Colombia: la reforma tributaria del “capitalismo progresista”

Los últimos anuncios de la gestión Petro han sido el proyecto reforma tributaria presentada en el Congreso y que ha sido definida como el eje central de su gestión para los primeros años de mandato.

 El objetivo central de esta reforma es recaudar 50 billones de pesos colombianos (11 mil millones de dólares) anuales en 2025. En el corto plazo, pretende alcanzar los 25 billones de pesos (5,5 mil millones de dólares) en la perspectiva de aplicar un programa de ayudas sociales. Actualmente, Colombia tiene un déficit del 8% del PBI -algo así como 80 billones de pesos-, en gran medida ocasionado por el déficit comercial que, en 2021, ascendió a $17.800 millones de dólares. Petro pretende financiar un severo ´ajuste´ con esos recursos, en un país donde la situación social es explosiva. Esto se manifestó hace apenas un año atrás, con una huelga general y una rebelión popular en plena pandemia. 

 La reforma tributaria fue el eje central de la reunión que mantuvo el ministro de Hacienda Ocampo con la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), en Cartagena. La presentó como “una contribución que nosotros tenemos que hacer a la paz social de Colombia” (El País, 11/08). Los empresarios se quejan de que el proyecto implica un incremento de 14 billones de pesos en impuestos. Sin embargo, la mayor presión fiscal para financiar programas sociales recaería sobre la empobrecida clase obrera colombiana, pues la mayor recaudación provendría de impuestos al consumo (alimentos ultraprocesados, gaseosas y bebidas azucaradas, nafta, gas natural y envasado, electricidad). Al mismo tiempo se pretende agregar impuestos a elementos envasados en paquetes de un solo uso, algo que afecta a todos los alimentos de la canasta básica. Las empresas trasladarían todo el coste extra a los consumidores finales, llegando a representar un incremento del 5 por ciento del precio del producto.

 Por último, el impuesto al carbono también será trasladado al consumidor, mientras que el proyecto de ley habilita a las empresas a descontar el impuesto al carbono del impuesto sobre la renta, por lo que las empresas pasarían a reducir sus costos de producción y obtendrían un beneficio extra de los consumidores. 

 Las familias colombianas verían crecer la presión fiscal sobre sus magros ingresos en provecho de una supuesta reforma tributaria que pretende “redistribuir el ingreso”. Los empresarios han demostrado una aprobación parcial al proyecto mediante una cotización a la baja del dólar durante la última semana. 

 Joaquín Antúnez

 13/08/2022