A través de un audio, el viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein, tuvo que desmentir la versión de que el gobierno anunciaría una devaluación este jueves. El trascendido fue lanzado por el kirchnerista Verbitsky, el mismo que se cargó a Ginés García después de sacar a la luz el vacunatorio VIP. Pero en este caso, nadie se escandalizó: es que la devaluación de la moneda está en la agenda de Massa-Rubinstein y de todo el gran capital, después del evidente fracaso de los intentos oficiales por posponerla. En los últimos meses, economistas de toda laya repitieron como loros que una devaluación sólo resultaba viable en el marco de un ajuste fiscal y de un ingreso previo de divisas. El cimbronazo cambiario que hoy se discute, sin embargo, no es porque ese plan “preparatorio” haya funcionado, sino más bien por lo contrario. La devaluación selectiva para el agro -´dólar soja´- resultó un fiasco, como los otros incentivos para que los capitalistas ingresen dólares. El gobierno ha logrado comprar divisas sólo después de reforzar el cepo a las importaciones y de desalentar al mercado paralelo subiendo la tasa de interés. A cambio de ese magro resultado, impuso un ´frenazo´ recesivo a la actividad económica, que se redoblará con los recortes a la obra pública y a los gastos en educación y salud. De todos modos, este ajuste de gastos es irrisorio al lado de la emisión necesaria para “honrar” la deuda del Tesoro y la del banco Central.
Pero el mayor de los fracasos del “pretendido” plan Massa es el intento de lograr un préstamo internacional, que no apareció por ningún lado. Los eventuales prestatarios han reclamado garantías leoninas, teniendo en cuenta la fantástica desvalorización de la deuda argentina. Ahora, le han invertido la secuencia a Massa: la condición para un préstamo es la previa devaluación de la moneda. Los funcionarios discuten si debe estar acompañada o no por un desdoblamiento cambiario, y ese es el acuerdo que Massa gestionaría los próximos días con el FMI en Estados Unidos. Ese ´consenso´ torno de la devaluación es el pasaporte para que el FMI apruebe la “segunda revisión” del acuerdo, el cual, en lo que respecta a la “acumulación de reservas”, el gobierno no tendrá condiciones de cumplir.
Rodrigazo
La discusión devaluatoria tiene lugar cuando las estimaciones de inflación para agosto se ubican entre un 6,5 y 7%, tirando abajo la versión de que julio dio un índice alto a causa de los “cambios de gabinete”. Pero una inflación que se calcula entre el 100 y 110%, incluso antes de cualquier devaluación, hace mover la estantería de los que están pergeñando el horizonte devaluatorio. Algunos observadores estiman que el 60% de los precios “todavía siguen como referencia al dólar oficial” – si ese dólar se lleva a 200 pesos, “la inflación pasará a contabilizarse en dos dígitos mensuales” (Infobae, 30/8). Principalmente, una devaluación golpearía sobre los precios de los alimentos. En septiembre y octubre, además, se pondrán en vigencia las nuevas tarifas de gas y luz para todos aquellos que no cuenten con tarifa social.
Una devaluación encenderá una mecha sobre la deuda en pesos que está ajustada al dólar o a la inflación, y planteará un “reperfilamiento” que se hace cuesta arriba para un régimen político fracturado. Es natural, por ello, que la devaluación agite el avispero de la interna oficial –de allí, el destape de Verbitsky. El kirchnerismo teme al fantasma de la rebelión popular y a que la demolición del “plan” económico oficial arrastre a todas las facciones del gobierno. Por cierto, las contradicciones en gestación son más fuertes que la “unidad peronista” que se teje adentro de los vallados de la Recoleta.
El escenario hiper inflacionario que desataría una devaluación sacudirá al conjunto del movimiento obrero, desde los trabajadores bajo convenio hasta los precarizados y desocupados. Por lo pronto, ya existen hoy un conjunto de paritarias que se encuentran en crisis, porque la carestía en ascenso se ha adelantado por mucho a las “cuotas” pactadas por las burocracias sindicales. Por ese motivo, hay huelgas docentes en ocho provincias y conflictos en puerta en varios sindicatos industriales, como ocurre con la rama siderúrgica de la UOM. Indirectamente, la cuestión salarial también rodea a la lucha del sindicato del neumático, por el pago al 200% de las horas extras de los fines de semana. El precario equilibrio que las patronales, la burocracia sindical y el gobierno -a través de las conciliaciones obligatorias- intentan sostener, en medio de la actual carestía, sería definitivamente barrido por una devaluación en regla.
Desde hace algún tiempo, el gobierno viene meneando su “salida” salarial para el caso de un rodrigazo: un aumento de suma fija que patee para el 2023 cualquier otro reajuste paritario, ello, cuando los precios y tarifas redoblarán su marcha al compás del dólar. La burocracia sindical discute su apoyo a este paquete en un marco más amplio, donde se incluye a las quebradas obras sociales de los trabajadores. La CGT reclama un socorro financiero para ese vaciamiento y, en simultáneo, un régimen de recorte de las prestaciones. Al ajuste de los salarios, la burocracia le añade otro ajuste en la salud obrera. El gobierno ya ha puesto en marcha un parte de ese recorte, en lo que respecta a las prestaciones para las personas con discapacidad.
¿Qué nos indica el escenario que tenemos por delante? El escenario superinflacionario que sucedería a una devaluación planteará, a la escala de todo el movimiento obrero y piquetero, la cuestión de la huelga general, es decir, de una acción obrera decidida en defensa del salario, de las jubilaciones y del derecho al trabajo. La necesidad de una huelga indefinida se anticipa, por otra parte, en las luchas que se encuentran en curso, y que han agotado la instancia de los paros parciales. Pero la huelga general está fuera del horizonte de la burocracia sindical, la cual, en sus diferentes vertientes, ya está discutiendo con el gobierno cómo hacerle tomar al movimiento obrero la cicuta de una devaluación. La necesidad de una huelga general para enfrentar el rodrigazo que se viene plantea, con más fuerza que nunca, la necesidad de un congreso obrero impulsado por organizaciones de lucha, activistas y delegados.
Marcelo Ramal
30/08/2022
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