Por primera vez ha saltado a la superficie el conflicto de poder que implica someter al gobierno nacional y sus acciones a la vigilancia de la fuerza de seguridad de la Ciudad. Por cierto, la presidenta se acordó muy tarde de “repensar” la autonomía porteña. No recordó, por ejemplo, que la creación de la Policía de la Ciudad -entre fines de 2016 y comienzos de 2017- contó con el apoyo cerrado del pejotakirchnerismo en la Legislatura porteña. En ese momento, se transfirieron a la Ciudad las funciones fundamentales que ejercía la Policía Federal en la calle, por caso, el control de las manifestaciones populares. Ocho años antes, bajo el gobierno de la propia Cristina (2008), el kircherismo había avalado la creación del “germen” de la policía porteña, bautizada “Metropolitana”.
O sea que Cristina, desde el poder del Estado nacional, en 2008, le otorgó un estatus represivo propio al gobierno derechista de la Ciudad. Ya con Macri en el gobierno nacional, sus legisladores lo refrendaron en 2016. La renuncia a la autonomía en materia de “seguridad” constituyó una formidable concesión al macrismo. Tuvo lugar en medio de un conjunto de acuerdos más amplios, que incluyeron la venta de tierras públicas en Liniers, Barracas y Palermo a la medida del grupo IRSA. Ningún fiscal ha husmeado sobre esta “asociación ilícita”, que estuvo por encima de la ´grieta´.
Naturalmente, Cristina no lo “repensó” en aquel momento, y por una razón muy simple: por entonces, la flamante policía porteña no se encargaba de manifestantes K en la Recoleta, sino de piqueteros, vecinos sin techo, docentes o trabajadores de la salud. En el plano económico, la transferencia de las funciones de seguridad a la Ciudad comportó un gran ajuste, ya que la CABA no recibió fondos en proporción a los efectivos transferidos. Por esa razón, la “función seguridad” en el presupuesto porteño fue cubierta a expensas de ajustes en otras áreas. La transferencia policial coincidió con una caída estructural en la participación de los rubros de Educación y Salud dentro del presupuesto de la Ciudad. Este ajuste demostró, por otra parte, que la autonomía porteña -consagrada en la Constituyente de 1994- no tuvo como propósito una elevación de derechos a la población de la Ciudad. Por el contrario, la descentralización obedeció a una tendencia reaccionaria general, consistente en trasladar gastos sociales a las provincias para concentrar los recursos del Estado nacional en el cumplimiento de la deuda con el capital financiero. La Constituyente de 1994, que sesionó en los tiempos de Menem-Cavallo, sirvió en el plano económico a este propósito reaccionario.
Los Kirchner aprobaron este rumbo en la convención de Santa Fe. Ya desde el gobierno nacional, en 2007-2015, impulsaron entusiastamente esta autonomía con cuño fondomonetarista. Y no fue sólo la policía: también le cedieron a la CABA el control del subte, para que Macri-Larreta se ensañaran con las conquistas de sus trabajadores.
Ahora, y después de unos cuantos años, el kirchnerismo ha bebido de su propia medicina. La policía de Larreta, creada con el aval de los K, reprimió a los manifestantes que se acercaron a la casa de Cristina. Sin embargo, no hay indicios de que Cristina siga “repesando” demasiado la autonomía. Por lo pronto, Anibal Fernández parece haber pactado un orden de cosas con su par porteño D´Alessandro. Los dos saben muy bien que la Policía de la Ciudad deberá volver a sus tareas corrientes, cuando las manifestaciones de desocupados, de trabajadores que reclaman la reapertura de sus paritarias, de deudores UVA, de las organizaciones de discapacitados que denuncian el recorte de sus prestaciones y muchos otros reclamos, pueblen las calles de la Ciudad. El ajuste de Massa necesita a los ´cruzados´ de Larreta en sus puestos, no en la Recoleta. En todos esos menesteres, Aníbal Fernández tiene mucho para enseñarles a los represores porteños.
Marcelo Ramal
31/08/22
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