El pasado 22 de agosto fue asesinado en el estado de Veracruz, Cándido Ríos, periodista del Diario de Acayucan. Es el noveno periodista muerto violentamente en lo que va del año. Como agravante, cabe señalar que se encontraba bajo el sistema de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos de la Secretaría de Gobierno (Segob) del gobierno federal.
Ríos fue acribillado por un comando armado en el sur del estado junto a dos acompañantes que también murieron. Rápidamente, el gobierno salió -por boca del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa- a negar que el crimen estuviera relacionado con su oficio de periodista.
Pero Ríos era sistemáticamente amenzado de muerte por parte de un ex alcalde priísta de Hueyapan por sus coberturas periodísticas.
El gobierno ha intentado también, en estos días, desvincular el crimen del conocido periodista Javier Valdez, un denunciante implacable del narcotráfico, de su labor profesional. Valdez mostró cómo los carteles del narcotráfico dictan la línea editorial de muchas publicaciones.
Una protesta de periodistas frente a la Segob expresó su indignación frente al nuevo crimen y la impunidad. Por los asesinatos que se produjeron este año no hay un solo detenido. La organización Artículo 19, que sigue el tema de los ataques contra trabajadores de prensa, reportó -además de las muertes- 276 agresiones y amenazas en lo que va de 2017, o sea más de una por día (El País, 24/8).
La responsabilidad del Estado en los crímenes y agresiones se pone de relieve en su colusión con el narcotráfico y en la complicidad de la justicia y los organismos de protección de periodistas y luchadores de derechos humanos con los criminales.
Para el régimen criminal de Enrique Peña Nieto, que carga sobre sus espaldas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre contra la docencia de Oaxaca, el terror y silenciamiento de los periodistas es una pieza invalorable para su política de naftazos, privatizaciones y destrucción de la educación pública (una política que no sería posible sin el auxilio del PAN y del PRD).
Los organismos de derechos humanos y los trabajadores de prensa ya han comenzado una campaña de denuncia sobre esta orgía de violaciones a los derechos humanos, en defensa de las libertades elementales del pueblo trabajador mexicano.
Justicia para Cándido Ríos y todos los periodistas asesinados. Aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Basta de impunidad.
María Negro
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