Prensa Obrera caracterizó el resultado electoral del primer turno de la siguiente manera: “La orfandad de la intención de votos para los partidos patronales ha llevado a muchos a concluir que el próximo gobierno será débil y que quizás tampoco dure bastante tiempo. Pero este pronóstico hay que condicionarlo. Primero, porque dependerá de los resultados electorales del segundo turno. Segundo, porque el próximo presidente podría condicionar las elecciones provinciales posteriores y llegar a diciembre con un fuerte esquema político. Lo que es claro, de todos modos, es que el futuro gobierno deberá ganar su estabilidad y sus posibilidades peleando numerosas crisis políticas y los conflictos que acarrea la bancarrota capitalista” (Altamira, PO Nº796,10/4/2003). En el primer turno, el peronismo y el radicalismo se habían presentado con tres candidatos cada uno, lo que resultó en una inédita atomización electoral.
La clase capitalista vacilaba acerca de su candidato preferido. Por ejemplo, la dirigencia de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) afirmaba que el puntano Rodríguez Saá “no es el candidato ideal, pero tiene un grado de previsibilidad mayor que Kirchner y Carrió”. La misma posición esgrimió la UIA. Rodríguez Saá venía con la carga de haber declarado el default de la deuda pública, en un intento aparente para mantener la convertibilidad, al menos parcialmente. En su breve semana de gobierno, su ministro Espósito había propuesto devaluar el peso que se usa para transacciones y mantener la convertibilidad para créditos y deudas.
Kirchner venía de ser tres veces gobernador de Santa Cruz, un menemista declarado, junto con su esposa, senadora, pero fuertemente ligado, por sobre todo, a las compañías que se beneficiaron con la privatización de YPF. Un hombre de las petroleras y de Repsol. Fue el primer privatizador, con el Banco de Santa Cruz, que entregó a la familia Eskenazi libre de deudas. Bajo la gestión K, el banco provincial había sido llevado a la quiebra. También había entregaddo los principales yacimientos mineros y desmantelado la caja jubilatoria provincial. Reprimió duramente las asambleas populares que tuvieron lugar en la provincia, por medio de grupos paraestatales. No traía un pergamino “nacional y popular”, pero se había sumado a una convocatoria de Duhalde, ya comprometido con la salida de la convertibiidad y la devaluación, en el llamado “grupo Calafate”. Los convidados discutían cómo ‘recuperar’ la raíz nacional y popular del peronismo, para hacer frente al derrumbe del período noventista inaugurado por Menem.
Este prontuario fue denunciado por el Partido Obrero. En un discurso de marzo de 2003, Jorge Altamira señaló: “Kirchner tiene 500 millones de dólares de regalías petroleras de Santa Cruz, guardados en Suiza; los controla él y su mujer, Cristina, porque los auditores de las cuentas públicas de Santa Cruz son hombres de Kirchner, y con esa plata compran los medios, con esa plata montan las campañas, con esa plata montan las encuestas” (PO Nº 793,20/3/2003). Todo esto fue hecho con la complicidad de la UCR, que aceptó reformar la Constitución de la provincia para abolir la representación proporcional. El voto por pueblo permitió consagrar mayorías decisivas por medio de elecciones uninominales (elección por mayorías).
Al inicio de la campaña electoral, las encuestas y sondeos mostraron a un Kirchner muy relegado en las intenciones de voto, como lo reveló un deslucido acto en la cancha de River. Todo esto cambiaría cuando Duhalde-Lavagna cerraron un acuerdo con Kirchner y comenzaron a movilizar el aparato del PJ bonaerense. Este pacto imponía al santacruceño el 5 % de un futuro gabinete; el resto, para el pejotismo. Mucho más tarde Néstor Kirchner se sacó de encima este padrinazgo, al que debía su arribo a la Rosada. Kirchner había ido a las elecciones acompañado por Daniel Scioli como candidato a la Presidencia, el símbolo por antonomasia del menemismo. El padrinazgo incluía al FMI, que supervisaba la reestructuración de la deuda pública defolteada.
En el gobierno, Kirchner armaría una alianza en la Ciudad de Buenos Aires con Carrió, el socialista Adolfo Bravo y la CTA (Claudio Lozano) para apoyar la reelección de Aníbal Ibarra. Del mismo modo, cooptaría a un sector relevante del movimiento piquetero, como la CCC-PCR, Barrios de Pie y Luis D’Elia. Quedaría instalada una política de cooptación estatal en todas las direcciones, para volver al “primado de la política” (contra la acción directa) y “recomponer la autoridad del Estado”. Aun así, como el movimiento piquetero seguía en su lucha, Néstor Kichner anunció desde la Rosada el propósito de crear una “brigada antipiquetera”, como había hecho en Santa Cruz, de la cual desistió rápidamente. Para las elecciones de 2007, el enroque fue diferente: anotó, para acompañar a CFK, a Julio Cobos, el radical mendocino. Antes de establecer el “bonapartismo con faldas” de su esposa, Kirchner intentó varias coaliciones, cuando aún no había llegado “la grieta” y la amistad con Magnetto no observaba fisuras.
NK se autoproclamó promotor tardío de un “nuevo modelo productivo”. Lavagna, su ministro de economía, había jugado un papel de piloto en el rescate de los bancos, las AFJP y las empresas privatizadas, que quedaron en quiebra como consecuencia del fin de la convertibilidad y de la megadevaluación del peso. Kirchner apoyó, al igual que todos los candidatos patronales, la invasión del gobierno de Bush a Irak, algo que habían rechazado Francia y Alemania. Kirchner anunció oficialmente la política de “reconstruir la burguesía nacional”, un planteo que había sido ideado por el grupo bancario Adeba, de capitales nacionales y públicos, para justificar el reclamo de subsidios.
Una vez conocida la renuncia de Menem y oficializada la asunción de NK como presidente, el Partido Obrero ofreció una caracterización, que retomaba la precedente, al concluir el primer turno: “La completa orfandad con que asume Kirchner no significa que deba ser necesariamente un gobierno débil; esto depende, en gran parte, de su capacidad para aislar las luchas populares a través de una alianza, como ya se ha manifestado claramente, con el centroizquierda y todas las tendencias de la burocracia de los sindicatos. Pero no será un gobierno representativo sino de componendas, y por lo tanto un gobierno de transición entre dos polos: un gobierno por decreto, o la convocatoria a nuevas elecciones o a elecciones constituyentes. Hará un uso abusivo de la demagogia democrática para ocultar su origen minoritario y su completa contradicción con la soberanía popular, pero por sobre todo para frenar y reprimir los reclamos populares. Si no, que lo digan las asambleas populares de Santa Cruz” (Altamira, PO Nº800,15/5/2003). Se impuso la variante del gobierno por decreto, incluso con mayorías parlamentarias amplias. La muerte temprana de Néstor Kirchner no ha permitido verificar si pretendía instaurar un régimen de reelección indefinida, rotando la Presidencia con su mujer –“hasta que las velas no ardan”.
A diferencia de Chávez o de Lula, NK fue el emergente indirecto o usurpador de una movilización popular, la del 19 y 20 de diciembre de 2001, que ni siquiera contó con su apoyo y que combatió, pero que obligó a un cambio de frente de la burguesía nacional –del endeudamiento al pago de la deuda pública y del flujo de capital extranjero al financiamiento interno-, gracias a un formidable superávit de comercio exterior debido a la devaluación y al crecimiento exponencial de los precios de exportación de Argentina. En 2009, ya bajo la presidencia de CFK, cuando esta situación fue revertida por la crisis mundial de 2007/8, Kirchner y Scioli perderían las elecciones en la provincia de Buenos Aires, a la que se habían presentado como candidatos muletos, ante la pálida figura de Francisco de Narváez, un negociante financiero y supermercadista.
Veinte años después, Cristina Fernández y el peronismo enfrentan un panorama electoral y político bien más sombrío.
Emiliano Fabris
24/05/2023
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