El Indec difundió nuevos datos el Censo 2022 que arrojan una caída de los hogares que disponen de vivienda propia en el país. El dato se ubica en un 65,5% del total de viviendas y representa una caída de 10 puntos porcentuales en los últimos 20 años, dando cuenta de un agravamiento de la crisis habitacional. Un tercio de los hogares de la población no son dueños de su vivienda.
Este dato debe contrastarse con los resultados del Censo 2010, donde los hogares con vivienda propia alcanzaban el 72,95%, y con el Censo 2001 donde el porcentaje ascendía a 74,9%. Esto ocurre a pesar de que en los últimos 12 años se han construido 4 millones de viviendas nuevas, con un total nacional de 17.780.210 millones de viviendas.
Este fenómeno se encuentra indisolublemente asociado al crecimiento de la crisis habitacional de la mano del deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, el ajuste en obra pública y programas de vivienda y la cuasi inexistencia de créditos hipotecarios accesibles para la población. Además, lo construido durante estos años se encuentra en manos de la especulación inmobiliaria y/o como reserva de valor para los capitalistas, sin acceso para los trabajadores.
Una muestra palpable de la imposibilidad de obtener una vivienda propia y la dependencia de alquileres que suben bajo el influjo de una demanda creciente es lo que ocurre en CABA y la provincia de Buenos Aires. En CABA solo la mitad de los hogares son propietarios (52,9%), con un elevado componente de especulación inmobiliaria y edificación, y una caída de 9 puntos porcentuales respecto a 2010 ; mientras que en la provincia se asciende al 67,3%.
El informe divulgado por el Indec no diferencia entre la propiedad del terreno y la vivienda construida –dato que en el pasado se discriminaba- por lo que encubre cientos de miles de situaciones precarias de propiedad en asentamientos y barrios no urbanizados, que suman a la crisis habitacional más general.
Como datos relevantes del informe se destaca que solo el 62,6% de la viviendas particulares ocupadas cuenta con acceso a la red de cloacas; que el 58,4% de los hogares cuenta con gas de red o electricidad para cocinar –número muy bajo si se tiene en cuenta la presencia de cualquiera de los dos servicios; y solo el 59,3% tiene computadora o tablet.
El crecimiento de las viviendas en los últimos 12 años fue del 28,5%, pasando de 13.835.751 a 17.780.210, contra un crecimiento poblacional del 14,8% (de poco más de 40 millones de habitantes a poco más de 46 millones actuales); sin embargo, esto no dio lugar a una disminución de la crisis habitacional estimada en 4 millones de viviendas, sumando 1,5 millones de viviendas faltantes y 2,5 millones no aptas o con hacinamiento.
El propio Indec, en su último informe de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH), reconoce que más de 1 millón de personas están ocupando hogares en condiciones de hacinamiento crítico.
Estos números arrojan un crecimiento de los inquilinos, quienes carecen de posibilidades para adquirir una vivienda propia y/o un terreno edificable, y se encuentran sometidos a precios de alquiler exorbitantes y a un desplazamiento progresivo de las grandes urbes hacia las zonas más periféricas.
El deterioro de estos indicadores a lo largo de los últimos 20 años coloca el eje de las responsabilidades en cabeza de los políticos capitalistas, sean kirchneristas o macristas, con políticas de ajuste que vienen distanciando severamente a la población del anhelo de una vivienda propia. Por ejemplo, el actual gobierno se ufana de haber construido solo 100.000 viviendas en todo lo que va de su mandato.
La vivienda propia es uno de los “íconos” de la obtención de una estabilidad económica y social, y garantía de vida para la conformación de un hogar y/o la certeza y seguridad de contar con un techo propio. Un derecho fundamental negado a millones de trabajadores y trabajadoras, ocupados, desocupados y jubilados.
Esta situación solo puede solucionarse con un plan integral que parta de la constitución de un banco de tierras ociosas y fiscales para la construcción nacional de un plan de viviendas y acceso universal al crédito hipotecario con cuotas que no superen el 25% de los ingresos familiares y a “tasa cero”. Lo que amerita también una recomposición general de los salarios para poder afrontar los gastos de adquisición de terrenos, construcción y/o compra de vivienda. Además de un impuesto progresivo a la vivienda ociosa para atender la cuestión de un crecimiento de unidades funcionales que se encuentran vacías ante las necesidade surgentes d emillones de trabajadores.
Marcelo Mache
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