El tema ocupó (y sigue ocupando) el centro de la situación política, lo cual quitó relevancia a dos hechos de vital importancia para los trabajadores: la decisión de Sergio Massa de hacer recortes por 210.000 millones de pesos de partidas presupuestarias para educación, salud, vivienda, obras públicas y aportes a las provincias. Junto con el hachazo de la Decisión Ministerial 826, se concretó la designación de Gabriel Rubinstein como viceministro de Massa; entre los dos hay mucho en común: Rubinstein es partidario de hacer un fuerte recorte de los gastos del Estado, además de su buena llegada al FMI es un experimentado devaluador, tareas que cumplió bajo las directivas de Roberto Lavagna cuando este era ministro de Economía bajo los gobiernos de Duhalde y Néstor Kirchner.
El mismo lunes, con el voto de la CGT, el Consejo del Salario decidió llevar el mínimo a $51.200 en setiembre, menos de la mitad de la canasta básica; en noviembre alcanzaría los 57.900, claramente perdiendo frente a la inflación. Es decir, un ajuste en toda la línea que contó con el aval explícito del kirchnerismo.
Corrupción y persecución, en el medio de la crisis
El fiscal Luciani, en su pedido de condena a Cristina Fernández, ventiló solo una parte de la corrupción con la obra pública. Haberlo hecho totalmente hubiera demostrado que esta alcanza a todos los gobiernos. Para tomar solo los de la última década, tuvieron en común la cartelización de la obra pública, hicieron negociados con los subsidios a las empresas y también con las renegociaciones de la deuda pública. De esta operatoria la principal beneficiaria fue la clase capitalista (nacional y extranjera) que gracias a ello se alzó con grandes negociados. El kirchnerismo no fue ajeno a esto, desarrolló sus propios grupos. Lo reconoció la propia vicepresidenta en su video de defensa: describió la corrupción de todos los gobiernos, colocó en la mira a funcionarios propios, los unió en entramados con el macrismo e incluso sembró sospechas sobre el gobierno de Néstor por su acuerdo con Clarín en 2007, para concluir que “en Argentina las cosas son así”. La parcialidad de la justicia parte justamente de que se ha centrado en la vice y exime al macrismo, en ese sentido hay una persecución que no quita que CFK es parte activa en la corrupción. Como señalamos en nuestro comunicado, “corruptela y persecución” son parte de lo mismo: un régimen en descomposición, y no son incompatibles entre sí.
La derecha agita fuertemente el pedido de condena, se regodea con el alegato del fiscal Luciani, para encontrar un eje que la diferencie del gobierno. Con la llegada de Massa, parte de sus proclamas, sobre todo lo que hace al ajuste fiscal y el cumplimiento a rajatabla del acuerdo con el FMI, está siendo llevada adelante; para más cuenta con el visto bueno del “círculo rojo” y del imperialismo, que cree que este rumbo debe ser sostenido por oficialistas y opositores para impedir que se cuele en la crisis una rebelión popular por los ataques a las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los que habitan este país. Aumento de tarifas, caída de los salarios, del empleo, inflación están en la base de las irrupciones populares en todo el mundo.
El “panperonismo” que salió a atacar Elisa Carrió con varios carpetazos contra dirigentes de Juntos por el Cambio, sobre todo por las relaciones de negocio con Massa, sería la expresión de un acuerdo con eje en el actual ministro de Economía que termine desarmando la posibilidad de que la oposición se alce con el gobierno en 2023.
El alegato de Luciani sirvió también para forzar una grieta. CFK dijo que era víctima de una persecución política por enfrentarse a los “grupos de poder”, justo cuando se sumó sin tapujos al rumbo ajustador del gobierno. CFK le perdonó a Rubinstein sus tuits diciendo que debía ir presa o los memes mostrándola como “chorra” para facilitarle a Sergio Massa (que también prometió en 2015 que si era presidente la metía en cana) una buena estadía en su viaje a EE.UU. para negociar con el FMI, los organismos multilaterales de crédito y los buitres.
La Cámpora quiso dejar testimonio de la completa adaptación a este rumbo. Días antes de que se leyera el pedido de sentencia cambió las pintadas que alertaban a los jueces macristas de que no se metieran con Cristina por otras que pedían una pobre suma fija de $30.000, insistiendo con el planteo de CFK de suspender las paritarias en el medio de una inflación que destruye el salario hora a hora.
Luchar contra el ajuste
El pedido de condena de Luciani también sirvió para que el oficialismo encontrara “una causa” que disimule que es el ejecutor de un ataque en regla a los trabajadores. La idea de un “17 de octubre” que esbozó la senadora K Juliana Di Tullio y las amenazas de ganar las calles en solidaridad con Cristina de la propia CGT y CTA no deben confundir. El rechazo a una condena proscriptiva y la denuncia del carácter manipulador que tiene todo el proceso judicial no son razones para dar un apoyo político al operativo que quiere montar el kirchnerismo para hacer pasar la política antiobrera y antipopular que lleva adelante el gobierno del Frente de Todos.
Más aún, cuando la “salida Massa” encuentra fuertes dificultades. Sobre todo, porque no logra resolver el problema de la escasez de dólares en el Central. Nadie larga los dólares, ni los exportadores, ni los bancos que iban a prestar, ni los organismos de crédito. Por lo tanto, las presiones para proceder oficialmente a una fuerte devaluación del peso son cada vez más fuertes lo cual según algunas estimaciones (Daniel Artana del Ieral en el programa de Ernesto Tenembaum) podría disparar la inflación mensual al 15%, es decir, una híper con el agravamiento de la situación. El operativo “en defensa de Cristina” tiene un carácter reaccionario.
Los condicionales y las imprecisiones que han puesto tanto Di Tullio como el resto a las posibilidades de impulsar una campaña multitudinaria a favor de Cristina, en el intento por reforzar una polarización política, pone de manifiesto que no se trata de una tarea sencilla, pero a ella se abocan La Cámpora y se ha sumado la CTA conducida por Yasky. El asunto es que Cristina no despierta los mismos fervores; su adaptación a toda la orientación fondomonetarista viene desde hace rato, por algo puso a Alberto Fernández como candidato: por ser bien visto por el capital financiero. Y ahora cuando el gobierno está al borde del abismo ha reforzado ese rumbo. A pesar de sus maniobras, CFK no puede desprenderse de la suerte del gobierno que integra. Para más la corrupción durante sus gobiernos llevaron a verdaderas tragedias como la masacre de Once en febrero de 2012, que sirvieron para ir carcomiendo la adhesión popular con que cuenta la vice.
La derecha que agita las denuncias de Luciani y el kirchnerismo que se coloca como víctima de este tienen en común, y sin grietas, sostener el empobrecimiento general de la población, la entrega de los recursos del país, los intereses de la clase capitalista y el acuerdo con el Fondo con todas sus consecuencias. La tarea de la izquierda no es, por lo tanto, la solidaridad con Cristina por el carácter proscriptivo del pedido de condena que hizo Luciani y las arbitrariedades del proceso judicial.
La tarea de la izquierda y del movimiento popular de conjunto debe estar concentrada en organizar e impulsar la lucha contra el ajuste en marcha que tiene en el kirchnerismo un pilar fundamental. La prioridad está en que triunfe la lucha del Sutna que supera los tres meses, que se redobla ante las provocaciones patronales que quieren doblegar a los trabajadores, que en los últimos días (y durante 72 horas) están presentes en las puertas de las plantas del neumático empeñados en que la inflación no le coma el salario, una contraposición al comportamiento de la burocracia sindical que mantiene al conjunto de los trabajadores inmovilizados entregando el salario y avalando la precarización laboral. Es la misma burocracia que ahora amenaza con ganar las calles en defensa de Cristina que es parte sustancial del ataque a los trabajadores.
Por la defensa de la lucha del Sutna, de la de los docentes y estatales santafesinos con sus cinco días de paro, de los paros de los docentes universitarios nucleados en la Conaduh, de los reclamos del movimiento piquetero, en defensa del salario, las jubilaciones y el trabajo, del acceso a la comida de millones de trabajadores, nuestra campaña es por un paro activo nacional y un plan de lucha que enfrente el ajuste del gobierno de todo el Frente de Todos.
Para la izquierda la tarea central es que los trabajadores rompan con el peronismo que es el ejecutor del ataque, que el movimiento popular como consecuencia de ello se estructure sobre otras banderas, las de la clase obrera, las del socialismo. Esto no es posible sin independencia política.
Eduardo Salas
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