En la última pasada de motosierra, el Gobierno disolvió este lunes 3 el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), suprimiendo su registro de conciliadores y el fondo de financiamiento destinado a cubrir honorarios y notificaciones.
La Ley Bases es la que habilita al gobierno a cometer la disolución del servicio que atendía los reclamos de los consumidores y usuarios realizados a empresas por fallos en los productos o conflictos en la facturación, y actuaba como mediador. El monto del reclamo implicado no podía exceder un valor equivalente al de 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
El argumento contradictorio de la Secretaría de Comercio para realizar el cierre fue que el organismo “duplicaba funciones y tenía bajos niveles de eficiencia: el año pasado sólo resolvió el 28% de los reclamos ingresados.” Si el organismo hacia el trabajo que ya hacían otros, no se entiende por que quedaron más de 70% de los casos sin resolver, salvo que se entienda -como en muchos otros organismos del Estado- que, por el contrario, no daban abasto para atender los reclamos.
De todas maneras, los trabajadores afectados desmienten los datos dados por el gobierno y advierten que la cifra de casos resueltos por el Servicio durante 2024 es ocho veces mayor.
La Secretaría de Comercio dice, además, que ahora los reclamos podrán hacerse vía web. El problema es que ahí quedarán amontonados en su sitio web, ya que no habrá quien los atienda.
Esta medida no solo implica un ajuste por la plata que se ahorra el Estado, sino que es un beneficio directo para las empresas que ahora podrán salir al mercado sin bozal ni correa. Otro de los argumentos del Gobierno es que el funcionamiento del COPREC encarecía los costos de las empresas, lo cual es lógico, ya que es de esperar que los reclamos sobre la calidad de los productos los obliguen a invertir más y los reclamos por sobrefacturación les erosionen mínimamente las ganancias.
La medida en sí es un paso más en la desregulación del mercado en el cual, según los postulados liberticidas, no debería intervenir el Estado. La cuestión es que la posición oligopólica de las grandes empresas bloquea cualquier “regulación” por la demanda, como es el caso bien claro de las telefónicas o las prepagas. Por lo tanto, la medida no es más que otra invitación a cazar en el zoológico que precariza aún más productos y servicios.
Aldana González
04/02/2025
No hay comentarios.:
Publicar un comentario