vía zoom en el futuro.

 La gobernadora santacruceña también se olvidó de mencionar que ella misma impulsa el procesamiento y condena contra cuatro trabajadores por reclamar que se les pague el salario adeudado.

 A los huelguistas de 1920 y 1921 los honramos los trabajadores continuando su lucha en las calles, no la demagogia kirchnerista. Ustedes pasarán a la historia como los Correa Falcón y los Yrigoyen de esta época, intentando acallar voces, desconociendo reclamos justos, gobernando para los amigos y para las multinacionales. En resumen un gobierno antiobrero para defender los intereses capitalistas.

 Juan Manuel Valentin

El verso de la aprobación popular de Lacalle

La presencia permanente de Lacalle en los medios, sobre todo en televisión, marcan la aceptación de su personaje. 

 Al comienzo de cada gobierno, la aprobación de los presidentes está en la cresta de la ola, con los mejores niveles de evaluación, y los saldos positivos se mantienen por unos cien días, lo que los politólogos les llaman “luna de miel”. Pero, casi siempre llega un declive que crece a la mitad del mandato para sobrevenir, por último y despedida, un repunte que casi nunca alcanza el pico del inicio de su administración. 

 Luis Lacalle, o el presidente “verdaderamente surfer” como lo llaman las revistas deportivas especializadas uruguayas, viene surfeando la ola de aprobación siguiendo el ciclo clásico, aunque, a juzgar por las encuestas, llega a la mitad de su mandato con ciertas singularidades, como una luna de miel que se extendió por más tiempo que el observado en los tres gobiernos anteriores del centroizquierdista Frente Amplio. 

 En un país “viejo”, acostumbrado a presidentes de mayor edad, este abogado de 48 años trajo «Aire Fresco», como bien dice el nombre de su movimiento dentro del derechista Partido Nacional. Reconocido surfista, es heredero de una saga de políticos. Su padre es el expresidente (1990-1995) Luis Alberto Lacalle Herrera y su abuelo el máximo dirigente histórico del Partido Nacional, Luis Alberto Herrera. 

 Tras su derrota en las presidenciales de 2015 frente a Tabaré Vásquez, en 2019 aunó a la oposición derechista y ultraderechista en la Coalición Multicolor y se impuso en segunda vuelta por un estrecho margen ante el socialista Daniel Martínez, del Frente Amplio, alianza que tras tres mandatos mostraba un natural desgaste.

 En bajada 

 Fue en el segundo trimestre de 2021 que comenzó el declive del ciclo de aprobación de Lacalle, pero a la mitad del período aún más del 45% de los uruguayos en edad de votar hacen una evaluación positiva de su gestión, según el promedio que manejan las cuatro principales consultoras de opinión pública (Cifra, Equipos, Factum y Opción). 

 Los analistas políticos coinciden en que la gestión de la pandemia explica en parte la consolidación de una evaluación positiva y constituye uno de sus grandes “éxitos” hasta la mitad del mandato. La concreción de los proyectos de ley que el Ejecutivo envió al Parlamento –con el caso paradigmático de la Ley de Urgente Consideración a la cabeza y su posterior reafirmación en el referéndum– es otro de los mojones que destacan los analistas, señala el diario conservador El Observador. 

 La seguridad, uno de los aspectos que hizo ganar la elección a la coalición de gobierno, es ahora uno de los desafíos sin repuesta, ante el crecimiento de la criminalidad, el narcotráfico y los homicidios, así como las postergadas reformas de la seguridad social y la educación, así como la pérdida de salario real y la situación económica. 

 Hay otros problemas que Lacalle debe resolver como el funcionamiento de la coalición derechista de gobierno y las eventuales candidatura de cara a las próximas elecciones, además de exagerada centralidad del presidente.

 Miriana Pomiés, de la encuestadora Cifra, habla de una estrategia de comunicación efectiva con la población y afirma que el solo hecho de que la oposición acuse al gobierno de un manejo exacerbado de la comunicación ya habla de su éxito en ese sentido. El error puede ser que el discurso queda demasiado centralizado en el presidente. 

 Francisco Vernazza, publicista y experto en comunicación, señala que de todos los mitos que habitan la política, el más difundido es que la cotización de un candidato o partido en la opinión pública es resultado de mejor o peor comunicación. Esta manera de ver las cosas presta un invalorable contribución a la autoestima de los actores políticos porque implica decir, en voz baja o alta: “Somos mejores que nuestra apariencia. Tenemos un buen globo, solo falta inflarlo», añade. 

 Esta convicción puede tener lugar en los textos de autoayuda para la clase política pero, como toda simplificación aguda, “implica el peligro de hacer creer que tenemos la llave teórica del asunto cuando solo tenemos un llavero vacío. La llave del éxito de Lacalle no han sido las horas sumadas de comunicación por la pandemia ni la prolija escenografía de las conferencias de prensa, sino su capacidad de construir un personaje que luce serio, responsable, sensato, más bien inteligente y sobre todo auténtico”, analiza.

 La presencia permanente de Lacalle en los medios, sobre todo en televisión, marcan la aceptación de su personaje, quizás más como ejemplar de un biotipo humano que como un gran líder o pensador político. La valoración estuvo en atributos personales por fuera de la discusión política. Quizás por eso mismo se hizo tolerable para la parte más blanda del espacio frenteamplista. 

 La coalición de derecha gobernante envió al Congreso un nuevo proyecto sobre medios de comunicación, hecho a medida del oligopolio mediático, que a todas luces favorece y potencia la concentración en pocas manos, que son las que aplauden siempre la gestión del presidente –primero- y del gobierno. 

 ¿Estos éxitos son obra de la comunicación?, se pregunta Pancho Vernazza. Impugnar los superpoderes de la comunicación en política, no implica subestimar al aparato haciendo su trabajo. Todos los días el aparato comunicacional divulga las fotos correctas, los giros verbales inteligentes, los diseños gráficos de buena presentación. Pero no cambia la historia: las últimas cifras dan cuenta de eso. 

 En Uruguay los homicidios aumentaron 39 por ciento en el primer semestre de 2022 según un informe del Ministerio del Interior. Además del aumento en cantidad, es el incremento en la violencia, los modus operandi de los homicidios y los femicidios. Por un lado se suman enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, el avance de toma de territorio, modos crueles de violencia en los hogares con descuartizamientos, cuerpos prendidos fuego, enterramientos en fincas, secuestros y más. 

 Uruguay acabó el tramo inicial de la era Lacalle con 13.700 presos en sus cárceles (más de 386 personas por cada 100 mil habitantes), un número aterrador para un país de poco más de tres millones de habitantes. Las muertes en las cárceles de Uruguay aumentaron un 79% en 2021, advirtió el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que además se mostró preocupado por las condiciones de detención en las prisiones y por la falta de una definición de tortura en la legislación uruguaya. 

 Hoy, mientras el gobierno inunda los medios y las redes con el latiguillo de que la culpa de los males la tienen los tres gobiernos del centroizquierdista Frente Amplio, el 69% de la población responsabiliza al gobierno por la entrega del pasaporte al narcotraficante internacional uruguayo Sebastián Marset, el 70% entiende que en los últimos dos años aumentó la violencia vinculada al narcotráfico y 77% considera que hay vínculos entre estas organizaciones criminales y el sistema político. 

 Luvis Hochimín Pareja. Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

¿Tendrá Borrell un búnker antinuclear?

Central nuclear de Zaporiyia. 

 Cuando los militares ucranianos lanzan ataques contra la central nuclear de Zaporiyia, que podría causar una catástrofe peor que la de Chernobil en 1986, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell declara en entrevista con el diario español El País, que «La ciudadanía de Europa tiene que estar dispuesta a pagar un precio para mantener el apoyo a Ucrania y a la unidad de la UE». 

 La usina de Zaporiyia es la más grande de Europa, con una capacidad de 6.000 megawatts, ubicada en la ciudad de Energodar, en Donetzk, y ha sido atacada por Kiev en varias ocasiones desde el 5 de agosto. 

 Borrell ha sido uno de los más firmes impulsores de medidas coercitivas contra Rusia desde que esta nación euroasiática lanzó la operación especial militar para desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

 “Estamos en guerra: esas cosas no son gratis, aunque sí hay que tratar de repartir los esfuerzos de forma equitativa… el conflicto nos afecta directamente, aunque nuestros soldados no mueran allí», resaltó. Claro que este señor, que posee una gran fortuna e intereses en varias empresas transnacionales, no va a sentir los efectos de la abrumadora inflación que afecta a todos los países del viejo continente y en la entrevista agregó, «los europeos tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a un conflicto de larga duración”. 

 Borrell, aunque no le guste, reconoció que existe una «verdadera incertidumbre» sobre el volumen requerido de gas para este invierno y la capacidad de los ciudadanos para pagar por él. Debido a ésta alza de los precios, junto a la ralentización del crecimiento económico y la proximidad de la temporada de frío, el político admitió que los países del bloque se enfrentan a «una tormenta perfecta«. 

 Pero resulta sintomático que el alto representante de la UE convertido en un halcón de guerra, junto con otros como Olaf Scholz (canciller alemán), Jens Stoltenberg (secretario general de OTAN) y Joe Biden (presidente de Estados Unidos) por citar algunos, cuenten con grandes capitales que le permiten sortear cualquier problema económico. 

 Un trabajo de la agencia francesa AFP, fechado el 25 de septiembre de 2019 afirmaba que Borrell “fue el ministro con más patrimonio de España durante el tiempo que estuvo en el gobierno de Pedro Sánchez. En ese entonces, el catalán presentó un patrimonio de 2,77 millones de euros en su declaración, antes de ser nombrado Alto Representante de la política Exterior de la UE. 

 Explica la nota que el político había sido incluido por la Comisión Juri (esa instancia ayuda al Parlamento a adoptar una posición sobre cuestiones jurídicas) en la lista de las personas con situación más comprometida para el cargo por posibles casos de conflicto de intereses.

 Esa situación se refería específicamente a un montante de acciones que el entonces ministro del gobierno español tenía en Iberdrola, Bayer y el BBVA. Estas acciones suponían un 12,9 % del patrimonio de Borrell y su valor rondaría los 60 000 euros.

 En 2018 ya había declarado que poseía 983 400 euros en bienes inmuebles, además de 923 274 en cuentas corrientes (bancarias), 600 000 euros en acciones y 273 000 en capital social. 

 Si eso fue hace cuatro años, lo más seguro que Borrell pueda campear cualquier situación económica que padezcan los países de la Unión Europea por seguir las órdenes dadas por Estados Unidos al tratar de debilitar a Rusia en una larga guerra con Ucrania.

 Solo con sus acciones en las compañías transnacionales Iberdrola y Bayer, puede salir incólume, pero como afirmó al diario El País, “La ciudadanía de Europa tiene que estar dispuesta a pagar un precio para mantener el apoyo a Ucrania”.

 Claro que en un posible desastre nuclear provocado en la planta de Zaporiyia, la situación sería sumamente mortal para muchos europeos y al parecer Borrell no quiere entenderlo. ¿Tendrá el alto funcionario algún búnker donde esconderse?

 Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

El sistema carcelario uruguayo

Mejor no hablar de ciertas cosas En el combo deficitario del capitalismo, las inseguridades (en todas sus expresiones) no son más que síntoma y consecuencia de su sistema económico. Si a eso le sumamos un gobierno que repite sus recetas, cree en el Dios Mercado y repite los salmos del derrame como una trama, los resultados están a la vista. 

 En la campaña para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno derechista uruguayo liderado por Luis Lacalle desenvainó el clásico recurso de la polarización y quiso enfrentar a los que estaban a favor de la derogación contra la policía. Incluso se llegó a manifestar, por parte del oficialismo, que sin la LUC los delincuentes iban a tener todo servido para poder delinquir. 

 Parece que causó efecto la jugada y hoy con la LUC en mano, el gobierno no le puede poner el cascabel al gato. En Uruguay los homicidios aumentaron 39 por ciento en el primer semestre de 2022 según un informe del propio Ministerio del Interior: pasaron de 135 entre enero y junio del año anterior a 188 en este 2022. 

 Esta cifra supera también al primer semestre de los dos años anteriores, con 179 asesinatos en 2020 y 173 en 2019, último año de gestión del centroizquierdista Frente Amplio (FA).

 Además del aumento en cantidad, es el incremento en la violencia, los modus operandi de los homicidios y los femicidios. Por un lado los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, el avance de toma de territorio y por el otro modos crueles de violencia en los hogares con descuartizamientos, cuerpos prendidos fuego, enterramientos en fincas, secuestros y más. 

 Todas estas noticias ocupan (quizá no tanto como en otros momentos) los minutos centrales de los noticieros radiales y televisivos. Pero al terminar el show mediático esas personas van a parar a algún lugar y su vida sigue.

 El lado oscuro de la luna, del que poco se habla y casi nada se hace, es el sistema carcelario. Uruguay acabó el tramo inicial de la era Lacalle con 13.700 presos en sus cárceles (más de 386 personas por cada 100 mil habitantes), un número aterrador para un país de poco más de tres millones de habitantes. 

 Las muertes en las cárceles de Uruguay aumentaron un 79% en 2021, advirtió en mayo último el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que además se mostró preocupado por las condiciones de detención en las prisiones y por la falta de una definición de tortura en la legislación uruguaya.

 La ONU exigió adoptar “medidas legislativas y de otra índole” que garanticen que cualquier empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acate “los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad” e instó a velar por la apertura de “investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden y seguridad pública,” y garantizar que se enjuicie a los presuntos autores. 

 En particular el Comité de la ONU pidió adoptar medidas urgentes para corregir las deficiencias en los centros penitenciarios, especialmente en el “suministro de agua en las celdas, la falta de camas, los problemas de calefacción e iluminación y el mal estado de las instalaciones eléctricas”; permitir las actividades al aire libre, como el ejercicio físico, las de rehabilitación y las psicosociales y .garantizar la estricta separación entre los reclusos preventivos y los condenados. 

 Mientras, el informe que el Ministerio del Interior elevó a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Congreso incluyó un dato que augura un explosivo fin de año, con cárceles atestadas: cada semana ingresa un promedio de 100 condenados al Centro de Diagnóstico y Derivación, el órgano encargado de determinar el futuro sitio de reclusión. 

 Según a un asesor de la Comisión Legislativa en materia carcelaria, “muchos presos entran descalzos o semidesnudos” al recinto carcelario. Son algo más de 14 por día, lo que preanuncia que 2022 cerrará con 5.200 nuevos reclusos, llevando el total de presos a casi 20 mil. 

 Esto seguramente hará estallar a un sistema que ya padece un nivel de hacinamiento que en algunas cárceles supera el 120%. Con 14 presos en celdas que son para cinco. De las 24 horas del día solo una ven la luz del sol.

¿Así se pretende rehabilitar a una persona? ¿De esta manera se pretende que luego de cumplir su condena salgan a pedir trabajo, estando en condiciones infrahumanas, con adictos en abstinencia, con violencia extrema, enfrentamientos, casi cero programas de educación y de una historia personal, en su gran mayoría, que exhibe una educación formal mínima? 

 Al menos un 70% de la población carcelaria está en la lista de los “adictos a algo”. De esos miles, “sólo 254 reciben algún tipo de tratamiento de parte de equipos de trabajo altamente especializados pero que tienen carencias de todo tipo para abordar una tarea de semejante entidad”, dijo el experto en cárceles Jaime Saavedra.

 En lo que va del año 252 presos se quisieron suicidar y cinco lo lograron. En 2021 se reportaron 16 suicidios en cárceles uruguayas, una más que en 2020 y el doble que 2019.

 El Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por el incremento en el número de muertes registradas en las cárceles, que fue de un 79% en 2021. El examen observa un número muy alto de muertes “por falta de asistencia y tratamiento médico” en las personas con problemas de salud mental y pide investigar “de forma imparcial por un órgano independiente” todos los fallecimientos durante la privación de libertad.

 El comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo que el sistema es como «una manguera agujereada» y «pierde agua por todos lados». Petit plantea que el presupuesto carcelario debe aumentarse en un 20%. Por otro lado el Ministro de Interior Luis Alberto Heber, declaró que no hay recorte presupuestal sino que aumentó la población carcelaria. El chiste se cuenta solo. 

 Consultado sobre el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, también presentada por el ultraderechista Cabildo Abierto, integrante de la coalición de gobierno, Petit dijo: «Yo entiendo que ya existe en el Código del Proceso Penal todos los mecanismos para dar prisión domiciliaria. Yo creo que el Uruguay ya tiene mecanismos liberales, de Derechos Humanos, muy abiertos y posibles de usar”. 

 Reiteró que la propuesta planteada no es necesaria ya que es «un mecanismo que ya existe». Otra muestra de que cuando hay voluntad política se pueden lograr cosas. Lástima que en este caso Cabildo Abierto lo planteaba con el fin de liberar a represores de la dictadura. 

 El cuplé de la murga Diablos Verdes del 2003, “La cárcel de ricos y la cárcel de los pobres” sigue estando más vigente que nunca: «Donde el sistema penitenciario se desdobla /según su apellido y «clase social / «coronitas para algunos/ y para otros no hay piedad» 

 Quizá habría que preguntarse y reflexionar la inseguridad como un todo y no como un mecanismo lineal de un individuo que comete un delito (signado y definido por las leyes y la moral de la época, parafraseando a Michel Foucault), la policía lo detiene y la justicia lo envía a la cárcel. ¿Y después? 

 Petit lo plantea claro: “Tenemos la inseguridad que tenemos por el sistema penitenciario que tenemos.” 

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

La devaluación en ciernes y la cuestión de la huelga general

La puja por los vallados en torno del departamento porteño de Cristina sirvió para pasar a segundo plano otra crisis – la que comienza a tejerse en torno de la devaluación del peso y sus consecuencias inflacionarias devastadoras para la población trabajadora. 

 A través de un audio, el viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein, tuvo que desmentir la versión de que el gobierno anunciaría una devaluación este jueves. El trascendido fue lanzado por el kirchnerista Verbitsky, el mismo que se cargó a Ginés García después de sacar a la luz el vacunatorio VIP. Pero en este caso, nadie se escandalizó: es que la devaluación de la moneda está en la agenda de Massa-Rubinstein y de todo el gran capital, después del evidente fracaso de los intentos oficiales por posponerla. En los últimos meses, economistas de toda laya repitieron como loros que una devaluación sólo resultaba viable en el marco de un ajuste fiscal y de un ingreso previo de divisas. El cimbronazo cambiario que hoy se discute, sin embargo, no es porque ese plan “preparatorio” haya funcionado, sino más bien por lo contrario. La devaluación selectiva para el agro -´dólar soja´- resultó un fiasco, como los otros incentivos para que los capitalistas ingresen dólares. El gobierno ha logrado comprar divisas sólo después de reforzar el cepo a las importaciones y de desalentar al mercado paralelo subiendo la tasa de interés. A cambio de ese magro resultado, impuso un ´frenazo´ recesivo a la actividad económica, que se redoblará con los recortes a la obra pública y a los gastos en educación y salud. De todos modos, este ajuste de gastos es irrisorio al lado de la emisión necesaria para “honrar” la deuda del Tesoro y la del banco Central.

 Pero el mayor de los fracasos del “pretendido” plan Massa es el intento de lograr un préstamo internacional, que no apareció por ningún lado. Los eventuales prestatarios han reclamado garantías leoninas, teniendo en cuenta la fantástica desvalorización de la deuda argentina. Ahora, le han invertido la secuencia a Massa: la condición para un préstamo es la previa devaluación de la moneda. Los funcionarios discuten si debe estar acompañada o no por un desdoblamiento cambiario, y ese es el acuerdo que Massa gestionaría los próximos días con el FMI en Estados Unidos. Ese ´consenso´ torno de la devaluación es el pasaporte para que el FMI apruebe la “segunda revisión” del acuerdo, el cual, en lo que respecta a la “acumulación de reservas”, el gobierno no tendrá condiciones de cumplir.

 Rodrigazo

 La discusión devaluatoria tiene lugar cuando las estimaciones de inflación para agosto se ubican entre un 6,5 y 7%, tirando abajo la versión de que julio dio un índice alto a causa de los “cambios de gabinete”. Pero una inflación que se calcula entre el 100 y 110%, incluso antes de cualquier devaluación, hace mover la estantería de los que están pergeñando el horizonte devaluatorio. Algunos observadores estiman que el 60% de los precios “todavía siguen como referencia al dólar oficial” – si ese dólar se lleva a 200 pesos, “la inflación pasará a contabilizarse en dos dígitos mensuales” (Infobae, 30/8). Principalmente, una devaluación golpearía sobre los precios de los alimentos. En septiembre y octubre, además, se pondrán en vigencia las nuevas tarifas de gas y luz para todos aquellos que no cuenten con tarifa social. 

 Una devaluación encenderá una mecha sobre la deuda en pesos que está ajustada al dólar o a la inflación, y planteará un “reperfilamiento” que se hace cuesta arriba para un régimen político fracturado. Es natural, por ello, que la devaluación agite el avispero de la interna oficial –de allí, el destape de Verbitsky. El kirchnerismo teme al fantasma de la rebelión popular y a que la demolición del “plan” económico oficial arrastre a todas las facciones del gobierno. Por cierto, las contradicciones en gestación son más fuertes que la “unidad peronista” que se teje adentro de los vallados de la Recoleta.

 El escenario hiper inflacionario que desataría una devaluación sacudirá al conjunto del movimiento obrero, desde los trabajadores bajo convenio hasta los precarizados y desocupados. Por lo pronto, ya existen hoy un conjunto de paritarias que se encuentran en crisis, porque la carestía en ascenso se ha adelantado por mucho a las “cuotas” pactadas por las burocracias sindicales. Por ese motivo, hay huelgas docentes en ocho provincias y conflictos en puerta en varios sindicatos industriales, como ocurre con la rama siderúrgica de la UOM. Indirectamente, la cuestión salarial también rodea a la lucha del sindicato del neumático, por el pago al 200% de las horas extras de los fines de semana. El precario equilibrio que las patronales, la burocracia sindical y el gobierno -a través de las conciliaciones obligatorias- intentan sostener, en medio de la actual carestía, sería definitivamente barrido por una devaluación en regla.

 Desde hace algún tiempo, el gobierno viene meneando su “salida” salarial para el caso de un rodrigazo: un aumento de suma fija que patee para el 2023 cualquier otro reajuste paritario, ello, cuando los precios y tarifas redoblarán su marcha al compás del dólar. La burocracia sindical discute su apoyo a este paquete en un marco más amplio, donde se incluye a las quebradas obras sociales de los trabajadores. La CGT reclama un socorro financiero para ese vaciamiento y, en simultáneo, un régimen de recorte de las prestaciones. Al ajuste de los salarios, la burocracia le añade otro ajuste en la salud obrera. El gobierno ya ha puesto en marcha un parte de ese recorte, en lo que respecta a las prestaciones para las personas con discapacidad.

 ¿Qué nos indica el escenario que tenemos por delante? El escenario superinflacionario que sucedería a una devaluación planteará, a la escala de todo el movimiento obrero y piquetero, la cuestión de la huelga general, es decir, de una acción obrera decidida en defensa del salario, de las jubilaciones y del derecho al trabajo. La necesidad de una huelga indefinida se anticipa, por otra parte, en las luchas que se encuentran en curso, y que han agotado la instancia de los paros parciales. Pero la huelga general está fuera del horizonte de la burocracia sindical, la cual, en sus diferentes vertientes, ya está discutiendo con el gobierno cómo hacerle tomar al movimiento obrero la cicuta de una devaluación. La necesidad de una huelga general para enfrentar el rodrigazo que se viene plantea, con más fuerza que nunca, la necesidad de un congreso obrero impulsado por organizaciones de lucha, activistas y delegados. 

 Marcelo Ramal 

 30/08/2022

ELN y negociaciones con el gobierno de Petro

"El ajuste al servicio del FMI esta en manos del FDT y CFK es una parte determinante” // Del Plá

La noche de la Lealtad en Recoleta

Vayan a descansar - del trabajo a casa y de casa… 

 La noche de la Lealtad en Recoleta Las epopeyas en Argentina siguen la cotización del peso paralelo. Anoche, con la temperatura en descenso, nadie necesitó mojar los pies en una fuente, por otra parte inexistente. Rodríguez Larreta, el general Ávalos de los tiempos pos modernos, sólo necesitó recurrir a la policía de la Ciudad para obtener del oficialismo la orden de desalojar las calles que circundan el domicilio de la Vicepresidenta de la Nación. Es cierto que el kirchnerismo promete llenar plazas hasta el aniversario del 17 de Octubre, pero esto no depende de él sino del podador del gasto social, el dúo Massa-Rubinstein. Cristina Kirchner reivindica un poder que ha dejado en manos de un señalado gestor de los fondos internacionales que quieren cobrar sus créditos y reclaman una devaluación. Antes que la Cámpora organice sus columnas, miles de trabajadores descenderán a las calles para reclamar por sus salarios, por trabajo y por asistencia social. “No es la hora de reclamar por los salarios”, dijo un entrevistado por el móvil de un canal de TV, “es la hora de apoyar a la jefa que defiende los salarios”. Este portavoz excelente de la política oficial, no necesitó recurrir al lenguaje inclusivo para enunciar esta falacia. 

 En un escenario más fiel a los trabajadores, como el que alberga a las industrias más poderosas de Argentina, se desarrollaba desde varios días antes un accionar verdadero de activistas y obreros, frente al que se protagonizaba en el distrito donde Juan Domingo Perón no pudo ganar una sola elección. Pero esta lucha fue olímpicamente ignorada en la noche de la Lealdad del barrio norte, donde la Vicepresidenta exhortaba a enfundar. Los obreros de Fate estaban luchando contra una patronal que, por esos días, había avanzado, sin eufemismos, en el propósito de proscribir la organización sindical en la fábrica. Con la intrepidez de un 17 de Octubre; de un 29 de Mayo (Cordobazo); de un 2 de Junio (la huelga general contra el rodrigazo, en 1975); de un 30 de Marzo (el combate de 50 mil obreros convocados por la CGT contra la dictadura de Galtieri); y de un 20 de diciembre (la pelea contra los grupos de tareas para llegar a Plaza de Mayo en el Argentinazo); con esa intrepidez bloqueaban las entradas y salidas del obsoleto pulpo de los Madanes, para aumentar la remuneración de las jornadas de fin de semana, defender el convenio colectivo de trabajo y dar la pelea contra los descuentos brutales de salarios por los días de huelga. En medio de un palabrerío vacío acerca de la Constitución y el estado de derecho, esos luchadores salieron a la defensa del derecho de huelga, la única sombra de derecho de una Constitución que pone el derecho del capital por encima del derecho a la vida. Los descamisados del 45 están de vigilia, pero en los portones de los monopolios del Neumático. 

 El recorrido de la pugna contra el reclamo de condena a Cristina Kirchner, no está trazado por el cronograma de actividad que diseña Máximo Kirchner, al cual la prensa le ha descubierto un sentido discutible del humor. La Lealtad no se cotiza en el mercado local sino en Wall Street y, según parece, en Houston, la capital de las petroleras y mineras norteamericanas. Massa pretende obtener un préstamo internacional que sostenga una estabilidad del peso, mediante una kermesse que subaste los recursos del subsuelo – en plena guerra imperialista por los yacimientos y ductos del petróleo y del gas. Estamos muy lejos de una confrontación Marc Stanley versus Cristina Kirchner, como la que sustentó la Lealtad hace 75 años. La expectativa de la Vice es, por el con-tra-rio, que los ajustes brutales de Massa tengan éxito; que el tarifazo quede indexado a la inflación; que el Presupuesto 2023 sea apoyado por el FMI y votado por los seguidores de Larreta y Bullrich; que Massa obtenga el deseado préstamo internacional, aun sabiendo que sus cláusulas de garantía consisten en una devaluación del 50% del peso. El dilema no es reservas versus devaluación sino financiamiento de una devaluación. 

 Otra analogía políticamente instructiva tiene que ver con la indumentaria – la de antaño vestía alpargatas. Los militantes y funcionarios que eligieron pasar un sábado a la noche en modo histórico declaran usar una ropa diferente, al menos en su interior. Se reivindican soldados de Perón, o sea que no han aprendido nada. El Oktubre que imaginaron en el 72 – el retorno de Perón al gobierno -, condujo a la mayor derrota de la clase obrera en el siglo pasado – primero la Triple A, la militarización del área del Paraná de San Nicolás a la santafesina San Lorenzo, pasando por Villa Constitución; el “aniquilamiento’ de la subversión, y finalmente el golpe militar. Calzar fajina de nuevo, esta vez inocua, por el gobierno que legitimó la deuda de Macri con el FMI; avanzó en la destrucción de las jubilaciones; declara la guerra al movimiento piquetero; se codea con Larry Fink (BlackRock) y el fondo Pimco; y ha largado un ajuste que supera al de Toto Caputo y Dujovne; es un despropósito. Es convertir la tragedia de muchos luchadores de aquellas épocas, en una farsa que no divierte.

 La fiebre de este sábado a la noche ha tenido el efecto de proyectar a CFK a una candidatura a la Presidencia, cuando se había relegado hasta ahora a la gobernación de Buenos Aires, y Máximo K se estaba anotando para disputar en Santa Cruz. Es obvio que es más difícil ‘dar la vida’ por una eventual gobernadora. Pero la lógica de este proyecto conflictúa con la de la designación de Massa como “superministro”, que tiene por meta el mismo sillón. Si Massa acabara como Guzmán y Batakis, sería el fin de las candidaturas del FdT y del mismo Frente de Todos. Este impasse ‘electoral’ ha llevado a la superficie la anulación de las pasos, lo cual requiere una mayoría para que se convierta en ley. El desarrollo del juicio de Vialidad aportará un nuevo caudal a la crisis política, simplemente porque podría traer al conocimiento público mayores novedades acerca del mundo oscuro de los contratos de obras y servicios que han servido a la ‘prosperidad’ de la burguesía argentina y de sus gestores políticos.´

  No asistimos a ninguna epopeya. La épica de la burguesía nacional ha quedado enterrada en el pasado. Las irregularidades manifiestas que se evidencian en el juicio son asuntos secundarios con relación al conjunto de la situación nacional, donde sus protagonistas están unidos en una política de confiscación de la fuerza de trabajo, de la miseria social y de la entrega de la autonomía política. Una denuncia del fraude judicial debe consistir en el desenmascaramiento político, en primer lugar del estado capitalista y el régimen político, y en segundo lugar del rol reaccionario y antidemocático de acusadores y acusados en la crisis nacional. Debe ser una escuela política que muestre a los trabajadores los intereses de clase de jueces e imputados y el carácter corrupto de sus métodos de gobierno. Debe servir, por medio de esta política antagónica al capital y sus instituciones, para preparar a los trabajadores para la lucha por construir su propio gobierno.

 Jorge Altamira

 28/08/2022

La provocación represiva de Larreta en Recoleta

La provocación represiva del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta el sábado frente al departamento de Cristina Fernández, en Recoleta, dejó tela para cortar. Atacados con gas pimienta, golpes y camiones hidrantes, los militantes y funcionarios kirchneristas recibieron este sábado el tratamiento que trabajadores, luchadores y vecinos sin techo han padecido en innumerables ocasiones, por parte de la administración macrista en CABA o de ´la Bonaerense´ que comanda Berni del otro lado de la General Paz. 

 La operación policial de H.R.L. no tuvo otro propósito que el de posicionarse en la guerra de camarillas que sacude a Juntos por el Cambio. No tuvo nada que ver, desde luego, con el ordenamiento del tránsito o ´la tranquilidad de los vecinos´. La movilización K fue módica -5.000 manifestantes-, algo que, de paso, puso de manifiesto la escasa disposición del aparato del pejota, los intendentes y la burocracia de la CGT a dirimir los asuntos judiciales de CFK ´en la calle´. El ´clamor´ no se dejó ver más allá de la propia facción. Esa presencia módica facilitó el acuerdo que tejieron Wado de Pedro y Aníbal Fernández con los emisarios de Rodríguez Larreta, para retirar a La Cámpora de las inmediaciones del departamento de la Vicepresidenta a cambio de correr el vallado. “Vayan a descansar”, ordenó ´la jefa´ a sus huestes. 

 En este cuadro, el dispositivo ordenado por el gobierno de la Ciudad y las agresiones a los manifestantes tuvieron todas las características de una provocación. La ´demostración´ larretiana, sin embargo, no calmó las aguas en Juntos por el Cambio, sino que acentuó los choques internos. Patricia Bullrich castigó públicamente a Larreta, jáctandose de sus propios desalojos y vallados en los accesos a la Ciudad durante la gestión Macri. Del otro lado, los larretistas acusaron a Bullrich de ser “funcional al kirchnerismo” por sus críticas internistas. 

 Luego de la represión en Recoleta, el kirchnerismo parece haber diferido la movilización callejera para el 17 de octubre, dentro de un mes y medio. Será una escenificación condicionada, de un lado, a un acuerdo entre los aparatos del peronismo; del otro, por la marcha imparable de la crisis. 

 Jacyn 

 29/08/2022

Massa prepara el viaje a Estados Unidos con nuevos beneficios a las mineras y ¿al agro?

No recomponen las arcas del Central y ni siquiera despejan las presiones por una mayor devaluación. Sergio Massa quiere llegar a Estados Unidos con herramientas para tentar al gran capital y mostrarle al FMI un plan de recaudación de divisas. En ese sentido, luego del fracaso del dólar soja para que el agro liquide la divisas, ahora anticipó que presentará en septiembre un decreto con fuertes incentivos cambiarios para el sector minero, muy similar también a los últimos impulsados para las petroleras, pero que tampoco destraban la huelga de inversiones hasta el momento. Estos beneficios al gran capital no recomponen las arcas del Central y, por lo tanto, ni siquiera despejan las presiones por una mayor devaluación.

 Según esta agenda, las empresas mineras tendrán acceso libre al dólar por hasta un 25% de sus exportaciones, a cambio de cumplir requisitos de inversiones y agregado de valor en un programa de desarrollo de proveedores, y podrían sumarse algunos beneficios fiscales. Con esto, el gobierno espera un aumento de las inversiones en litio y del nivel de exportaciones. En esa misma línea es que Massa se reunirá en USA con mineras como Livent, que explota el Salar el Hombre Muerto en Catamarca en busca de litio y fue denunciada por subfacturar exportaciones por debajo del 20% de su valor real y de los registrados en la provincia de Jujuy, y a la cual le ofrecerá beneficios impositivos. Esto demuestra que poco le importa al gobierno penar la evasión fiscal y la fuga de divisas. La contracara de estas exenciones impositivas es el recorte presupuestario que anunció el ministro de Economía en esferas vitales para la población como es la salud, la educación, la vivienda y obras hídricas, entre otras. Queda claro que el déficit fiscal que impone el Fondo será pagado por los trabajadores con sus condiciones de vida.

 Beneficios similares se promovieron para los hidrocarburos, como el llamado “Régimen de Acceso a Divisas para la producción incremental de petróleo” y que, lejos de reportar los resultados esperados, solo impulsó un aumento en el precio de los alimentos, acrecentó la fuga de divisas por parte de las multinacionales, en un marco de récord de exportaciones de gas. Otro caso similar es el dólar soja, un desdoblamiento cambiario que se configuró como una devaluación camuflada y tenía como objetivo el ingreso de divisas por parte de las patronales agrarias. El mismo prometía un ingreso de 5 mil millones de dólares pero no cumplió con el objetivo, la liquidación de agosto de este año fue mucho menor a la del mismo mes del año anterior. 

 Los pulpos del agro prefieren seguir presionando por una devaluación en regla, al igual que el resto de las patronales, lo que les sería mucho más redituable, o una rebaja en las retenciones. Esto último sería contrario al camino de ajuste fiscal que demanda el FMI. El gobierno, por su parte busca otra alternativa que incluya mayores beneficios para el sector con el fin de impulsar la liquidación de divisas, puesto que una devaluación amenazaría con una corrida cambiaria que el Central no podrá contener por la escasez de reservas y no se sabe donde terminaría. Además encarecería los costos de obras como el gasoducto, claves para la rama energética (otro sector en el que el imperialismo tiene puesto el ojo) y acrecentaría la ya impagable deuda en dólares. 

 Mientras tanto, se restringe el acceso a dólares para todos aquellos que perciban una tarifa social dentro de la segmentación tarifaria, atentando contra la capacidad de ahorro de las familias, al tiempo que refuerza el control sobre los dólares para la importación, lo que contribuye a la aguda tendencia recesiva y no termina de impedir que las empresas se beneficien con la brecha cambiaria mediante diferentes maniobras. La presión por una devaluación es cada vez mayor y la encerrona en la que se encuentra el gobierno la posiciona como el único rumbo. A su vez, un desdoblamiento cambiario impactará de lleno en los costos de toda la rama productiva, lo que se trasladará a los precios. Esto impactará de lleno en los ingresos de los trabajadores y en su capacidad de consumo, alejando a los salarios cada vez más de la canasta básica y echando leña al fuego inflacionario. 

 En esa línea es que se encuentra el documento difundido el domingo pasado, atribuido al viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, con un supuesto programa de estabilización para arrancar cuánto antes que propone un desdoblamiento cambiario y una devaluación del dólar oficial del 50%, además de una suba promedio del 100% de las tarifas de gas, luz y transporte y sólo subsidios para la población muy vulnerable (tarifa social), la eliminación de transferencias discrecionales a las provincias y recortes lisos y llanos en inversión pública. Un ajustazo aún más brutal. 

 Es necesario colocar el ahorro nacional al servicio de los intereses de la mayoría de la población, para eso la nacionalización de la banca y del comercio exterior, bajo control de quienes viven de su trabajo y no de los que especulan y se enriquecen del trabajo ajeno, son pasos claves en esa dirección. 

 Camila García

La presión de Aluar frena la presentación de un documental en Puerto Madryn

Entrevista a Lucía Levis Bilsky, directora de “El encanto de la mosca”, que denuncia la contaminación de la empresa. 

 El documental “El encanto de la mosca”, que propone abrir preguntas respecto a la contaminación ambiental de la planta de aluminio Aluar, ubicada en Puerto Madryn, fue rechazado por el Patagonia Eco Film Fest (PEFF), un festival de cine ambiental que ocurre en la misma ciudad. A raíz de ello, entrevistamos a una de sus directoras, Lucía Levis Bilsky. 

 ¿Qué fue lo que ocurrió con el estreno de la película en Puerto Madryn? 

 La película fue rechazada por los espacios oficiales de la ciudad, lo cual no nos sorprende, justamente por la capilaridad del poder que perpetúa el silencio y la complicidad en el seno de la sociedad madrynense. “El encanto de la mosca” aborda la contaminación ambiental en la ciudad de Puerto Madryn generada por la fábrica de aluminio Aluar, y la manera en que se construye el silencio colectivo, el entramado de complicidades. El rechazo de los espacios oficiales de cine reactualiza la película por fuera de la pantalla, reforzando la denuncia misma.

 ¿Cómo fue el acercamiento hacia el Patagonia Eco Film Fest? 

 En diciembre del 2021, cuando presentamos “El encanto de la mosca” en forma online en el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires (FIDBA), en el que ganamos como mejor ópera prima, el director del Patagonia Eco Film Fest (PEFF), Joel Hume se comunicó con nosotros, felicitándonos por la película, y dando a entender que podría llegar a ser presentada en el festival. Durante un tiempo se mantuvo en contacto, felicitándonos por las publicaciones que hacíamos en donde anunciábamos proyecciones en Buenos Aires, y de golpe se alejó. Ahí comenzó mi sospecha. 

 En mayo y junio escribimos al correo del festival, consultando por los resultados de la selección pero no obtuvimos respuesta. Hace unas semanas atrás, nos notificaron sin explicación alguna, fría y protocolarmente, que no habíamos quedado seleccionados. No es un rechazo cualquiera: la película aborda el principal problema ambiental de la ciudad de Puerto Madryn, invisibilizado, tabú por las influencias y complicidades que Aluar se ocupa de construir. ¿Cómo puede ser que el festival de cine ambiental que se realiza en Puerto Madryn rechace una película que aborda la principal problemática socioambiental de la ciudad? Cualquier lectura ingenua es inadecuada. Esperábamos que algo así ocurriera. El poder de Aluar atraviesa todas las esferas sociales y culturales de la ciudad. Se vuelve urgente abrir los ojos, despertar del hechizo, del encantamiento que la mosca genera. 

 La película se presentará el 15 de septiembre a las 20horas en Puerto Pirámides (Multiespacio Cultural La Puerta), el 17 de septiembre a las 19 horas en Puerto Madryn (Usina Cultural de la Escuela de Gestión Social La Namunkurá) y pronto se anunciarán las proyecciones en Trelew y Rawson. 

 Julieta Rusconi

Las figuritas del Mundial, botón de muestra de los negocios monopólicos con Qatar 2022

Panini es uno de los tantos grupos capitalistas que harán millones con la competición. 

 Los pequeños kioscos denuncian discrecionalidad en el abastecimiento. 

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (Ukra) se movilizó este lunes por la mañana a las oficinas de Panini, el gigante de las figuritas y cromos. El reclamo es por el reparto de las figuritas del mundial masculino de fútbol próximo a disputarse en Qatar, que apenas lanzadas al mercado devinieron en un boom de ventas, plasmando la ilusión de todo el país con el desempeño que pueda tener el seleccionado argentino, último campeón de la Copa América. Pero una vez más se pone en evidencia que las grandes pasiones populares se convierten fácilmente en el blanco de los capitalistas para hacer grandes negociados. 

 En su comunicado, los pequeños kiosqueros aglutinados en la Ukra denuncian a Panini por priorizar el abastecimiento a grandes cadenas de supermercados como Jumbo, a apps como PedidosYa, a estaciones de servicio como Axion y a las grandes cadenas de kioscos. Incluso bajo la amenaza de que, de no revertirse, van a dejar de vender figuritas de otros álbumes de Panini de aquí en más. “Somos los que vendemos todas las otras colecciones de figuritas durante el año”, se quejaron.

 Por lo pronto, con las figuritas predomina el faltante, las dificultades para conseguir e incluso las ventas paralelas. Por ejemplo, en Mercado Libre se pueden ver distintos “packs” armados con piezas difíciles de conseguir, las más codiciadas (como la de Lionel Messi) o simplemente los paquetes regulares, que no se consiguen. Los precios pueden variar en función de lo anterior desde los $520 por los sobres corrientes hasta unos $8.500 por el cromo del capitán argentino. 

 El analista de datos Federico Tiberti se tomó el trabajo de calcular, según las estadísticas de la probabilidad, cuánto cuesta llenar el álbum completo. En esos términos, un coleccionista deberá pagar por encima de los $175 mil para cubrir el 90% de las figuritas necesarias. Panini hará un negocio millonario y a su turno (y aunque en menor medida) lo harán también los gigantes que se quedaron con el negocio de la distribución. Tras la fiebre mundialista habrá grandes ganadores más allá de los resultados futbolísticos. 

 Paquetes turísticos para viajar al mundial, ofertas para comprar televisores en cuotas, camisetas originales a $25.000 y otras utilidades que se moverán detrás de las más fáciles de evocar. Se moverán sumas millonarias también en concepto de derechos de televisación, regalías y patrocinios. Por ello fue que desde el vamos la corona qatarí estuvo en el ojo del huracán tras sospecharse que hubo sobornos a la Fifa para que el emirato sea la sede que albergue la competencia en 2022. Un escándalo que estalló porque esta resolución perjudicó a Estados Unidos, que también pretendía albergar la competición y quedarse con las fortunas que ruedan atrás de la pelota. 

 Cabe recordar en tal sentido que los emires se lanzaron a construir ocho megaestadios de lujo para estar a la altura de las circunstancias, inclusive con sistema de refrigeración en algunos de ellos para mitigar las altas temperaturas que pueden predominar en el país árido. Obras magnificentes edificadas con sangre de trabajadores inmigrantes, que contrario al público mundialista, trabajaron incansablemente en estas obras expuestos a temperaturas de hasta 50 grados, resultando muertos (por lo menos) más de 6.500 en condiciones de precarización extrema. 

 Puede que la pelota “no se manche”, pero el sentimiento que despierta cuando rueda sería más limpio y transparente para los pueblos del mundo sin la suciedad que traen los negocios de un puñado de capitalistas. 

 Manuel Taba

Nuevos combates en Libia

Trípoli, tras los combates 

La reanudación de los enfrentamientos militares en Libia dejó este fin de semana más de 30 muertos y un centenar de heridos, cuando las milicias que responden al gobierno con sede en la ciudad de Sirte intentaron tomar la capital, Trípoli, dominada por el llamado Gobierno de Unidad Nacional. 

 El gobierno con sede en Trípoli está liderado por Abdul Hamid Dbeibé, mientras que el segundo (con sede en la ciudad de Sirte, en el este) lo encabeza Fathi Bashagha, con el apoyo del poderoso mariscal Jalifa Haftar. 

 Tras la operación imperialista de 2011, que depuso a Muamar Gadafi, este país del norte africano, rico en recursos petroleros y gasísticos, ingresó en un proceso de desintegración territorial. En el año 2020, un acuerdo patrocinado por Naciones Unidas alumbró un gobierno de transición que incluía a las dos principales facciones. Ese gobierno debía llevar a cabo elecciones presidenciales en diciembre de 2021, pero el desacuerdo sobre las reglas hizo naufragar esa tentativa. La Cámara de Representantes, con sede en la ciudad de Tobruk (ahora trasladada a Sirte), declaró entonces terminado el mandato de Dbeibé y eligió a Bashagha como primer ministro, volviendo a partir el país en dos. 

 Más allá de esta división, hay gran cantidad de milicias que operan autónomamente. Y la región del sur acaba de amenazar con formar un gobierno propio, al estilo de Sirte, si Trípoli no realiza concesiones en materia de puestos de gobierno (Libya Observer, 22/8). 

 El interrogante ahora es si la ofensiva de las milicias del este, que fue contenida por las tropas de Trípoli, será el punto de partida de una escalada en los enfrentamientos. Vale mencionar que seis hospitales se vieron afectados por los últimos choques en la capital. 

E l gobierno de Trípoli afirma que en vísperas de la última ofensiva sobre la ciudad estaba en discusión una convocatoria conjunta a elecciones para fin de año, que es alentada por Naciones Unidas. Pero las últimas negociaciones fracasaron. 

 Libia no solo es escenario del enfrentamiento entre las facciones locales sino también entre distintas potencias extranjeras. Turquía e Italia estuvieron entre los principales sostenes iniciales del gobierno de Trípoli, en tanto que Rusia, Francia, Egipto y los Emiratos Arabes se ubicaron más cerca del otro bando. 

 De todos modos, no es raro que los gobiernos foráneos involucrados cultiven relaciones con las dos partes, como lo ha reconocido recientemente en un reportaje con la cadena Al Jazeera la embajadora del Reino Unido, Caroline Hurndall, quien afirmó que trabajan con el Gobierno de Unidad Nacional, pero tienen buen vínculo con Bashana (Libya Observer, 11/8). 

 La guerra en Ucrania, con el consecuente impacto en la situación energética, acentuó el interés del imperialismo por el norte africano. Emmanuel Macron, el presidente galo, acaba de visitar Argelia, con el gas de ese país en la mira. Argel, de hecho, viene de pactar un incremento de las exportaciones de ese producto a Italia. En el caso de Libia, la Total francesa y el titular de la estatal National Oil Corporation discutieron estos días tratar de avanzar en una mayor producción, en momentos que la Unión Europea busca reducir su dependencia de los combustibles rusos. 

 La guerra en el este europeo mejoró los ingresos de Libia por petróleo y gas, pero al mismo tiempo encareció los cereales que importa desde Ucrania. Alrededor de medio millón de personas dependen de la asistencia alimentaria y un 10% de la población, de algún tipo de ayuda humanitaria (ídem, 17/8). El aumento en el costo de los productos de primera necesidad desató protestas en el mes de julio, tanto en la capital como frente al parlamento que aún tenía su sede en Tobruk. 

 La intervención de la clase trabajadora es lo único que puede dar una salida positiva al descalabro libio. 

 Gustavo Montenegro