Iquique queda en el desierto de Atacama, inhóspito, árido, que tiene altas temperaturas de día y un sol feroz, y es muy frío de noche. Miles de migrantes acampan hace meses en esa zona fronteriza entre Chile, Perú y Bolivia, paso habitual de quienes entran o salen de Chile por el llamado Norte Grande. Como los gobiernos cerraron las entradas y las custodian cientos de militares a cada lado, lo que se produjo es un limbo, una encerrona, en la que esperan miles de personas.
Muchos son venezolanos que quieren volver a su país, huyendo no solo de la crisis económica en Chile sino de la política xenófoba del gobierno de Boric. Como la desesperación y la miseria no tienen bandera, también hay haitianos, ecuatorianos, salvadoreños, colombianos. En dirección contraria, venezolanos y peruanos atascados en Tacna, Perú, intentan regresar a sus trabajos y familias en Chile. No dejan cruzar ni a unos ni a otros. Según medios locales, en los últimos días llegaron unas 300 personas más al punto fronterizo.
Los migrantes están a la intemperie, sin agua, alimentos ni servicios sanitarios. Del lado chileno hay un hostigamiento constante de las fuerzas de seguridad y de parte de la población, azuzada por grupos ultraderechistas. Del lado peruano se han denunciado violaciones y que están operando redes de trata. Son frecuentes los enfrentamientos entre policías, soldados y las familias que acampan a la intemperie. Se trata de un lugar que “está extremadamente sucio, con mucha basura y moscas. No hay baños o puntos de hidratación. Muchos niños están enfermando del estómago”, explica uno de los informes elaborados por la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes.
El 7 de mayo partió el primer vuelo humanitario que trasladó a un centenar de venezolanos desde Chile. Forma parte del programa del gobierno de Maduro “Vuelta a la Patria”, que ya repatrió 30.000 venezolanos de los 7 millones que abandonaron al país en los últimos años y están dispersos en 25 países distintos.
En Chile son por lo menos medio millón de venezolanos, un tercio del total de la inmigración. En febrero, Boric se unió a la derecha xenófoba que agita la expulsión de los inmigrantes. Los responsabilizó de la inseguridad, militarizó la frontera Norte del país y suspendió en la frontera los derechos constitucionales por 90 días. Un trato similar al que reciben los mapuches en la Araucanía. Antes hizo votar un puñado de leyes que prácticamente convierten en delincuente pasible de expulsión a cualquier extranjero sin papeles. Ahora el Congreso chileno debate un proyecto de ley que convertiría la migración irregular en un delito con penas de cárcel de hasta 541 días.
La presencia de migrantes en la frontera generó una crisis con Perú pero no porque tengan estrategias distintas. El gobierno golpista de Dina Boluarte decretó la semana pasada el estado de emergencia por 60 días en sus fronteras y ordenó el envío de militares. “Quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros”, dijo la presidenta Diana Boularte, que envió al Congreso un proyecto de ley que condena a más de 500 días de prisión a los extranjeros que no tengan documentos en regla.
No hay grietas entre progresistas o golpistas en la xenofobia y la política de expulsión a los trabajadores extranjeros que huyen de sus países para tratar de sobrevivir a la miseria o a la violencia.
Olga Cristóbal
26/05/2023
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