Después de los tarifazos del 500%, la devaluación y la escalada inflacionaria que se ha devorado un cuarto de los ingresos de trabajadores y jubilados, el gobierno ha dispuesto extender el ´subsidio a la pobreza´ (la AUH) y una devolución del IVA a los jubilados que representa el 6% de sus haberes mínimos. El paquete de ayuda social asciende a unos 1300 millones de dólares, una cifra quince veces inferior a lo que costará el pago a los buitres y el negociado del dólar futuro. Esa migaja será costeada por los propios trabajadores, a través del Anses.
Pobreza bajo cero
Cuando el gobierno de Cristina Kirchner implementó en 2009 la asignación universal por hijo, lo hizo después que se cayeran 400.000 puestos de trabajo, que la carestía de los alimentos superara todos los niveles anteriores y que las paritarias de aquel año fueran virtualmente liquidadas, entre los acuerdos a la baja y los “techos” oficiales. En suma, el kirchnerismo implementó la AUH de cara a la pauperización generada por su propia política. La actual ´extensión´de la AUH, dispuesta por el macrismo, tiene un marco similar: la universalización del subsidio responde a la universalización de la pobreza. Según la UCA, en los últimos meses se han sumado 1.400.000 pobres y 350.000 indigentes.. La inflación real, de fines de noviembre a la actualidad, ha acumulado un registro del orden del 25%. Mientras tanto, la jubilación mínima subió un 15%, o sea que los jubilados perdieron al menos el 10% de su ya menguado poder adquisitivo. Pero la devolución del IVA dispuesta por Macri, que será a lo sumo de 300 pesos por mes, representa el 6% de la jubilación mínima. O sea que apenas cubre la mitad del despojo inflacionario de los últimos meses. La suma “única” de 500 pesos para el mes de mayo, por su parte, será devorada por los nuevos aumentos (subtes, expensas, medicamentos).
Respecto de la asignación universal, el gobierno la ha extendido a los monotributistas. Para una ´facturación´ de 7900 pesos, equivalente a la actual canasta de pobreza calculada por la UCA, corresponderá una asignación de 649$ -según la escala que se anunció ayer. En ese caso, la AUH le representará al monotributista un “aumento” del ¡ 8% ! en sus ingresos, que se encuentran por fuera de todo convenio colectivo y, por lo tanto, de cualquier negociación salarial. Ello, insistimos, luego de aumentos en la canasta básica del orden del 25% en cuatro meses. De cara a la carestía pasada y a la que se viene -con los tarifazos recientemente anunciados y sus efectos secundarios- Macri solamente ha tirado una gota en el océano. Pero por otra parte, esta “gota” no la bancan ni Macri ni los capitalistas: proviene de los propios trabajadores, a través de los recursos del Anses y de su fondo de garantía, que bancan la parte sustancial de la AUH. Como ya ocurría con los “nacionales y populares”, el estipendio asistencial de Macri es una redistribución del ingreso entre pobres.
Rasero de miseria
Cuando los kirchneristas anunciaron la AUH, los entonces opositores de derecha hicieron una pausa en sus críticas al gobierno para saludar la medida, que incluso reivindicaban de autoría propia (Carrió). Ahora sucede algo parecido, pero al revés. Los ex oficialistas sólo le reprochan a Macri el carácter tardío o a lo sumo “insuficiente” de los nuevos estipendios sociales. Es claro que las ´asignaciones universales´ corresponden a una estrategia mundial del gran capital: la “universalización” de un ingreso asistencial tiene como contraparte a la destrucción del salario y de las conquistas laborales; a la generalización del trabajo precario y al desempleo orgánico, todo lo cual pretende sustituirse con un rasero generalizado de pobreza -la “asignación”. La extensión de este “beneficio” a los monotributistas es al mismo tiempo la naturalización de esta forma de trabajo precario como una variante más del mercado laboral. Es previsible que los anuncios “sociales” macristas servirán de pretexto para degradar todavía más las discusiones paritarias.
En esa línea, la burocracia sindical celebrará con seguridad esta política social que cristaliza el trabajo precario y el desempleo permanente. A la universalización de la pobreza, es necesario oponerle un verdadero programa de defensa de la clase obrera: prohibición de suspensiones y despidos; repartir las horas de trabajo sin afectar el salario; salario que cubra el costo de la canasta familiar, hoy en 20.500$; 82% móvil y aumento de emergencia para los jubilados, duplicación del monto de los planes sociales.
Marcelo Ramal
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