El legajo de “Isabelita” -cuyo nombre real no fue difundido- está atravesada por la persecución y ataque contra la clase obrera y los luchadores.
Se incorporó a los 21 años, en 1969, al Cuerpo de Informaciones de la PFA por recomendación de un jerarca del entonces Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA), creado por una dictadura, la de Onganía-Lanusse. Para 1973, cuando Cámpora disolvió dicho cuerpo, sus agentes fueron reasignados a otras áreas dependientes de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). El jerarca que había reclutado a “Isabelita” pronto se hizo célebre en otra división asesina: el Batallón de inteligencia 601.
La carrera de “Isabelita” comenzó a despegar durante los primeros años de la dictadura de Videla. Entre 1976 y 1979 pasó por la División Central de Reunión, la Dirección General de Inteligencia, el Departamento de Asuntos Subversivos, el Departamento de Asuntos Gremiales y el Departamento de Situación. En 1977 recibió felicitaciones por su trabajo y en 1978 participó de un curso de especialización en inteligencia. Dentro de sus tareas en el movimiento estudiantil, aprovechó para estudiar Ciencias de la Educación en Filosofía y Letras de la UBA.
Sus tareas de inteligencia bajo la dictadura finalizaron en 1982, cuando quedó embarazada y su pareja -un técnico del Batallón 601- fue trasladado a Mar del Plata. Pero no era este el único motivo. El comisario Eduardo Pedro Antoniuk -uno de sus superiores directos- aprobó este traslado agregando otro motivo: “La causante figura en una denuncia realizada en el ámbito internacional por un exintegrante de un organismo de seguridad como perteneciente a organismos de seguridad involucrados en la lucha antisubversiva” (Página/12, 16/08). Otro informe en su legajo, que lleva la firma de Juan Andrés Fonte, el segundo del jefe de la SSF, señala : “La causante presta servicio en el cuadro ‘A’, cumpliendo funciones de Reunión de Información (Servicio Externo), habiendo estado infiltrada en la agrupación MADRES DE TERRORISTAS (sic), siendo detectada. Actualmente y por su estado de embarazo cumple funciones internas”.)
La había delatado el espía Luis Alberto Martínez quien cayó detenido en Suiza durante una “misión”: un intento de robo extorsivo, frecuente en el ámbito de los “grupos de tareas”. Martínez dio una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH). Allí relató las tareas de infiltración de “Isabelita” en las Madres de Plaza de Mayo, involucrándola en los doce secuestros de la Iglesia Santa Cruz, entre ellas, tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo -Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga- y a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. En aquella “operación”, se cree que se cruzó con otro infiltrado “ilustre”, nada menos que Alfredo Astíz, quien revestía en la Marina. Se cree que posiblemente cumplían tareas similares sin estar al tanto de su identidad uno del otro.
Con la democracia, “Isabelita” fue designada en el Departamento de Protección del Orden Constitucional, en el cual retomó sus tareas de infiltración y espionaje sobre las organizaciones populares. Tras el asalto a La Tablada fue seleccionada por el entonces procurador general Andrés D’Alessio para investigar al Movimiento Todos por la Patria (MTP).
Todo el trabajo del departamento de inteligencia de la PFA se dedicó durante el gobierno alfonsinista a continuar la persecución a las organizaciones de derechos humanos y políticas. Esto figura en diversos documentos donde se señala una conexión entre los grupos que protagonizaron el asalto al cuartel de La Tablada con otras organizaciones.
La carrera de “Isabelita” finalizó en la Escuela Federal de Inteligencia, a la que se incorporó en 1997. En el año 2003 solicitó el pase a retiro tras 34 años de servicio.
En 2013, fue denunciada por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré por su implicancia en los secuestros de la Iglesia Santa Cruz. Finalmente, el juez Sergio Torres, en el marco de la causa vinculada a las acciones genocidas ocurridas en la ESMA, archivó parcialmente las actuaciones porque no pudo probar que la mujer hubiera sido parte de los operativos de diciembre de 1977. Pero señaló que el legajo de “Isabelita” contenía pruebas irrefutables de su participación en casos de violación de los derechos humanos y causas de lesa humanidad. Sin embargo, hasta el día de hoy “Isabelita” goza de plena libertad.
El caso de “Isabelita” puede incorporarse a una larga lista de genocidas que siguen gozando al día de hoy del encubrimiento del propio Estado.
La lucha por poner fin a la impunidad de los genocidas está necesariamente ligada a una lucha a fondo por la eliminación de todo el aparato de espionaje que funciona como sostén del régimen vigente. Solo un gobierno de trabajadores podrá llevar a cabo esta tarea.
Joaquín Antúnez
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