No es la primera vez que el Estado polaco actúa para encubrir su complicidad con la ocupación nazi. En 2018 el gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS) aprobó una ley destinada a impedir que se realizaran contra formulaciones, inclusive involuntarias, que apuntan a una complicidad con la ocupación nazi y tipifica penalmente las acusaciones a Polonia de complicidad con los crímenes del Tercer Reich. Polonia tenía la mayor población judía antes de la II Guerra Mundial y tres millones de los seis millones de judíos aniquilados por los nazis en la “solución final” fueron asesinados en campos de concentración ubicados en la Polonia ocupada por los nazis, como Auschwitz, Treblinka o Sobibor. Sólo 380,000 de los tres millones de judíos polacos sobrevivieron al exterminio. El entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, consideró inaceptable la adopción de una ley que limita la investigación de crímenes contra ciudadanos ucranios en el actual territorio polaco.
Pero Polonia no fue el único país que contó con colaboradores de los nazis entre las esferas del Estado. Otro gran colaborador en el exterminio fue el gobierno de Bélgica. Más de 25.000 judíos y 352 gitanos fueron deportados de la ciudad belga de Malinas hacia Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Herman Van Goethem, del museo Kazerne Dossin y profesor de Historia contemporánea en la Universidad de Amberes, asegura que “en 1941 fue la administración belga la que tomó la iniciativa de deportarlos y ordenó a la policía que los arrestase”. El historiador denuncia la complicidad del Estado belga, empezando por el rey Leopoldo III, “colaboracionista durante la ocupación entre 1940 y 1944” y agrega que “casi nadie pagó por la complicidad con los alemanes, excepto doce personas ejecutadas al finalizar la Segunda Guerra Mundial” (El País, 6/12/12). A pesar de este colaboracionismo de la clase dirigente, las familias belgas escondieron a 30.000 perseguidos que lograron así sobrevivir al Holocausto. Recién en el año 2012, Bruselas celebró la primera ceremonia oficial para reconocer y pedir disculpas por la implicación de las autoridades de la capital belga en las deportaciones de judíos hacia Auschwitz. La complicidad fue moneda corriente también en Amberes y en Flandes.
El caso de colaboración más emblemático sigue siendo el gobierno de Vichy, encabezado por Pierre Laval. El momento más tristemente célebre de Francia es la redada del Velódromo de París, cerca de la Torre Eiffel, en el distrito XV de París, que fue la mayor deportación de judíos que hubo en aquella época del país ocupado por los nazis. El operativo fue llevado adelante por la policía francesa e incluyó la detención de más de 13.000 judíos extranjeros residentes en París, luego traslados a los campos de concentración. El gobierno francés se había comprometido con los alemanes a arrestar a todos los judíos extranjeros censados en la capital. “Las SS pidieron al principio que solo se incluyera a adultos de ambos sexos, en condiciones de trabajar, pero la policía parisiense decidió incluir a los niños de 2 a 12 años, pese a que muchos de ellos habían nacido en Francia. En menos de 48 horas, la policía francesa detuvo a 13.152 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños” (Infobae, 5/4/24). El artículo agrega que “en cuanto a los niños, que la policía francesa había incluido en la redada sin que los nazis se lo pidieran, después de consultar con Berlín, se decidió enviarlos al campo de exterminio de Auschwitz, en la Polonia ocupada, donde fueron llevados directamente de los trenes a las cámaras de gas. Ninguno de los niños detenidos en el Velódromo sobrevivió”.
El Estado francés, por otra parte, destinó hacia el campo de concentración de Mauthausen a miles de republicanos españoles que se habían exiliado en Francia y fueron capturados allí por la policía local. “Fueron unos 7.000, considerados por el régimen hitleriano apátridas enemigos del Reich no reeducables, con la categoría de "Rotspanier", rojos españoles, identificados con el triángulo azul y una S (de Spanier, español) y privados de todo derecho jurídico” (El País, 6/5/19). El diario español asegura que “en total 190.000 presos fueron deportados a Mauthausen, cerca de Linz, a 170 kilómetros de Viena, y sus campos satélites, el peor de los cuales era Gusen, donde la esperanza de vida se reducía a seis meses. Más de la mitad de los presos de Mauthausen murieron en el campo y el porcentaje entre los españoles sube al 65 %. (...) De las condiciones del lugar dio fe el peso medio de los presos tras ser liberados: 40 kilos” (ídem).
La complicidad de las autoridades de los países ocupados por los nazis nunca fue juzgada por ningún tribunal, salvo muy contadas excepciones. Esta política de impunidad fue sólo una extensión de la impunidad que las fuerzas aliadas tendieron sobre la Alemania nazi una vez finalizada la guerra. “Un cálculo del Centro Simon Wiesenthal apunta que desde los juicios de Nuremberg unos 106.000 nazis han sido acusados de crímenes de guerra, de los que cerca de 13.000 han sido hallados culpables, y más o menos la mitad, sentenciados. Sin salir, por ejemplo, de las SS, la organización del aparato nazi más íntimamente implicada en el Holocausto, la mayoría de sus líderes 'fueron tratados con una magnanimidad considerable', en palabras del historiador y periodista Heinz Höhne” (El País, 18/3/17). Al estilo de la ley de obediencia debida argentina, el sistema judicial de Alemania impidió durante décadas la condena de guardias y trabajadores de bajo nivel. Eso recién cambió con la condena de John Demjanjuk en 2011, quien había sido guardia en el campo de exterminio de Sobibor en Polonia y fue condenado por 28.000 cargos de complicidad en el homicidio de miles de personas. Pero ya era demasiado tarde. En el año 2017, murió sin haber entrado en prisión Reinhold Hanning, el último nazi condenado por su accionar como guarda del campo Auschwitz. Condenado como cómplice en la muerte de 170.000 personas, fue sentenciado a ... cinco años de cárcel. “La Audiencia admitió como atenuantes su avanzada edad, el tiempo transcurrido desde los hechos -más de 70 años- y también el arrepentimiento demostrado ante los supervivientes y familiares de víctimas que formaban la acusación particular” (ídem). Su muerte impune se produjo cuando tenía aún pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo el recurso presentado contra su sentencia.
La impunidad de todo el aparato estatal que colaboró con el nazismo, en Alemania y en el resto de los países europeos, fue una política deliberada de las potencias imperialistas vencedoras, en complicidad con el stalinismo, para contener la ola revolucionaria que levantó cabeza con la caída de los regímenes fascistas. Con la reconstrucción de Europa como objetivo inmediato, se tendió aquel gigantesco mando de impunidad sobre los crímenes del nazismo, dejando incluso intacto gran parte de sus organismos de gobierno. Los gobiernos que hoy impulsan nuevas masacres y genocidios en diversas partes del mundo son incapaces de reconocer los crímenes perpetrados en el pasado por regímenes que llegaron al poder producto de la misma descomposición del sistema capitalista que hoy está en evidencia nuevamente
El Be
01/02/2025
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