En efecto, el desalojo de Guernica plantea una cuestión bien importante, como el estado de la relación entre el gobierno y lo más profundo de las masas, al cabo de un año. Las mismas que lo votaron en respuesta al callejón sin salida en que el macrismo había puesto a los trabajadores, e incluso a la propia burguesía. Es prematuro asegurar que Guernica representa ese punto de inflexión en la situación de las masas y del conjunto de la situación política, pero es precisamente lo que hay que verificar por medio de la acción.
La ocupación de Guernica ha expuesto una de las reivindicaciones más acuciantes de la pandemia y de la crisis social, que es la antigua y siempre más actual cuestión de la vivienda. La provincia de Buenos Aires está surcada de decenas de ocupaciones de tierras, a partir de familias trabajadoras que no pudieron afrontar más sus alquileres o, sencillamente, debieron encontrar una salida al hacinamiento que une en viviendas estrechas a varias generaciones de familias. Paradójicamente, horas antes de arremeter contra Guernica, el gobierno anunciaba un programa de blanqueo de activos en dólares para quienes inviertan en emprendimientos inmobiliarios. De un lado habilitaba la adquisición, a precio de ganga, de las mismas tierras que hoy constituyen una necesidad de vida o muerte para miles de trabajadores. Del otro, levantaba una barrera de clase infranqueable contra los millones sin techo, al ratificar que el único ‘okupa’ bienvenidos es el capital financiero. En La Plata, la capital de la provincia, una gran ocupación de tierras enfrenta en estas horas la hostilidad mancomunada de Kicillof y del intendente macrista Garro. Lo mismo ocurre en numerosas comunas del oeste del conurbano.
Fondo Monetario
El desalojo violento tuvo también otros propósitos y destinatarios. Mientras Berni se hacía transportar por helicóptero con un cronista de TN, se ponía en movimiento un aspecto del acuerdo nacional que propuso Cristina Kirchner – la presencia privilegiada del capital “mediático” en el operativo deshaucio. El ministro Guzmán, por su lado, dejaba trascender el diseño del acuerdo que teje con el FMI. Además de reciclar la deuda de 44.000 millones, espera conseguir unos 5000 o 6000 millones de dólares frescos, remanentes del préstamo en tramos otorgado a Macri en 2018. El Fondo, sin embargo, ha dejado trascender que aunque los gastos sanitarios son sagrados, el financiamiento de ellos, por parte del capital financiero, requiere un ‘ajuste’ y ‘reforma estructurales’. El empantamiento del gobierno y del FMI no podría ser más completo, porque de acuerdo a un representante de la salud privada y de las prepagas, hace pocos días en La Nación, sería necesario un gran aumento de las cuotas que cobran para evitar una quiebra. El gobierno ya anunció dos aumentos al hilo, en diciembre y febrero. Al mismo tiempo, envía al congreso un proyecto de movilidad jubilatoria que, mantiene la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y agregará, en 2021, el aumento de la edad de retiro.
El impasse descomunal de toda la burguesía, gobierno y oposición, se aprecia en el aumento de la deuda pública ‘local’, ahora dolarizada. Los centenares de miles de millones de pesos que ingresan a la deuda del Tesoro, muestra la enorme ‘liquidez’ de los capitalistas, en medio de la espantosa ‘sequía’ de los trabajadores y los sin techo. Agrega otro clavo al ataúd de la deuda pública, porque es una deuda de vencimiento muy breve que habrá que pagar en los plazos que fueron reprogamados en el acuerdo internacional. Luego del ‘respiro’, el Tesoro se queda sin ventilador. El gobierno incurre, asimismo, en un delito económico penal, cuando vende bonos en poder de Anses con un descuento del 75%, para beneficio de especuladores y perjuicios para el Fondo de Garantía del organismo. Por último, asegura que de este modo frena la inflación, al aboserber dinero en circulación, cuando la plata sale de plazos fijos en los bancos o venta de Leliqs por parte de los mismos bancos, dos formas de emisión monetaria. Guzmán y sus padrinos bicicletean cada vez más rápido para mantener un móvil que va barranca abajo.
En resumen, a la espera de la soga del FMI, el gobierno ensaya un operativo que refuerza la carga explosiva de la deuda. En eso consiste la emisión de títulos en pesos pero atados a la evolución del dólar. El gobierno que quería crear un “mercado financiero en pesos” termina reforzando una dolarización peculiar de la deuda pública. Si encima esto ocurre cuando CFK convoca a salir del ‘bimonetarismo’, la confusión oficial y el impasse político no podrían ser mayores.
Acuerdo político
Es re-claro que el planteo de “acuerdo nacional” Cristina K. constituye un llamado a respaldar un programa del FMI. Teme las consecuencias sociales y políticas. Pretende repetir el apoyo legislativo casi unánime a la negociación con los fondos internacionales. Llama la atención, entonces, que en estas circunstancias. Carrió primero, en compañía con Larreta y Vidal, y ahora los radicales, acepten votar por Daniel Rafecas, el candidato de CFK a la Procuración General de la Nación – un cargo vitalicio. Es el mismo juez, diez veces premiado por el sionismo, que ellos mismos habían denostado por desestimar la denuncia del fallecido Nisman, contra el kirchnerismo. El nombramiento Rafecas, además un denunciante de Irán, es el entierro de las investigaciones sobre la muerte de Nisman, lo que explica la furibunda embestida de Clarín contra los espías que habrían merodeado Puerto Madero en las horas del crimern o suicidio fiscal. Para llegar a un acuerdo sobre Rafecas, la mano del State Department y de Israel, está forzosamente atrás. El encubrimiento del atentado a la AMIA es final. No por nada AF peregrinó como buen cristiano a la Jerusalem de Netanyahu y el ministro Solá firmó el acuerdo internacional que equipara la denuncia del sionismo como antisemitismo. Este podría ser otro ‘punto de inflexión’, que habrá que verificar por medio de la denuncia sin tregua.
Por abajo
A pesar de los propios desalojadores e instigadores, Guernica ha dejado planteado un debate político e incluso histórico impensado: la cuestión de la propiedad privada, en un país donde la colonización primero, la guerra del desierto (Rosas) después y la llamada “organización nacional” no son más que una historia sucesiva de los expropiadores del suelo. Es lo que sigue ocurriendo en el noroeste y el noreste y en la Patagonia, o en los incendios y devastaciones de humedales. A esa confiscación inicial, le siguió la del trabajo ajeno de numerosas generaciones obreras, que asisten ahora a la expulsión de sus viviendas, sus trabajos y a la mortal propagación de la pandemia.
Guernica, en definitiva, puso de manifiesto la verdadera “grieta”, entre ese régimen expropiador y los explotados. Tenemos que imprimirle un carácter consciente a este profundo choque potencialmente político, por medio de la deliberación y la lucha. El reclamo por colocar a disposición de los sin techo el conjunto de las tierras públicas y privadas ociosas, de su urbanización y obra a cargo del Estado es una reivindicación fundamental. Al “acuerdo” de los cortesanos del FMI y los especuladores inmobiliarios”, opongámosle el acuerdo de los que viven de su trabajo – un congreso de trabajadores, coordinadoras, autoconvocatorias.
Marcelo Ramal
01/11/2020
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