Para este año 2021, el gobierno peronista destinará hasta 10 mil millones de dólares para subsidiar solo a las empresas privatizadas de energía, una cifra diez veces mayor a la establecida para gasto por Covid-19, luego de la actualización del propio monto original del presupuesto nacional que era mucho menor (El Cronista, 27/4).
No solo la “mesa” de los argentinos ha quedado fagocitada por el rescate a los capitalistas: la salud de los trabajadores ha sido rifada –en medio de una pandemia- al servicio de las patronales.
Chau Menem, hola Alberto
Se trata de un negocio enorme que, de acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, “en los últimos 20 años costaron 100.000 millones de dólares y devoraron los superávits fiscal y comercial” (Infobae, 15/5). En todo ese período, 16 años gobernó el PJ y 12 de esos años fueron de los gobiernos de Néstor y Cristina.
El estudio precisa también que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) explica el 75% de los subsidios energéticos porque “hace 20 años financia con fondos públicos la diferencia entre el costo de generación y el precio que paga la demanda”, por lo que las partidas aprobadas en el presupuesto fondomonetarista 2021 no alcanzarán, lo que obligará a llegar con extensiones especiales de recursos que incluyen la condonación de las deudas de las empresas privatizadas distribuidoras con Cammesa –Edenor, Edesur, Edelap, etc.- , según se estableció en el mismo presupuesto.
A esto se debe sumar, que la tercerización reina en las empresas de energía, permitiéndoles en la precarización laboral, sobre el salario y el encuadre en los convenios correspondientes. Es lo que los trabajadores de la contratista EMA, tercerizados de Edesur, por ejemplo, han puesto de manifiesto con su lucha contra los despidos por pedir el pase a planta y el encuadre en el convenio del sector.
Este desangre nacional a costa de los trabajadores no resolverá tampoco el problema de la crisis energética del país, porque de semejante cantidad de subsidios, en los últimos 10 años, solo se utilizó en inversiones para infraestructura apenas el 15% del total. Un afano monumental.
Expropiar a los expropiadores
Según Jorge Lapeña (un exsecretario del área corresponsable del cuadro de deterioro de la provisión energética argentina) “hacia el futuro la cifra de subsidios preanuncia que si siguiéramos así en 10 años le tendríamos que pedir al FMI otros 60.000 mil millones de dólares, solo para financiar ese gasto energético”.
Lapeña “ilumina” uno de los desfalcos multimillonario que nace con las privatizaciones de la era Menem, apoyadas a cuatro manos por Néstor, Cristina –gobernando el feudo de Santa Cruz y oficiando de senadora nacional respectivamente-, y Alberto, como superintendente de Seguros de la Nación, cargo ejercido hasta 1995, seis meses antes de la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo.
El “Estado presente” que estos pregonan se desprendió entonces de sus principales activos, se endeudó y pactó contratos leoninos con cuadros tarifarios en dólares impagables a favor de las privatizadas, y subsidios multimillonarios que, como se ve, todavía mantienen.
El crecimiento de los subsidios, que banca con pobreza la mayoría nacional, amenaza con desbordar las capacidades financieras del gobierno Esta situación provocó la pelea del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, sobre la ejecución o no de los aumentos tarifarios que estaban establecidos.
El aumento de las tarifas también lo solventa el trabajador, porque los patrones trasladan el costo de la energía a los precios. La derecha de Juntos por el Cambio acusa por el retraso de populismo al FdT, lo que es un doble encubrimiento, al gobierno peronista, primero, y a las patronales en segundo lugar que, con tarifas semicongeladas, también se benefician con energía más barata.
Este es el “costo argentino” que quiebra la economía nacional y no el costo del trabajador, como endilgan a la clase obrera patrones y gobiernos.
Congreso del FIT-U y listas unitarias, por una salida obrera
Hay que poner de cabeza las prioridades nacionales, y multiplicar por 10 los recursos invertidos para resolver las penurias de las masas. Las empresas privatizadas deben ser estatizadas y colocadas bajo el control de los trabajadores. Pase a planta de todos los tercerizados y reincorporación de los despedidos. Apertura de los libros de las empresas capitalistas, el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI, colocar la riqueza nacional al servicio del desarrollo industrial del país, y de las necesidades de la población trabajadora. Para frenar la sangría nacional hay que terminar con el actual régimen de corrupción, entrega y miseria de pejotistas-macristas y radicales.
Daniel Sierra
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