Las recientes protestas internacionales a partir del asesinato racista de George Floyd en EEUU abrieron un importante debate acerca del rol opresor de las fuerzas policiales. En Uruguay año a año se suman innumerables ejemplos de la misma opresión sobre sectores populares.
En las últimas semanas se ha desarrollado a nivel internacional un gran movimiento de protesta, con epicentro en EEUU, contra la opresión policial a partir del asesinato racista de George Floyd por parte de las fuerzas policiales.
A su vez, se puso en debate una gran discusión acerca del rol de las fuerzas policiales en la sociedad. En EEUU en particular se pueden distinguir distintas posturas, que van desde la defensa irrestricta hasta el cuestionamiento a su propia existencia, pasando también por posturas a favor de una reforma de la fuerza. En dicho país el yugo reformista, a partir de la influencia del Partido Demócrata, es un limitante que favorece la ilusión de una reforma de la fuerza policial, intentando conciliar el hartazgo frente a la arbitrariedad policial, con algunos cambios cosméticos que conserven lo esencial del rol de dicha fuerza.
Un mito universal
Un mito universal en nuestras sociedades, del cual Uruguay no está exento, concibe al Estado por fuera de su carácter de clase, o sea, lo sitúan por encima de las mismas como si fuera un actor neutral, a pesar de los innumerables ejemplos históricos e internacionales que demuestran lo contrario.
Como desarrollo de este mito, en lo que atañe a la policía, se la describe como “servidores públicos” y “garantes” de la paz, la seguridad y el orden. Generalmente este mito es defendido desde lo expuesto declarativamente en las leyes y el ordenamiento jurídico, pero que en la realidad funcionan de otra manera y son privilegiadas de una impunidad de hecho garantizada por el sistema.
¿Pero cuál es la razón de ese doble racero, de esa impunidad establecida? Es porque el principal rol de la policía y demás fuerzas represivas en cualquier sociedad clasista es defender los intereses de la clase dominante. La declaración de neutralidad y supuesta imparcialidad en el conflicto de clase, que se sostiene tienen dichas fuerzas, cumple con la necesidad, por ejemplo, de evitar que cada clase cree sus propias fuerzas armadas para defenderse, evitando los capitalistas de esta forma ser superados por la fuerza social de la clase trabajadora. Como explicaba León Trotsky:
"Todo estado es una organización coercitiva de la clase dominante. El régimen social permanece estable en tanto que la clase dominante es capaz, por medio del Estado, de imponer su voluntad sobre las clases explotadas. La policía y el ejército son los instrumentos más importantes del estado. Los capitalistas renuncian (aunque si bien no totalmente, lo hacen en gran medida) a mantener sus propios ejércitos privados en favor del Estado para evitar que la clase obrera cree sus propias fuerzas armadas." [1]
Esta es la razón de fondo por la que de ninguna manera los capitalistas y sus representantes políticos aceptarían una reforma que cuestionen estos fundamentos y por lo tanto, el por qué es imposible una reforma que termine con la opresión diaria que ejercen las fuerzas policiales.
¿Qué pasa en Uruguay?
Uruguay no está exento de estas características generales, también cotidianamente son de conocimiento público la represión sistemática sobre los sectores más pobres de la sociedad. El gatillo fácil, las racias y el hostigamiento a la juventud pobre son moneda corriente e incluso gozan de aval social. Las cárceles están llenas de población con origen social pobre, mientras los sectores más privilegiados si no gozan de impunidad, gozan de privilegios para sobrellevar su condena sin muchos problemas, evitando el sistema penitenciario.
La policía también siempre está a la orden, y se ha demostrado innumerables veces, para perseguir (espionaje) y reprimir la protesta social y las huelgas obreras. Fueron una pata fundamental en la represión de los sesenta y el régimen dictatorial de los setentas. Conservando incluso sus viejos hábitos despiadados como la tortura, como por ejemplo el reciente caso de tortura con picana eléctrica, la prepotencia por ejemplo contra las personas en situación de calle y los estudiantes liceales en los barrios populares.
La lista es larga y confirma que en Uruguay las fuerzas policiales cumplen con las características universales que comparten internacionalmente dichas fuerzas.
El rol del reformismo en Uruguay
La izquierda reformista en Uruguay ha venido cumpliendo su papel para preservar a las fuerzas policiales. Desde la recomposición de dichas fuerzas, durante los quince años de administración frenteamplista se aumentó sistemáticamente el presupuesto destinado a dichas fuerzas, aumentando su número, remuneración y tecnificación.
La nacionalización de la Guardia Republicana y otras “fuerzas especiales”, junto a la extensión de los sistemas de vigilancia (por cámaras) e instrumentos de espionaje (El Guardián), han fortalecido cualitativamente el poder de dicha fuerza.
También el discurso de reconciliación con las fuerzas represivas que actuaron en la dictadura, ha hecho su aporte en este sentido, sumado a la adhesión del discurso “por la seguridad” explicitado mediante el accionar del Ministerio del Interior durante esas administraciones, ayudando a establecer el sentido común que criminaliza la pobreza y la protesta. Basta repasar los innumerables mega operativos contra los barrios populares, el hostigamiento policial contra la juventud pobre y trabajadora, los casos de gatillo fácil (Sergio Lemos), la represión de la protesta y persecución política contra activistas sociales (CODICEN, Marcha por el Agua, etc.).
Por si fuera poco, dentro del movimiento obrero, el sector oficialista - como parte del reformismo de izquierda - respaldó la integración de los policías dentro del movimiento obrero, admitiendo la incorporación del sindicato policial en el Pit- Cnt, incluso como parte de la dirección.
Bajo el argumento falso de tomar a los policías como trabajadores, haciendo analogía con la remuneración que reciben los empleados estatales, esta argumentación reduccionista esconde que para una definición realista de la pertenencia a la clase asalariada no es un factor suficiente recibir una remuneración, sino que también se debe tomar en cuenta la función del trabajo.
Claramente el resultado de la función policial es la preservación de la propiedad privada y el orden capitalista, en antagonismo abierto frente a los intereses de la clase trabajadora, la policía “trabaja” para reprimir a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores. Empíricamente se puede observar los pronunciamientos y posturas del sindicato policial, justificando todo tipo de abusos y represiones ejercidos por la fuerza estatal que integran.
Por la abolición de la policía
Como vimos el poder policial y la opresión que cumple sobre las clases oprimidas, es para garantizar la existencia del Estado de la clase capitalista. Esa función que cumple, es también la que la hace irreformable, por ser uno de los pilares del dominio de clase. La abolición de dicho aparato abre la perspectiva de fondo de cuestionar la existencia del propio Estado y del domino clasista que garantiza.
Las dificultades que pueden haber en tal planteo no lo hace imposible, sino que muestra que la salida de fondo va acompañada de un antagonismo de poder desde la clase trabajadora y los demás sectores sociales oprimidos por el capital. Un antagonismo basado en la auto organización y la autodefensa de los sectores populares, como se ha dado en la historia en distintas partes del mundo.
Para resolver problemas de raíz hacen falta soluciones radicales, revolucionarias. La unificación de las luchas contra el capital, que junte además de todas las luchas contra la opresión, sino también contra la explotación, la pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares, es también una condición fundamental para empezar a hacer realidad lo que nos han tratado de inculcar como imposible.
Sebastián Artigas
Martes 11 de agosto | 15:35
[1] Ver en: Sobre la cuestión de la autodefensa obrera
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