Participaron las entidades nucleadas en la Mesa de Enlace, con la representación de los titulares de Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales (CRA) y la Sociedad Rural (SRA), pero no los tuvo como promotores activos de la jornada. Dejando de manifiesto que el campo no es un bloque monolítico y uniforme, sino que está atravesado por intereses y actores que buscan su tajada de la renta agraria, incluyendo a fondos financieros internacionales, que buscan un reaseguro de pago de las deudas que mantiene el Estado argentino. En resumen, estos enfrentamientos en “el campo”, no es más ni menos, que la manifestación de conjunto de la crisis que atraviesa la argentina.
Los puntos de reclamos fueron de los más variados. Desde el vacunatorio VIP, las restricciones a viajar, pasando por la presencialidad en las escuelas. Detrás de la convocatoria amplia que realizaron los “autoconvocados” a otros sectores ligados al agro, se encuentran los puntos principales que mueve a las organizaciones de la Mesa de Enlace, la política impositiva del gobierno y el cierre de las exportaciones de carne.
Como señalan diversos portales de noticias, la protesta busco tender puentes entre campo y ciudad, una vieja dicotomía, que como axioma no tiene validez en tanto y en cuanto la historia del capitalismo es la historia de la subordinación del campo a la ciudad. Forzando esta unión entre campesinos y citadinos, por el palco desfilaron jubilados, docentes, estudiantes, comerciantes, apuntando las penurias que atraviesan y los voceros de las entidades agrarias.
La manifestación del sábado puede ser tomada como una continuidad de las que se produjeron en Avellaneda (Santa Fe) cuando un sector con base en el campo autodenominado “nueva ruralidad” se pronunciaron en favor de la propiedad privada y contarios a los embates “estatizadores” del gobierno. De más está decir que el gobierno de AF perdió la pelea arrojando la toalla.
Las cuestiones de fondo: libertad para exportar
El cierre del mercado interno por parte del gobierno de AF hizo caer la alianza que mantenía con el Consejo Agroindustrial y con las grandes cadenas de frigoríficos, ya que el gobierno tomo tal decisión por los productores independientes (no nucleados en el Consorcio ABC) que llevaban a cabo una subfacturación de las exportaciones al dejar parte de sus ingresos en cuentas en el exterior, para luego venderlas en los mercados locales paralelos de divisas. Esta ganancia extra que percibían los productores llevo al crecimiento de pedido de derechos de exportaciones, que se trasladó a la suba de los precios. Uno de los objetivos de AF era la de cerrar la grieta con el complejo agroindustrial, un sector fundamental para la entrada de divisas, que el gobierno las necesitas más que el agua para el pago de los vencimientos de deuda.
La medida de cepo a la venta de carnes al exterior fue tomada por el gobierno por un mes, pero lo ha extendido hasta agosto, a través de una medida tomada de conjunto de los ministerios de Agricultura y el de Desarrollo Productivo y conto con el aval de los grandes frigoríficos exportadores que son los beneficiarios de los cupos de exportación y con los que el gobierno busca recomponer las relaciones. Swift con 3.183 toneladas por mes, Gorina con 2.399 toneladas, Arre Beef con 1.867 toneladas, Rioplatense con 1.482 toneladas y Compañía Bernal con 1.303 toneladas, son los principales ganadores de repartija de los cupos. La protesta del 9 de julio fue convocada justamente por los que quedaron por fuera de la medida del gobierno, es decir los grupos de productores, matarifes y exportadores que no cuentan con plantas. Los mismos que llevaron adelante la subfacturación de las exportaciones.
La medida precaria tomada por el gobierno tiende a acentuar todas las contradicciones económicas del sector y por ende a la profundización del conflicto con sectores de la patronal del campo. Muy lejos está el gobierno ´nacional y popular´ de llevar adelante una política de soberanía alimentaria (como si esto fuera posible en un marco en el que prevalece la renta por exportaciones) y beneficiar con esta al conjunto de los trabajadores que ven menguados sus salarios ante el aumento generalizado de los precios de los alimentos. A las políticas “antiinflacionarias” de los Fernández hay que imponerles una lucha por el aumento de los salarios y un seguro a todos los desempleados que cubra el costo de la canasta familiar.
Lucas Giannetti
14/07/2021
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