Las negociaciones siguen el hilo del proceso iniciado en mayo de este año, cuando luego de que una “marea de derecha” se impusiera en las elecciones municipales, Pedro Sánchez resolvió disolver el Congreso y adelantar para julio las elecciones generales que estaban previstas para fin de año. En su momento, muchos criticaron a Sánchez por lo que consideraron una maniobra suicida. Sin embargo, la convocatoria a evitar un gobierno franquista del PP y la agrupación fascista Vox, logró movilizar a un sector de la población española. La victoria ajustada del PP y la fuerte caída de Vox les impidieron formar una mayoría propia.
Esto terminó de quedar en evidencia la semana pasada, cuando Feijóo y Vox solo consiguieron sumar algunos votos de fuerzas regionales de Navarra y Canarias, sin alcanzar los 176 diputados necesarios para asumir el gobierno. Ahora será el turno del PSOE, que cuenta con 121 diputados y el respaldo de los 31 de “Sumar”, el frente que reúne a los restos de Izquierda Unida y Podemos detrás de la figura de la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afiliada al PCE. Para lograr alcanzar una mayoría absoluta o al menos una mayoría simple para ganar en la segunda vuelta parlamentaria, la coalición de Sánchez y Díaz requiere el voto favorable o la abstención de los partidos independentistas.
En Barcelona, los representantes parlamentarios del derechista Juntos, del ex presidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont, se unieron a los de la Esquerra Republicana y votaron una declaración en la que aseguraron que los 14 diputados catalanes no avalarán ningún gobierno que no asegure la realización de un nuevo referéndum autonómico y la amnistía para todos los condenados por encabezar el fracasado referéndum de octubre de 2017. Desde entonces, Puigdemont se mantiene exiliado en Bruselas, y una amnistía le permitiría regresar a España sin pasar por la cárcel.
Sánchez rechazó cualquier posibilidad de un nuevo referéndum bajo la fórmula de que “nuestro marco será, como siempre ha sido, la Constitución española” (Clarín, 4/10) y afirmó que en caso de no llegar a un acuerdo irán a nuevas elecciones. En cambio, se mostró más condescendiente con la exigencia de una amnistía, a la que ponderó como “una forma de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España” (El País, 6/10). La medida tiene como antecedentes los indultos otorgados por el propio Sánchez en 2021 a nueve dirigentes catalanes, entre ellos Puigdemont, que, sin embargo, dejaron en pie el llamado ´procés´. Sectores del PSOE, con el ex presidente Felipe González a la cabeza, protestaron contra cualquier pacto que implique la amnistía.
La cuestión de la independencia de Cataluña recuperó cuerpo en España a partir de la crisis capitalista mundial de 2007/8. El Estado español salió al rescate de los bancos y los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, emprendieron ajustes feroces, que en Cataluña fueron aplicados a rajatabla por el nacionalismo independentista. Hacia 2011, esta política se agotó y la Asamblea Nacional Catalana relanzó la campaña por la autonomía pretendiendo una redistribución a su favor de los ingresos fiscales, en el marco de una crisis de conjunto del Estado español.
Esta crisis del régimen político está lejos de detenerse en las actuales negociaciones que encabeza Sánchez. La formación del nuevo gobierno transcurre con el mar de fondo de la crisis social, con una inflación que trepa al 10% en los productos de la canasta familiar y una crisis habitacional de gran envergadura. Esta crisis fue la que llevó a la derrota del propio Sánchez en mayo, y que antes deglutió a las formaciones políticas que venían a rejuvenecer al régimen, Podemos primero y Ciudadanos después.
La criminalización del derecho a la independencia del pueblo catalán, así como del vasco y el gallego, está en el ADN de la herencia franquista de los partidos del régimen, basado en la unificación forzosa del Estado bajo el comando de la monarquía. Del otro lado, el movimiento nacionalista de contenido burgués postula una Cataluña soberana en el marco de la Unión Europea y de la OTAN: por eso aceptó sin resistir en 2017 la avanzada represiva contra el referéndum y la intervención de la región por parte del Estado español.
La crisis de régimen le plantea a la clase obrera española la tarea de unificarse y movilizarse bajo sus propias reivindicaciones sociales y políticas y por una salida histórica independiente a los partidos del ajuste, la miseria social y la guerra. En un cuadro de crisis y descomposición sin precedentes del capitalismo, no hay lugar para las autonomías nacionales sino es en el marco de una federación socialista de los pueblos ibéricos y de los estados unidos socialistas de toda Europa.
Julián Asiner
08/10/2023
No hay comentarios.:
Publicar un comentario