50 años de la Masacre de Trelew

El 22 de agosto de 1972 en la base Aeronaval Almirante Zar, en cercanías de Trelew, fueron fusilados por las Fuerzas Armadas 16 militantes del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros. Sobrevivieron tres que darían testimonio de la masacre y más tarde serian asesinados por la dictadura militar de Videla. En 2012, 40 años después, fueron condenados a prisión perpetua los ex capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio Del Real (ambos fallecieron con prisión domiciliaria) y el cabo Carlos Marandino. Roberto Bravo, otro de los responsables materiales, fue condenado este año en EE. UU. -donde reside desde el 73- a pagar una compensación económica a los familiares de las víctimas. 

 El fusilamiento tuvo lugar bajo la dictadura de Lanusse, cuando ya se encontraba en marcha el operativo del retorno de Perón, y Lanusse iniciaba una diplomacia de acercamiento a Salvador Allende. Según algunos observadores, la masacre afectó la capacidad de contención de las organizaciones armadas, por parte de Perón. Marcó una línea de crisis, que se manifestaría luego en la liberación de facto de los presos políticos en mayo de 1973, y marcaría el enfrentamiento armado entre las organizaciones guerrilleras y las de la burocracia sindical y el propio Estado. En 1972, la prisión de máxima seguridad de Rawson albergaba al menos 200 presos políticos, principalmente de organizaciones guerrilleras y sindicales. El 15 de agosto del 1972 se produjo una fuga parcial organizada por el ERP y FAR –Montoneros decidió no participar, para no entorpecer el proceso electoral que se estaba pactando con Perón. El resultado fue que seis de los fugados, integrantes de las direcciones guerrilleras, escaparon en avión hacia Chile mientras que otros 19 quedaron varados en la terminal aeroportuaria de Trelew, donde pactaron su rendición. Lanusse decretó una “zona de emergencia” y trasladó a los detenidos a la base Almirante Zar. Los 19 detenidos en Trelew fueron incomunicados y torturados por varios días (incluyendo simulacros de fusilamiento), antes de ser ejecutados con fusiles automáticos y rematados en el piso con pistolas 9mm. La dictadura pretendió esconder la masacre, hacerla pasar como un supuesto intento de fuga. También dispuso represalias para quienes hablaran del tema en los medios de comunicación, como reveló un documento hallado en el edificio Cóndor y desclasificado recientemente (ver Página/12, 21/8). 

 Los sobrevivientes denunciaron la masacre y se generó una conmoción popular con movilizaciones en todo el país. Los militantes que estaban en Chile recibieron asilo para ir a Cuba. Domingo Perón, exiliado en España, se limitó a enviar a una revista porteña una nota necrológica. Una vez en el poder, en 1973, no avanzaría en absoluto en el esclarecimiento de los hechos; por el contrario, sería el organizador de las bandas paraestatales de la Triple A.

 Impunidad

 Debieron pasar 40 años para que tres marinos recibieran una condena, en las postrimerías de sus vidas. En 2012 fueron absueltos el entonces jefe de base, el ex capitán de navío Rubén Paccagnini, y el ex capitán Jorge Enrique Bautista, acusado de encubrimiento. Otro criminal impune es el ex contraalmirante Horacio Mayorga, quien no fue juzgado por haber padecido un accidente cerebrovascular. El marino Bravo, una vez en EE. UU., trabajó como contratista del Departamento de Estado y se hizo millonario. La justicia rechazó en 2010 el primer pedido de extradición hecho por Argentina. Su reciente condena, a los 80 años de edad, debería abrir paso en su extradición y juicio por delitos de lesa humanidad. 

 Emiliano Fabris 

 22/08/2022