Recurrió al mecanismo “muerte cruzada”.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ordenó este martes 17 la disolución del parlamento y solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a comicios presidenciales y legislativos, que se llevarían a cabo en un plazo de seis meses. En el interregno, podrá gobernar por decreto. Este recurso, que se aplica por primera vez desde que se instituyó en 2008, se conoce como “muerte cruzada”.
Lasso tomó la decisión poco después de exponer en la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político que se sustancia por acusaciones de corrupción en su contra. Más exactamente, por tolerar un contrato lesivo para la empresa pública de transporte de petróleo.
El juicio político fue promovido por el Unes (Unión por la Esperanza), fuerza que responde al expresidente Rafael Correa, pero también recibió el apoyo de viejos socios de Lasso, como el sector mayoritario del Partido Social Cristiano (PSC), que se había aliado al proyecto del banquero (Creo) en las últimas presidenciales. Pachakutik, brazo político de la Conaie (central indígena), se dividió, con once asambleístas que se pronunciaron recientemente en contra de un apartamiento del presidente. Las discrepancias también atravesaban a la bancada de Izquierda Democrática, cuarta fuerza en los últimos comicios.
Sectores de la oposición denuncian que el argumento de Lasso para decretar la muerte cruzada, esto es, la presunta existencia de un estado de “conmoción interna”, es infundado, por lo que estaríamos en verdad ante un golpe de Estado. El PSC presentó un recurso ante la Corte Constitucional para invalidar el recurso presidencial, en tanto que Correa también lo consideró ilegal, pero alentó a aprovechar la oportunidad para sacar a Lasso en las urnas.
Lasso asumió el mando en 2021 y rápidamente se ganó un amplio repudio popular como fruto de sus políticas de ajuste fondomonetarista, a lo que se suma un incremento del poder de fuego de las bandas narco, la inseguridad en los barrios y las masacres en las unidades penitenciarias. Se estima que el rechazo al titular del Ejecutivo asciende al 80% de la población. En las últimas elecciones municipales, apenas pudo presentar un puñado de candidatos.
En 2022, el intento de Lasso por imponer un alza en los combustibles desencadenó una rebelión popular, protagonizada por el movimiento indígena, que estuvo a punto de sacarlo del cargo. En su lugar, se instauró una mesa de diálogo con la que el gobierno buscó descomprimir la situación y dilatar los reclamos de las masas campesinas.
Frente al derrumbe acelerado del gobierno derechista, el correísmo siguió una línea de contención, con la intención de relevar a Lasso, pero sin agitar las aguas de la movilización masiva. Ya en las elecciones de 2021, el candidato de la Unes, Andrés Arauz, había hecho una campaña conciliadora hacia Estados Unidos, con la intención de mostrarse como un carta de confianza para el gran capital.
La Conaie, en tanto, acaba de convocar a un consejo ampliado extraordinario para definir posibles medidas ante el dictado de la muerte cruzada.
Lasso no puede seguir en el cargo un minuto más. Es necesario retomar la movilización para que se vaya y abrir paso a un gobierno de los trabajadores, campesinos e indígenas.
Gustavo Montenegro
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