Claudio Scapolan es un fiscal, ahora suspendido, de San Isidro a cargo de los delitos referidos al narcotráfico. Es denunciado por estar a la cabeza de una banda de funcionarios judiciales y policías que se quedaban con parte de los cargamentos secuestrados en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Todo esto acompañado de la coacción de personas, sustracción de pertenencias de personas allanadas y plantaciones de pruebas. Junto a él fueron procesados otros 50 funcionarios.
Scapolan es protegido por Julio Novo, vinculado a Massa y descrito por Elisa Carrió como el “encubridor del narcotráfico”. Novo había presentado su renuncia en 2017 luego de ser denunciado por encubrimiento agravado en una investigación referida a asesinatos del narco. El abogado de Scapolan es Marcelo D´Angelo, socio de Cristian Ritondo y ex funcionario de Vidal. Arroyo Salgado denuncia que el lobby que opera para apartarla de la causa incluye gestores del massismo y del servicio de inteligencia, como Dario Richarte y especialmente del juez camarista Borinsky.
Esta nueva catarata de denuncias e implicancias vuelven a hacer mella en el señalado ´panperonismo´. Se refiere al vínculo entre un sector del gobierno, encabezado por Massa, y buena parte de Juntos por el Cambio. La denuncia de estos nichos delictivos responde a una presión de los Estados Unidos y de los organismos que supervisan “el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico”. El narcotráfico por un lado y la obra pública por el otro son dos de los pilares del dinero negro y del lavado de dinero. El sistema procesal de la Justicia permite manipular los tiempos y apostar a la prescripción del delito. Para La Nación esto es una advertencia en el caso de Vialidad, donde las relaciones irregulares entre fiscales y jueces y de estos con el macrismo, y el recurso que ofrece para repetidas apelaciones llevaría a la nulidad de lo actuado y a la vuelta a fojas uno.
Federico Fernández
26/08/2022
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