El 31 de julio finalizó la moratoria, extendida varias veces desde septiembre pasado. En junio, la Corte Suprema había votado por 5 a 4 que no había condiciones para seguir apoyando extensiones en la moratoria contra desalojos, salvo que sea aprobada una ley. Cuando llegó el 31 de julio y expiró la moratoria, Biden, después de decir que la Corte le había “atado las manos”, terminó emitiendo una regulación que se aplica solo a áreas del país que “experimentan niveles sustanciales y altos” de transmisión comunitaria del virus.
“Biden y sus ayudantes afirmaron que extender la moratoria de desalojos a nivel nacional excedía los poderes de emergencia del gobierno en virtud de una ley de salud pública” (NYT, 7/8). La estrategia de la Casa Blanca sigue cuestionada por la Corte.
El Centro de Control de Enfermedades (CDC) había propuesto extender la prohibición de desalojos en áreas comprometidas con la transmisión comunitaria del Covid-19, retomando un estatuto de 1944 (NYT, 7/8), en especial áreas en donde la variante principal es la Delta. Estas áreas en “rojo” representan el 80% del territorio norteamericano. La Corte Suprema rechazó el criterio del CDC, lo que ha dado lugar a una ola de demandas de grupos inmobiliarios y de propietarios que esperan que los tribunales invaliden la prohibición.
Frente a eso, Biden ha pedido tiempo a los tribunales estatales y locales para que los inquilinos y propietarios puedan acceder a la Asistencia de alquiler de emergencia. Se han asignado alrededor de $ 47 mil millones para este programa, pero sólo un pequeño porcentaje de esos fondos se ha distribuido hasta ahora.
Pandemia, desalojos y boom inmobiliario
La prohibición de desalojos ayudó a reducir la transmisión comunitaria, pero afectó los apetitos de los capitales inmobiliarios y de la construcción.
Inclusive antes de la pandemia los desalojos se contaban por millones. Los inquilinos tienen las peores perspectivas en los estados del sur, donde la legislación es más agraviante para el inquilino. Por caso, los inquilinos de Mississippi pueden perder un caso de desalojo y estar en la calle el mismo día; los propietarios, en Arkansas, pueden presentar cargos penales contra los inquilinos que no pagan el alquiler.
El mercado inmobiliario ha despegado en el último tiempo gracias a los “esteroides” de las diferentes ayudas estatales a la economía. Sin embargo, si los alquileres no se pagan, tampoco se pagarán las hipotecas. “Muchos propietarios están luchando para pagar sus hipotecas y servicios públicos... (ídem). La crisis hipotecaria del 2008 todavía late en el corazón del sistema yanqui.
Algunos plantean que se debe aumentar los subsidios habitacionales o “vouchers” (vales), que cubren una parte de los alquileres. Según trabajadores sociales, los subsidios evitan la violencia doméstica. Pero muchos propietarios no quieren alquilar con estos vouchers. Los subsidios, asismismo, no modifican los elevados precios de los alquileres. Muchos trabajadores con empleo ya duermen en sus autos.
Emiliano Monge
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