Pollicita apunta a que las omisiones y falta de controles por parte de los funcionarios “fueron adrede, fue por decisión de otras personas de que no se controlara y se pagara igual” y sumó “la secretaría a cargo de Emilio Pérsico aprobaba el informe técnico y el análisis se postergaba porque no había mayor información brindada” (Clarín, 29/6). La discrecionalidad, cabe agregar, estaba signada por los tiempos políticos en la relación entre las ´organizaciones sociales´ y el gobierno. La investigación se focaliza en planillas de pocas páginas con expresiones genéricas como “Construcción de mejoras” y “Tareas en Barrio Soldati” sin los detalles o precisiones que pide la normativa. Esas planillas fueron aportadas por los funcionarios del actual Ministerio de ´Capital Humano´. Las facturas adjuntadas, según Clarín, “simularon haber realizado gastos computados al programa”.
La firma de Emilio Pérsico era requerida para liberar los fondos. Como responsable del área de “Economía Social” durante todo el gobierno de Alberto Fernández, Pérsico tenía el atributo de liberar el desembolso de los fondos que también recibía su propia organizaciín. El propio Pérsico se ´autodenunció´ ante la Oficina Anticorrupción por colisión de intereses: figuraba en la nómina de autoridades de algunas de las cooperativas a las que giraba dinero.
Eduardo Belliboni, en su indagatoria, dijo que todas las rendiciones fueron aprobadas por los funcionarios, de lo contrario, se hubieran interrumpido los desembolsos, ya que el reglamento del programa requiere la presentación de gastos, facturas de compras y certificaciones de cumplimiento de trabajos por parte de los titulares del programa, papelerío que periódicamente se actualizaba para liberar nuevos fondos.
Mientras Pollicita avanza en esta dirección, se ha detenido la auditoria sobre el Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU), por indicación de Karina Milei, quien se encuentra detrás de su nuevo titular, Sebastián Pareja. El FISU era administrado por la catequista militante Fernanda Miño, del riñón de Juan Grabois. En 2023, admninistró fondos por 350 millones de dólares. La intervención sobre el FISU fue motivo de un choque significativo entre Karina Milei y Sandra Pettovello, una funcionaria considerada del mismo riñon del presidente.
Alimentos retenidos
Por otro lado, este lunes, el Ministerio de ´Capital Humano´ presentó al juez Ariel Lijo los remitos que acreditarían la entrega de mercadería a comedores y merenderos inexistentes. En el Renacom, se registraron más de 45.000 comedores: unos 20.000 tendrían vencida su inscripción y sólo 4.000 tendrían su matrícula en regla. Ningún funcionario explica, de todos modos, por qué se interrumpió el abastecimiento a aquellos que cumplen con todas las normas. Es obvio que la ´investigación´ forma parte de un replanteo político de la distribución de la asistencia social, planificado mucho antes de que surgieran las supuestas ´pruebas´.
Este expediente que vincula, además de Pérsico, a otro ex-funcionario de Alberto Fernández, Daniel Menéndez, actual Subsecretario de Economía Popular de la provincia de Buenos Aires.
En esta causa, el gobierno intenta revertir el daño sufrido por la revelación de que varias toneladas de alimentos se encontraban retenidas en galpones estatales. Intentó desplazar a Sebastián Casanello, quien había intimado a los funcionarios a presentar un plan inmediato de distribución, y su planteo fue rechazado en la Cámara.
En su presentación, Pettovello defendía la política de cerrojo en la asistencia a los comedores y la discrecionalidad en su distribución. Este revés vuelve a colocar la distribución de lo retenido en Tafi Viejo y en Villa Martelli como una cuestión urgente.
Leonardo Perna
04/07/2024
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