El gobierno le recordó al empresario que la vacunación es “optativa” y que el porcentaje de personas que no quieren vacunarse es mínimo. A través de la vicejafa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, invocó una resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Salud, referida a que empleadores y empleados deben allanarse a un acuerdo de “buena fe” para “no afectar la producción ni a sus propios compañeros” (Página/12, 12/8). Entre las “diferentes opciones”, la funcionaria señaló “desde los testeos obligatorios para esos trabajadores, costeados por los empleadores; o jornadas de trabajo remoto, entre otros”.
Según Página/12, otras fuentes de la UIA reconocieron en off que “no tienen calculados ni cuántos casos son” (ídem). Asimismo, voceros de otras cámaras patronales se refirieron al aluvión de juicios que una represalia de ese tipo podría desencadenar. También revelaron que, dependiendo del sector, faltan entre el 5 % y el 25 % de sus planteles, aunque ninguno arriesga que esos índices reflejen una resistencia a la vacunación.
En realidad, la UIA presiona por la remoción definitiva de todas las restricciones a los despidos y el pago de licencias, lo único que les preocupa a las patronales en este cuadro. El gobierno, jugado por entero a la “nueva normalidad” y a la presencialidad laboral y educativa, apunta a postergar ese tipo de medidas para luego de las elecciones. Por ahora, ha instado a los empresarios a negociar con la burocracia caso por caso. La UIA ha presentado un pliego de reclamos de fondo, encabezado por la eliminación de la indemnización por despido y una rebaja de impuestos y aportes patronales, para “estimular la generación de empleo”.
Las vacunas que se aplican tanto en Argentina como en todo el mundo fueron aprobadas con carácter “emergencial”. Su efectividad en el mediano plazo y ante el surgimiento de nuevas cepas es todavía una incógnita. La contradicción insoluble para la burguesía y sus gobiernos radica en conciliar la explotación de la fuerza de trabajo con evitar el derrumbe político como resultado de una catástrofe sanitaria. La vacunación en sí misma tampoco garantiza una inmunidad total. A pesar de la relativa caída del índice de casos graves, el número de contagios se mantiene alto y los muertos se contabilizan diariamente por centenares. Varios países comenzaron a aplicar una tercera dosis a personas con comorbilidades. El futuro inmediato plantea una gran incertidumbre al movimiento del capital. Las patronales reclaman un marco legal adecuado al nuevo escenario.
Hasta ahora, el porcentaje de vacunación con la primera dosis ronda en el 80%, pero disminuye al 20% cuando de la segunda dosis se trata (Télam, 12/8). La campaña vacunatoria, a un mes de las elecciones, marcha por detrás de la diseminación de la variante Delta. Sin embargo, el gobierno empujó a los trabajadores a retornar a la actividad laboral con solamente la primera dosis – incluidos los sectores considerados de riesgo.
El presente régimen es incapaz de unir la obligatoriedad de la vacunación con la suspensión de las actividades presenciales no esenciales. Ese debería ser el eje del reclamo de los sindicatos con relación a la salud de la población y a la seguridad sanitaria en los lugares de trabajo. Naturalmente, esto plantea el problema del financiamiento de una salida de esas características. Los capitalistas industriales reclaman nuevas concesiones y rescates – y una reforma laboral a fondo, que ya está inscripta en la agenda de las negociaciones con el FMI.
El gran problema político planteado es el rescate de los trabajadores, incluida buena parte de la pequeña burguesía, hundidos en una miseria social sin precedentes.
Ana Belinco
15/08/2021
No hay comentarios.:
Publicar un comentario