La atención política será acaparada, a partir de los primeros días de septiembre, por el desarrollo del juicio oral y público del caso Vialidad. La defensa de Cristina Kirchner y la del resto de los imputados se esmerará en refutar la acusación de los fiscales, que han pedido diversas penas por los delitos de defraudación al Estado y asociación ilícita. De acuerdo a lo que han ventilado voceros y periodistas del riñón oficialista, presentarán pruebas, testimonios y peritajes que invalidan que la obra pública realizada por Austral Construcciones, de Lázaro Báez, haya violado el sistema licitatorio, incumplido con los pliegos correspondientes o incurrido en sobreprecios.
El debate acerca de la asociación ilícita para defraudar al erario público ocupará un lugar fundamental, tanto en cuanto a las pruebas que se exhiban como a la doctrina. Los defensores insistirán en que la equiparación de un gobierno constitucional con una banda para delinquir es un absurdo conceptual.
El debate no quedará circunscripto a la Acusación, por un lado, y a la Defensa, por el otro. El escenario será copado por los medios de comunicación y por las manifestaciones políticas de un lado y del otro, y también por terceros. Tres mandatarios latinoamericanos, de los más significativos, han tomado posición a favor de Cristina Fernández – el mexicano López Obrador, el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Luis Arce de Bolivia. El ex gobernador republicano Ted Cruz, una de las principales espadas de Trump, salió en punta a una campaña continental a favor de la condena a la ex Presidenta. Se descuenta que el juicio ocupará un lugar relevante en la campaña presidencial en Brasil, en especial por parte de Bolsonaro, que no perderá ocasión para ligar a Lula con la delincuencia institucional.
Las posiciones están jugadas. El tratamiento que los medios han dado a la entrevista a Alberto Fernández en A Dos Voces es la señal inequívoca que agotarán todos los recursos para obtener la condena pedida por los fiscales. La Nación llevó su editorial condenatorio de Alberto Fernández a la tapa de la edición del viernes 26. El vocerío mediático atribuye al Presidente una analogía entre los fiscales de Vialidad y el fiscal Nisman, que tuvo a su cargo la investigación del atentado a la AMIA y la denuncia del Memorando de Entendimiento con Irán. La conexión entre la muerte de Nisman y las medidas de seguridad pedidas por la Corte para Luciani y Mola, fue introducida por los entrevistadores. Alberto Fernández advirtió que el asesinato de Nisman no ha sido probado, lo cual es cierto. JxC, con la excepción de los radicales Manes y Morales y del ex kirchnerista Pichetto, han presentado la iniciativa de un juicio político al Presidente, alegando una injerencia en el juicio en trámite, que violaría una norma constitucional. Alberto Fernández, sin embargo, no reclamó los expedientes del juicio ni interviene en su desarrollo, que es lo que prohíbe en forma taxativa la Constitución. Contrariamente a lo que dice el macrismo, si el Presidente omitiera su juicio sobre un pedido de condena de la Vicepresidente, podría ser cuestionado como cómplice de un golpe de estado. La ofensiva contra Alberto Fernández ha ido más lejos, porque se lo vuelve a identificar como un agente de la diplomacia de Rusia y de China. Para redondear el relato, sectores de JxC han reclamado la reapertura de dos juicios, el memorando con Irán y la causa Los Sauces, en los que la Vicepresidenta fue sobreseída. El kirchnerismo, por su lado, anuncia un “quilombo” en caso de condena y reclama la movilización del PJ para hacer frente a lo que llama un intento de destruir al peronismo.
Para el oficialismo, la condena “está escrita”. La intimidad entre el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu, así como la filiación macrista de Gorini, otro de los jueces del tribunal, confirmaría aquella suposición. En la campaña anti-kirchnerista se advierte una intención de que una condena sirva para separar al ‘verdadero’ peronismo del destino de CFK. La Cámpora y sus aliados, del otro lado, prometen “armar”, en caso de un desarrollo desfavorable del juicio, un gran “quilombo”. El desarrollo del juicio no está condicionado, sin embargo, por toda esta confrontación. En forma paralela, Sergio Massa necesita con urgencia obtener nuevo financiamiento internacional para evitar una nueva corrida cambiaria y una corrida bancaria. Ese financiamiento depende, eventualmente, de un compromiso de devaluar el peso, a 200 por dólar.
Massa intenta contemporizar mediante la oferta de tipos diferentes de cambio a cada sector de la economía; el vice de Economía, Gabriel Rubinstein, aboga por un desdoblamiento cambiario – uno comercial, otro financiero. Dado el impacto que tendrá en la deuda pública y en el agrandamiento del déficit financiero del Tesoro y la inflación, cualquiera de estas variantes llevará a una mega devaluación del peso y a una conmoción social y política. El juicio de Vialidad está sentado sobre un volcán. Los grandes intereses capitalistas en juego no dejarán de incidir en su desenlace y, alternativamente, en una salida arbitrada. Argentina asiste a un delineamiento de fuerzas políticas como pocas veces antes. Tiene lugar un debate excepcional acerca del poder en todos los planos – no sólo ni principalmente desde Comodoro Py, sino por sobre todo en una lucha de clases creciente incentivada por el derrumbe de la economía y la política.
La mayor dificultad que tendrá el tribunal en imponer “la condena escrita” está referida a la acusación de asociación ilícita. La objetan personajes representativos del escenario político oficial como el macrista Pichetto, el periodista Carlos Pagni, el constitucionalista Gil Domínguez y una tanda de círculos jurídicos. Sería un hueso duro de tragar para la Corte cuando el expediente le llegue en la apelación. Se plantea entonces la variante de una condena por defraudación al Estado, y un desistimiento de la asociación ilícita. Sería, al menos en principio, una derrota para ambos lados de la ‘grieta’. Las posibilidades que ofrece el recurso apelatorio podría dilatar una sentencia definitiva, de un tipo u otro, hasta 2026. Lo que muchos denuncian como un reaseguro para la libertad de CFK, sería también un escenario de agitación permanente. El tránsito a las elecciones de agosto/octubre del año que viene se encuentra totalmente trastocado, en especial para las dos pseudo coaliciones mayoritarias.
Este panorama político deja en claro que en Argentina se desarrolla una crisis de poder y una lucha de poder. Que la crisis envuelve al gobierno, al régimen político y al Estado. Que la cuestión estratégica domina el escenario político. El patrón de Fate y de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, acaba de declarar que “lo que se está discutiendo”, en el conflicto por el pago del 200% por la jornadas de fin de semana, “es quién conduce la planta, si la empresa o el gremio”. El propósito de la patronal de destruir la organización del sindicato en las fábricas es condensado como un conflicto de poder. El diario La Nación, que reproduce estas declaraciones, advierte además que la importación de neumáticos, para compensar las pérdidas que ocasiona el conflicto, llevaría el precio a las nubes, debido al mayor costo de la producción extranjera. “Los de arriba” ya no pueden gobernar ni producir como lo venían haciendo, y “los de abajo” tampoco toleran más la precariedad laboral y la miseria social que han venido sufriendo.
Jorge Altamira
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