El gobierno boliviano comunica a la comunidad nacional e internacional que en la ciudad capital del departamento de Santa Cruz se ha puesto en marcha un golpe de estado civil a la cabeza del presidente del Comité Cívico Branco Marinkovic, y con la tolerancia del prefecto Rubén Costas. El Poder Ejecutivo no responderá a las "provocaciones de grupos fascistas" y defenderá la democracia y la unidad nacional sin declarar estado de sitio en las zonas convulsionadas.
El gobierno denunció en las últimas semanas que se venía gestando una asonada violenta en Santa Cruz con apoyo interno y externo. Hoy se materializaron los malos presagios y "se dio inicio a un golpe de estado cívico prefectural contra la unidad del país y la democracia", dijo el ministro de Gobierno Alfredo Rada.Estudiantes, activistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UCJ) y lumpen de los grupos de choque del movimiento cívico empresarial de Santa Cruz asaltaron este martes las oficinas de Impuestos Internos, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).
Los delincuentes robaron computadoras, televisores, equipos telefónicos y otros bienes públicos, y quemaron muebles y documentación. Apalearon a conscriptos y policías que custodiaban los bienes del Estado. Luego de destruir entidades públicas estatizadas hace poco; los unionistas incendiaron las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CEJIS).Además, activistas de la UJC quemaron las instalaciones de Radio Patria Nueva y asaltaron las oficinas de Televisión Boliviana Canal 7 en Santa Cruz y robaron equipos. Obligaron a Radio Alternativa a suspender emisiones e intimidaron a otros medios no alineados con el autonomismo patronal, tal y como ocurrió la semana pasada en Cobija, donde cuatro radioemisoras tuvieron que interrumpir su trabajo en resguardo de la integridad física de sus periodistas.Se instala una especie de "terrorismo regional y cívico en cuatro departamentos para secuestrar la voz del pueblo y de las conciencias libres que tratan de expresar sus opiniones", lamentó el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
Lo curioso es que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), fiel guardiana de los medios privados, no ha dicho una sola palabra en defensa de la "libertad de expresión".El ministro de Defensa Walker San Miguel valoró la templaza de los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía que se enfrentaron a los vándalos "sin disparar ni una bala", aun a costa de su seguridad personal, conscientes de que la ultra derecha busca muertos y heridos como bandera política.El ministro Rada responsabilizó de todo lo ocurrido en Santa Cruz al dirigente cívico Marinkovic y al prefecto Costas, quien no cumple con su obligación elemental de garantizar la tranquilidad ciudadana y la convivencia pacífica y "desde las sombras alienta este tipo de actos violentos. Estos dos personajes alentaron, promovieron y llevaron adelante esta violencia fascista y racista".
San Miguel reveló que los grupos opositores planean tomar en las próximas horas la refinería de Palmasola e interrumpir la producción de carburantes, pero "los fascistas no pasarán". "Lo que están atacando en el fondo es la democracia. Quieren derrumbar el orden institucional que se ha construido con tanta dificultad, pero no lo vamos ha permitir porque tenemos el apoyo popular", aseguró Quintana.El gobierno no declarará estado de sitio regionalizado, pues esa extrema medida constitucional radicalizaría aún más a las hordas de choque de la ultra derecha. Además, las libertades democráticas de un millón de habitantes en Santa Cruz no pueden ser alteradas por la obra de 500 o mil malandrines, explicó el ministro San Miguel.
Las autoridades del Poder Ejecutivo dicen enfrentar a criminales y delincuentes comunes que responden a un régimen terrorista demente que se quedó sin argumentos políticos y que es incapaz de debatir democráticamente.El gobierno apelará a instrumentos legales y constitucionales para detener el golpe cívico fascista. Prefiere esperar a que el puñado de violentos organizados y financiados por algunos poderes locales se desgaste, y que el timorato Poder Judicial encarcele a los cabecillas.Les toca a las autoridades judiciales "poner en su lugar" a los vándalos que maltratan a la gente y que roban los bienes públicos; a las pseudo autoridades regionales que mandan a golpear a jefes policiales, que desafían a las autoridades militares y que amenazan con tomar cuarteles; y a los "padres de la patria" que convocan abiertamente a la sedición.
El ganadero, terrateniente y jefe de bancada de los diputados de Podemos Antonio Franco "aplaudió" las tomas en Santa Cruz. Fomentó los saqueos el diputado Pablo Klinsky (Podemos), hombre de confianza de Marinkovic."No nos van atropellar, si vamos hablar de enfrentarnos hablemos de enfrentarnos, si vamos a hablar de guerra habrá guerra, pero no nos van imponer las cosas. Somos lo suficientemente fuertes como para partir al país y si tengo que agarrar un palo, una onda, un arma, lo voy hacer, pero voy a defender mi territorio y nadie va a pasar por encima", desafió el diputado de Podemos por el departamento de Santa Cruz Oscar Urenda.
El poder gamonal terrateniente (media luna) pretende afianzar su poder
Bolivia, 11 de septiembre de 2008 (CEP).- Los grupos de choque armados por la burguesía compradora y los terratenientes, autodenominados “media luna”, asaltaron y quemaron instituciones del Estado en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.
El gobierno de Evo Morales tildó a esta acción de “golpe de Estado civil prefectural”, pero al mismo tiempo anunció que no va “a caer en la provocación”. Eso significa en los hechos, como no sucede con su actitud para con los sectores populares, la mera contemplación de estos actos violentos pues la Policía brilla por su ausencia y las Fuerzas Armadas han enviado a adolescentes del servicio militar obligatorio a “defender” esos predios estatales.
¿Cómo se llegó a este enfrentamiento? Luego del referéndum revocatorio del 10 de agosto (donde Morales sacó más del 65% en el país), el gobierno convocó por decreto a otra consulta para el 7 de diciembre que incluye la elección de dos prefectos en La Paz y Cochabamba, subprefectos en todos los departamentos, consejeros departamentales y la aprobación de la Constitución del MAS salida de la fracasada Asamblea Constituyente.
A la vez el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas (con 70% de apoyo en el revocatorio en ese departamento), llamó a la elección de asambleístas departamentales en función de crear su asamblea legislativa autonómica. El reaccionario Consejo Nacional por la Democracia (Conalde), que agrupa a los prefectos de la “media luna”, anunció protestas para recuperar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), restado este año por el gobierno a los presupuestos departamentales.
Lo concreto es que el gobierno intenta conseguir algunas subprefecturas y consejeros departamentales en las regiones orientales donde tiene fuerza el control terrateniente. Tanto el gobierno como la “media luna”, respaldados por los votos, buscan afianzar sus posiciones y disputan por imponer sus respectivos programas, uno burgués burocrático (gobierno del MAS) con su Constitución y reformas políticas, y el otro que apuntala el proyecto terrateniente y “neoliberal”. La pugna de estas facciones está llevando al país a una situación que aparenta ser incontenible, aunque en menores “escaramuzas” ambos han terminado en la negociación.
El gobierno tiene bases que piden “mano dura” contra los cívicos de la “media luna”, pero los ministros y Evo Morales proclaman que es mejor “tener paciencia” y amenazan con el “peso de la ley” para los movilizados. Por otro lado algunos sectores de la “media luna” también tienen contradicciones, mientras unos exigen intentar el diálogo (empresarios afectados por el bloqueo), otros, los terratenientes (particularmente del chaco y llanuras del norte), son los más determinados a quebrar el brazo al gobierno e incluso han criticado al Conalde por su “falta de medidas contundentes”.
Con todo, los terratenientes han comenzado a tomar acciones para afianzar su poder. En Pando, el prefecto y latifundista Leopoldo Fernández designó como nuevo jefe de la oficina departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a Gary von Boek. Así los terratenientes quieren asegurar sus propiedades. Los grupos de choque juveniles, militantes “cívicos”, empresarios, forman parte de este poder gamonal. Como nunca antes, el primer herido en los enfrentamientos en Santa Cruz fue el vicepresidente de los empresarios privados José Céspedes.
La respuesta del gobierno
Los ministros Alfredo Rada y Walker San Miguel denunciaron que “se ha iniciado un golpe de Estado civil prefectural”, pero anunciaron que “no caerán en la provocación y que actuarán responsablemente” con acciones legales y una investigación. Para esto pidieron ayuda del mismo presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marincovic, para que éste “entregue la lista de los responsables de estos hechos”.
Las demandas de los cívicos de las regiones, ahora estructuradas en un proyecto autonomista, han sido solamente la otra cara del centralismo estatal. Estas demandas han sido desplazadas sin ningún problema cuando a esos cívicos les ha tocado ser parte del poder central, y han sido retomadas cuando éstos eran desplazados del aparato estatal centralista. Centralismo y regionalismo son dos caras de una misma moneda, las clases dominantes precisan del Estado para enriquecerse con la brutal explotación burocrático terrateniente, y esto hace un tanto difícil pensar en un proyecto separatista que los revisionistas y el gobierno denuncian todos los días.
Las organizaciones afines al gobierno anunciaron que van a responder. El dirigente del Consejo Nacional por el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, anunció que van a cercar la ciudad de Santa Cruz, en el Chapare; el dirigente cocalero y diputado del MAS Asterio Romero anunció que harán un bloqueo, en Bulo Bulo, en defensa del proceso de cambio y del gobierno de Evo Morales. También otras organizaciones pretenden hacer una marcha para cercar el Congreso.
Las manifestaciones de los dirigentes masistas están orientadas a defender la legalidad burguesa, las declaraciones de dirigentes como Isaac Ávalos, acerca de tomar las tierras de los terratenientes, sólo quedan en declaraciones pues sus acciones, bajo la dirección del gobierno, concentran su fuerzas en “defender la democracia”, “el proceso de cambio”, “cercar el Congreso” para aprobar una ley, pero se pierde y desvanece cuando sus bases piden hacer tomas de tierras.
Mientras Evo Morales decía “somos pacientes”, los campesinos de El Porvenir, en el departamento de Pando, se enfrentaban a un grupo de efectivos de la Prefectura con un saldo, hasta el cierre de esta edición, de 4 muertos por bala y más de 20 heridos (de ambos bandos). Los campesinos se dirigían a un ampliado cuando fueron emboscados por un grupo de autonomistas.
Otros sectores como el Comité Cívico Popular en La Paz, cercanos al MAS, pidieron estado de sitio, pero fueron calificados por el gobierno como “grupúsculos de provocadores”. Un grupo de pobladores alteños, en un intento ingenuo, pidió al gobierno que les entregue armas para enfrentar “a los grupos fascistas en Santa Cruz” pero no mereció la más mínima respuesta de parte del gobierno. Poco a poco ciertos sectores afines al MAS se van dando cuenta de que su gobierno asume una política “cauta” frente a las acciones violentas del poder gamonal terrateniente, pero es particularmente violento con los sectores populares y sindicales no cooptados por el gobierno. Esto se pudo ver en las manifestaciones de los Sin Techo en Oruro, con los cocaleros de Yungas de Vandiola, con los Mineros de Huanuni, en todos los casos con muertos por la policía y con las promesas de “investigación imparcial” pero sin ningún resultado.
Las acciones violentas en la “media luna”
El martes 9, los enfrentamientos en Santa Cruz entre la Policía contra la Unión Juvenil Cruceñista y militantes “cívicos” resultaron en la toma, quema y saqueo de instituciones como el INRA, la empresa de telecomunicaciones ENTEL, Impuestos Nacionales, la onG Cejis, bloqueo al aeropuerto Viru Viru y la quema del canal estatal. El miércoles, con menos violencia y permisividad de la Policía, tomaron la Terminal de Buses, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Superintendencia de Hidrocarburos, Dirección del Trabajo, las oficinas del Servicio Departamental de Educación y la Dirección Distrital de Educación de Santa Cruz. Se hablaba también de la toma de las oficinas de la Aduana, Migraciones y otras sucursales de la empresa ENTEL.
En Tarija, el martes 9, los manifestantes organizados por el Comité Cívico del aquel departamento tomaron la Superintendencia Departamental de Hidrocarburos, Migraciones, Impuestos Nacionales y el Servicio Departamental de Caminos. Al día siguiente los enfrentamientos continuaron y miembros de la Federación Universitaria Local (FUL) bloquearon el Aeropuerto e intentaron tomar si éxito las oficinas de ENTEL. Los medios periodísticos informaron de más de 80 heridos.
En el mismo departamento, en la ciudad de Villamontes, los grupos de choque ganaderos tomaron las válvulas de gas de la empresa Transierra. En la madrugada del día siguiente la válvula de gas Nº 3 de dicha empresa reventó causando una explosión que ocasionó el escape de gas que aún continúa ardiendo. Se presume que el cierre de válvulas generó esta explosión aunque el gobierno habla de un sabotaje terrorista. En la ciudad de Yacuiba se tomó las instalaciones de ENTEL.
Por su parte en Cobija (Pando) los manifestantes tomaron las oficinas del INRA. En Trinidad (Beni) fue tomado el aeropuerto. Los “cívicos” sucrenses se sumaron a las protestas haciendo una toma simbólica de la oficina de Impuestos Nacionales y pusieron un candado a la institución.
Construir el camino del pueblo
La coyuntura del país parece no tener salida. Es compleja para el viejo Estado, pero también lo es para los sectores populares que sufren el alza constante de los precios de la canasta familiar, el desempleo, la falta de gas, además del sometimiento a la brutal explotación del Estado terrateniente burocrático. La alternativa del pueblo boliviano es construir un verdadero campo popular independiente del gobierno, con una organización revolucionaria que deslinde de aquellos que oportunistamente están con un pie dentro del gobierno y un pie fuera y que levante un programa revolucionario de toma de tierras de los terratenientes para quebrar el poder gamonal latifundista. Romper la camisa de fuerza que le impone el reformismo masista y liberar la energía revolucionaria del pueblo particularmente pobre es la necesidad para nuestro pueblo en estos momentos duros.
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