La mayor parte de la gigantesca emisión la recibirán los países capitalistas desarrollados, entre ellos, los principales socios del FMI. Como siempre, el Fondo reproduce ante las crisis la lógica de reproducción del orden vigente.
Son cuantiosos recursos para el salvataje del orden capitalista y por eso, en ese marco, resulta de interés discutir el uso de los DEG. Resalta a primera vista una afectación directa para fortalecer el presupuesto de salud, especialmente en todo lo relativo al COVID19. Pero también, debe aceptarse que por efecto de la pandemia se generaron impactos socio económicos que explican el agravamiento de la situación económico social de millones de personas.
Remitimos al alza del empobrecimiento (45%) y la indigencia (10%), morigerada ésta por la masiva política social de complemento de ingresos a las personas más necesitadas.
Los DEG, unos 4.355 millones de dólares, constituyen una cifra mayor a la oportuna recaudación por el aporte solidario o impuesto a las grandes fortunas, que recaudó aproximadamente unos 2.500 millones de dólares, con asignación específica según la ley (salud, educación, pymes, barrios populares, producción de gas). Algunos sugieren la reedición del “aporte solidario” ante la prolongación de la pandemia y sus efectos.
Con el ejemplo de ese ingreso, recaudado por la AFIP, los DEG podrían asignarse con destino específico.
¿Qué destino?
El privilegio debiera orientarse a atender el fenómeno del empleo y la pobreza. Existe un mapa del territorio de la pobreza y de la población, realizado por el propio movimiento popular y asumido por el Estado.
Algunas provincias avanzaron en mapeos específicos para identificar la territorialidad de la pobreza.
Todo ello constituye una base importante para potenciar un “Plan Nacional” que pueda atender con suficientes recursos una dinámica de producción y circulación de bienes y servicios.
Hay experiencia de organización de la producción y circulación económica de los sectores excluidos del mercado de fuerza de trabajo y que acrecientan la estadística de la pobreza y la indigencia.
El propósito del plan que sugerimos apunta centralmente a combatir la pobreza desde la generación de empleo, favorecido por la experiencia emanada de la economía social y popular, de autogestión y organización comunitaria, existente desde una inmensa red organizada por el movimiento popular en todo el país.
La propuesta sugerida sale al cruce de menciones de uso de los DEG para cancelar impagables deudas al FMI y al Club de París. Ese destino de los DEG supone el ingreso de fondos por una puerta giratoria, sin impacto en la cuestión esencial de atender la emergencia sanitaria y económica de los más desfavorecidos.
Resolver el problema del empleo y la pobreza demanda precisiones en la articulación de necesidades sociales insatisfechas y potencialidad de las capacidades humanas para resolverlas.
Alimentación y vestimenta, salud y educación, vivienda y recreación, entre muchas necesidades insatisfechas, al tiempo que existen millones de personas sin acceso al mercado de la fuerza de trabajo y si lo hacen, se realiza en condiciones de precariedad y transitoriedad, agravando las perspectivas de vida en el mediano y largo plazo.
Por ello es que puede organizarse (planificarse) la articulación de necesidades insatisfechas y potencialidad humano para atenderlas, e incluso si eso no fuera posible por las capacidades existentes en algún territorio, es siempre posible encarar un proceso de formación de capacidades y aptitudes para atender demandas concretas.
Ello impone destinar la totalidad de los DEG para atender estas necesidades, las que actuarán en una dinámica de recomposición de la actividad económica, favoreciendo empleo e ingresos para atender la cotidianeidad. Además, sería cumplir con el objetivo anunciado por el FMI, que apunta a resolver los problemas económico sociales generados desde la pandemia por el COVID19.
Cambiar la lógica del ingreso para reproducir objetivos de ganancias y acumulación capitalista
No se trata de resolver “ingresos” que se destinen al “mercado” dominado por el poder económico concentrado y extranjerizado.
La propuesta que sostenemos apunta a la transformación del orden económico y social, favoreciendo la disposición de “medios de producción”, especialmente “tierra” en manos de las organizaciones populares y sus experiencias autogestionarias, comunitarias, mutuarias o cooperativas.
Se sostiene recurrentemente que sin “inversión” resulta imposible el proceso de producción y reproducción del orden económico, y en ese sentido, se alude a la importancia de los “inversores privados”, locales o externos.
Lo que sostenemos en nuestra propuesta es acercar “recursos públicos” de magnitud suficiente para que los sectores de la Economía Popular accedan a fondos destinados a la utilización de medios de producción y asignaciones adecuadas de ingresos salariales para satisfacer al mismo tiempo la necesidad productiva y la del empleo con salarios adecuados y suficientes para superar la condición de pobreza.
Al mismo tiempo, el plan que sugerimos debe atender la “inversión pública” necesaria para la infraestructura barrial para el despliegue de esta dinámica de producción, junto a resolver las obras que viabilicen la salud, la educación pública y el hábitat para la mitad de la población empobrecida.
Pueden decir que los recursos no alcanzarían y es verdad, pero sería una forma de cambiar el eje del debate sobre cómo resolver el problema de la pobreza y el empleo.
Se trata de generar una dinámica de inversión que ponga el acento en el trabajo asociado para la generación de “soluciones” y, además, un excedente para la reproducción de la cooperación y satisfacción de necesidades de la mayoría empobrecida.
Ello significa cambiar el eje de la discusión favorable a la lógica de la ganancia por una a favor de satisfacer amplias necesidades de la sociedad.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
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