Este fin de semana, las calles brasileñas fueron escenario de movilizaciones y confrontaciones entre seguidores del presidente Jair Bolsonaro y opositores. Frente a los actos prooficialistas que vienen reclamando el cierre del Congreso y una intervención militar, las hinchadas organizadas de algunos de los principales clubes de fútbol (Corinthians, Palmeiras, San Pablo, Santos) promovieron acciones antifascistas y antigolpistas que resultaron más numerosas. En San Pablo, la policía reprimió a las hinchadas y se produjeron choques entre ambos bandos. En Rio de Janeiro, las protestas a favor y en contra quedaron apenas separadas por un cordón policial. Aquí también, la policía cargó contra los opositores. A su vez, frente al Palacio Guanabara, sede del gobierno estadual, hubo una concentración de “Favelas en Lucha” que denunció el aumento de los crímenes racistas en el Estado y se solidarizó con George Floyd, asesinado en Minneapolis . Mientras tanto, Bolsonaro acompañó a caballo la protesta de sus acólitos en Brasilia.
Para el domingo 7 están previstas nuevas movilizaciones opositoras. Temeroso de un desborde, el gobernador de San Pablo, Joao Doria, quiere impedir que marchas a favor y en contra ocurran un mismo día.
Estos hechos marcan el calentamiento del clima político en Brasil, que también ha experimentado estos días agudos choques “por arriba”. Algunos gobiernos estaduales, entre ellos el de Rio, sufrieron operativos de la Policía Federal la semana pasada, en una investigación por corrupción en la compra de materiales para enfrentar la pandemia (que ya tiene al país como el segundo en el mundo con mayor número de infectados y el cuarto con mayor número de muertos). El gobernador de Rio acusó a Bolsonaro por los allanamientos y reclamó la cárcel para uno de los hijos del presidente.
Pocos días después, con el aval de la Corte, hubo nuevos allanamientos, pero esta vez contra empresarios y seguidores de Bolsonaro, por amenazas contra jueces y por una red de “fake news”. Hay agudos choques en el aparato estatal y cada agresión encuentra su réplica.
Días antes, Brasil se había visto conmovido por la difusión del video -autorizada por la Corte Suprema, a pedido del exministro Sergio Moro- de una reunión de gabinete del 22 de abril, en que Bolsonaro reconoce sus intenciones de copar la Policía Federal para bloquear las investigaciones judiciales en su contra. Por este último motivo, Bolsonaro está siendo investigado por la justicia y podría ser destituido.
Para neutralizar un potencial impeachment y las investigaciones de la Corte (cuyo avance requerirían en algún momento un aval parlamentario), Bolsonaro se ha lanzado a una conquista del llamado “centrao” político, que posee cerca de 200 diputados, número capaz de bloquear un juicio político. Para ello, les está otorgando todo tipo de cargos políticos.
Paralelamente, refuerza sus lazos con las Fuerzas Armadas, que tienen más cargos en el gobierno y se han transformado en un factor clave de la situación. Ni la destitución de Bolsonaro ni un autogolpe (cierre del Congreso) pueden ser descartados.
Mientras tanto, Bolsonaro sigue tratando de abanderar a la burguesía detrás de un planteo anti-cuarentena. Los gobernadores, que lo critican, están flexibilizando ellos mismos las medidas de aislamiento bajo la presión empresaria. Se estima que el 75% de las empresas en San Pablo están en funcionamiento.
Pero Brasil sufrirá severamente el impacto de la crisis, dirigiéndose a la peor recesión de su historia, según el Deutsche Bank. Esto provoca divergencias acerca del rumbo económico. En el famoso video de la reunión de gabinete, el ministro de Hacienda, Paulo Guedes, partidario del recorte del gasto público y las privatizaciones masivas, hace una crítica lapidaria del plan Pro-Brasil de inversiones públicas y subsidios, que es promovido por el general y jefe de gabinete, Walter Braga Netto.
Las masas
No obstante las divisiones y choques “por arriba”, hay una coincidencia en el ataque contra las masas. Bolsonaro ha pactado con los gobernadores el congelamiento del sueldo de los empleados públicos y más de 7 millones de trabajadores ya sufren recortes salariales por suspensiones en medio de la pandemia.
El PT, el PCdoB, el Psol y numerosas organizaciones sociales han presentado un pedido de impeachment contra Bolsonaro (al que se sumó también el PSTU). Este pedido de impeachment no está concebido como un auxiliar de la lucha de las masas, sino como un recurso para encapsular la crisis en las vías institucionales. Es funcional a una salida ordenada y a un relevo patronal.
La crisis brasileña no se dirimirá en el terreno institucional, como lo muestran las conspiraciones y choques que se ven en las cumbres políticas. La CUT debe romper su política de colaboración de clases y lanzar un plan de lucha, en la perspectiva de la huelga general para echar a Bolsonaro-Mourao. Frente a las amenazas de Bolsonaro y las bandas derechistas, planteamos el frente único y la organización de la autodefensa de los trabajadores y luchadores.
Al régimen político corrupto, incluyendo el Congreso y la justicia, le oponemos el planteo de una asamblea constituyente libre y soberana que reorganice el país sobre nuevas bases sociales.
Gustavo Montenegro
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