viernes, agosto 19, 2022

Chile: por qué votar en blanco o nulo en el plebiscito


El 4 de septiembre se realiza la elección 

El 4 de septiembre tendrá lugar el plebiscito en Chile por la nueva Constitución. Cuando restan pocas semanas, de acuerdo a las encuestas, estaría triunfando el rechazo. Este hecho naturalmente impacta si tenemos presente que el Apruebo inicial en el plebiscito de entrada cosechó el 80% de los votos, en el marco de una de las elecciones más concurridas de las últimas décadas. 
 ¿A qué se debe semejante cambio? Es imposible entender este giro al margen del desempeño del gobierno de Boric y el desencanto que ha provocado en la población. La luna de miel se terminó muy rápido y los índices de popularidad de la nueva gestión han descendido abruptamente. El plebiscito se ha convertido no solo en una consulta sobre la Constitución sino sobre el propio gobierno. El campo oficialista y Boric en persona han presentado el triunfo del Apruebo como un respaldo a su gestión. 
 Los seis primeros meses de Apruebo Dignidad en el poder no dejan lugar a dudas de la orientación del gobierno. La elección de Marcel, un ortodoxo neoliberal, quien se desempeñara como presidente del Banco Central bajo las presidencias de Bachelet y Piñera, al frente de la cartera de Finanzas es una señal clave. Expresa que lo que prevalece es una continuidad, no una ruptura, con el régimen de estos últimos 30 años. El resto del gabinete está poblado de representantes de la ex Concertación, que incluso han ido conquistando más cargos a medida que pasaron los meses. 
 No nos debe sorprender que el gobierno de Boric haya debutado reprimiendo a los estudiantes y que luego se procediera a la militarización del Walllmapu, reponiendo el estado de emergencia que en su momento había decretado la derecha en el gobierno. El enorme aparato represivo acusado de graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido, que es una de las herencias principales del pinochetismo, se mantiene intacto, sin las reformas prometidas. No hay ninguna reversión de las penurias de las masas, incluso se han agravado si tenemos presente que la inflación ha llegado al 13%, pulverizando los salarios. El ministro de Economía vetó, bajo presión a las AFP, un nuevo retiro jubilatorio y, en lugar de ello, se concedió un bono por una suma ínfima alejado de las necesidades en momentos en que los salarios ni siquiera alcanzan la línea de pobreza.

 La nueva Constitución 

La constitución propuesta por la convención ha seguido el mismo derrotero. El carácter de la constituyente quedó expuesto con claridad de entrada cuando se negó a disponer y tomar en sus manos la libertad de las y los presos políticos, consideró que estaba fuera de sus competencias y delegó su resolución al Congreso. Lejos de una Constituyente soberana, estábamos frente a un órgano amañado, condicionado y subordinado a los poderes e instituciones vigentes, conforme el diseño del pacto del 15 de noviembre de 2019 urdido entre los partidos patronales. A la hora de una apreciación general, lo que caracteriza la nueva Constitución es que no se altera la matriz fundamental vigente en estas décadas y que viene de la dictadura. Se mantiene en pie la educación privada, que ha ido de la mano con la arancelización de los estudios y las deudas de las familias para hacerle frente. La salud privada, que ha obligado a las familias a estar sometidas a largas esperas para conseguir turno y hacer colectas para cubrir el costo de intervenciones. La jubilación privada, que implica un gran negociado y que condena a los jubilados a ingresos de indigencia. 

Sigue el saqueo del cobre y de las riquezas mineras y el patrimonio nacional.

 La nueva Constitución le da la espalda a los grandes reclamos presentes en la rebelión popular. Ni siquiera figura la disolución de los carabineros, que concentra el odio popular y que es uno de los símbolos del legado de la dictadura. Lejos de barrer esta lacra de estos 30 años, asistimos a un reciclaje del viejo edificio pinochetista que ha persistido desde la transición hasta el día de hoy. 
 La enunciación de derechos queda vaciado si no se aseguran los medios y los recursos para ejercerlos. Los derechos a la educación o la salud son huecos si hay que pagar un arancel. Del mismo modo, es incompatible el derecho a la seguridad social con las AFP (las administradoras de jubilación privada), que vienen lucrando a expensas de los jubilados. La nueva Constitución proclama ese derecho, pero delega en el Congreso -compuesto, recordemos, mayoritariamente por bancadas de la derecha y la Concertación- la elaboración de un nuevo sistema previsional. Lo que se estaría cocinando, bajo iniciativa del gobierno y consensuado con los bloques parlamentarios, sería un sistema mixto con una jubilación asistencial otorgada por el Estado que coexistirá con la jubilación privada, que continuaría operando para las franjas de mayores ingresos.
 La fruta del postre es el compromiso que acaban de firmar los partidos de Apruebo Dignidad y la ex Concertación de reformar en el Parlamento la nueva Constitución. Si algo faltaba para ver el fraude que representa el proceso constituyente, aquí está expuesto. A través de este mecanismo, se terminarían de depurar los aspectos “molestos” del texto aprobado que puedan despertar desconfianza y recelos de la clase capitalista y pactarlos con la derecha. Entre los puntos que podrían abarcar los “cambios” se incluyen el estado de emergencia para sacar a los militares en caso de “grave alteración de la seguridad pública”; la protección de la actividad de las clínicas privadas; una limitación de la Justicia y consentimiento indígena, la continuidad de las AFP, como señalamos más arriba, sobre el cual el gobierno de Boric está estudiando una nueva legislación. Por supuesto, en este marco, el derecho al aborto, una de las pocas reivindicaciones concretas que contiene el nuevo proyecto de Constitución, caerá seguramente también en la volteada o simplemente quedará en el “olvido” la ley que materialice su acceso. 
 Viene al caso destacar que las propias normas transitorias votadas por todas las bancadas de la Convención Constitucional ya le dieron múltiples recursos al actual Congreso, que continuará en sus funciones hasta 2026. Ninguna de las disposiciones de la nueva Carta Magna entrará en vigencia hasta que no se dicten las leyes que regulen su aplicación, de modo tal que el Parlamento, con su actual composición, termina por hacer y deshacer a su antojo la normativa que se apruebe. 

 Desafío de la izquierda 

Si nos guiamos por lo aquí expuesto, no puede sorprender la falta de entusiasmo, más bien la decepción que el plebiscito provoca en el pueblo. La responsabilidad por los resultados y de un eventual rechazo le cabe enteramente al gobierno. Las invocaciones que se hacen desde el campo oficial de que no hay que hacerle juego a la derecha y tratar por esa vía de forzar un voto por el Apruebo son una impostura, cuando es Apruebo Dignidad quien ha terminado adaptándose a la derecha y pactando con ella, incluso anticipando que negociará en el Congreso modificaciones de la Constitución una vez aprobada en el plebiscito. No debe sorprender, en este marco, que la derecha se envalentone y, demagogia mediante, haya logrado que prospere el rechazo. Inclusive, ha dejado abierta las puertas a partir de un eventual Rechazo, proceder a una reforma de la Constitución vigente, procurando capitalizar a su favor la aspiración que pueda reinar en alguna parte de la opinión pública sobre la necesidad de una modificación de la Constitución pinochetista. 
 La nueva Constitución, cuyo contenido final aún será materia de negociaciones posteriores al plebiscito, es el remate de un operativo que arrancó con el pacto del 15 de noviembre de 2019, uno de cuyos artífices es el actual presidente chileno, consensuado entre el gobierno derechista y la oposición. La función de este acuerdo fue impedir la caída de Piñera que estaba bajo las cuerdas en medio del levantamiento popular que sacudió el país. En virtud del acuerdo se parió una transición que contempla un calendario electoral que concluye el 4 de septiembre con el plebiscito. El operativo puesto en marcha apuntó a sacar a la gente de las calles, encauzar el proceso político y restaurar el orden jurídico y social vigente. 
 La nueva Constitución es una pieza complementaria, junto con la asunción de Boric, para establecer un dique de contención de las tendencias a la rebelión popular, que ha alterado el escenario político del país vecino y lo condiciona hasta el día de hoy. Un triunfo del Apruebo sería un respaldo al gobierno, que utilizará un resultado favorable en las urnas para remontar su pérdida de ascendiente popular y profundizar la orientación antipopular y de garantías al capital, que viene llevando adelante hasta el momento. 
 Un triunfo del Sí no mejora las condiciones para luchar de las masas -como plantea la mayoría de la izquierda que se ha volcado a apoyar el Apruebo-, sino que refuerza la capacidad de acción de esta nueva tentativa de frente popular para enfrentarlas y derrotarlas. No olvidemos que la principal carta de contención de los trabajadores es el gobierno de Boric, quien cuenta, por más recelos que despierte, con el aval de la clase dirigente local y el imperialismo, empezando por la Casa Blanca y el gobierno de Biden. En este contexto, un agravamiento de la crisis política del gobierno como consecuencia del desenlace electoral adverso ampliaría el campo de lucha de los explotados chilenos. La explotación y el aprovechamiento que pueda hacer la derecha de un revés electoral es secundario. 
 Hay que reforzar, más que nunca, la independencia política del gobierno que, por otra parte, es la mejor garantía para derrotar la derecha mientras que la política de colaboración de clases, como lo corrobora la propia experiencia histórica de Chile, termina abriéndole paso. El Apruebo, por más que se lo enarbole tras un programa independiente, conspira contra la independencia de clase y es un factor mayúsculo de confusión en las filas de los trabajadores. El peligro mayor en la actual coyuntura reside la cooptación de la izquierda por parte del frente popular en el poder y terminar de enchalecarse como furgón de cola de la colación gobernante. 
 El Partido Obrero llama a votar en blanco/anular el voto y conformar un frente único en función de esta perspectiva. No apoyamos el Rechazo para no confundir nuestra posición con la derecha encolumnada tras él. Coincidimos con la postura adoptada por la Fuerza 18 de Octubre de Chile. Los movimientos de lucha de las masas, las tendencias y luchadores combativos chilenos deben romper con la política de subordinación que significa la campaña por el Apruebo. La lucha por el voto nulo se inscribe en la lucha estratégica por una salida de los trabajadores para imponer las demandas pendientes e insatisfechas de la rebelión popular: No + AFP, educación y salud gratuitas, derecho al aborto, no pago de la deuda pública, nacionalización de los recursos estratégicos, libertad a las y los presos políticos, desmilitarización del Wallmapu, desmantelamiento del aparato represivo. 

 Pablo Heller

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