El flamante ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Bejar, presentó -a 15 días de haber asumido en el nuevo gobierno de Pedro Castillo- su “renuncia”.
¿El motivo? La acusación de la derecha de que este viejo (85 años) ex guerrillero de los 60 es un promotor del terrorismo. Para ello se basa en declaraciones de Bejar en noviembre del 2020 en un “zoom” con un pequeño grupo de izquierda.
Se trata de un ataque al elemental derecho de opinión. Bejar habría dicho entonces que quien comenzó con el terrorismo en Perú, en la década de los 70, fue la marina de guerra. Este arma ha sido acusada desde hace largo tiempo de numerosos atentados clandestinos durante ese período. Atentados que varios periodistas, algunos notables, han confirmado. Bejar dijo que ese terrorismo de Estado –que años después se continuó con la represión antipopular de la dictadura de Alberto Fujimori- fue instigado por la CIA, la “agencia de informaciones” del Departamento de Estado yanqui. La indignación de la derecha (y de las Fuerzas Armadas) es hipócrita: como si la CIA no hubiera participado abiertamente en la organización del golpe pinochetista en Chile o en el apoyo y armamento de los talibanes en los 80.
Se trata ya no solo de un ataque derechista al derecho de opinión, sino al pensamiento.
Las declaraciones atribuidas al ahora renunciante ministro Bejar fueron hechas 6 meses antes de la primera vuelta electoral en abril de este año y casi 9 meses antes de su asunción. Estas declaraciones no tenían estado público: deben de haber sido buscadas por algún servicio de inteligencia en alguna red privada.
¿Cuál es la causa directa de la triunfante campaña derechista?
Los anuncios de Bejar de que pensaba retirar al Perú del llamado Grupo de Lima, un agrupamiento impulsado por el ex presidente norteamericano Donald Trump, compuesto por gobiernos latinoamericanos, en “defensa de los derechos humanos”. Que tenía como objetivo directo preparar una intervención militar imperialista sobre Venezuela y apuntalar todos los avances de la derecha en el continente (apoyo directo al golpe de Jeanine Añez en Bolivia, etc.).
En el parlamento peruano, el fujimorismo de Fuerza Popular, apoyado por una coalición de partidos derechistas, presentó un llamado a interpelación del ministro Bejar, en contra de “la eventual salida del Perú del Grupo de Lima”. “No existe razón válida por la cual el Perú debiera retirarse del Grupo de Lima”, dice.
Lo más pusilánime es que el primer ministro, Guido Bellido, caracterizado como un “izquierdista”, ha presionado a Bejar para que presente la renuncia. Y el presidente Pedro Castillo la ha aceptado. Bejar ha declarado que él no renunció “motu proprio”, sino que le fue pedida la renuncia por su colega del Ministerio de Defensa (un ex militar), el primer ministro y el propio presidente Castillo.
Un nuevo avance de la iniciativa de la derecha que viene acorralando al gobierno, lo presiona para que no desarrolle ninguna acción de carácter popular y lo condiciona para mantener el status quo social sin afectar los intereses del gran capital nacional y extranjero.
.Golpismo parlamentario
La derrotada Keiko Fujimori (hija del dictador) ha armado una mayoría derechista antigubernamental en el parlamento. Contra toda tradición política peruana, las autoridades del Congreso (presidencia y 3 vicepresidencias) han sido repartidas entre los partidos derechistas minoritarios, excluyendo al ganador Perú Libre. Esto coloca una eventual “sucesión constitucional” bajo la égida de la derecha “parlamentaria”. La Unicameral se ha transformado en un centro permanente de conspiración derechista y golpista. No solo en la presidencia, sino en las comisiones parlamentarias más importantes han sido nominados políticos derechistas, reconocidos por haber apoyado el reciente golpe que destituyó a Martín Vizcarra el año pasado y nombró a Manuel Merino (quien tuvo que renunciar luego de una semana de movilizaciones populares que no pudo contener con salvajes represiones). Un ejemplo paradigmático es el de la Comisión parlamentaria de Educación. Castillo es un docente que hizo campaña presidencial resaltando este origen y que fue apoyado masivamente por la casi la totalidad de la docencia peruana. La bancada parlamentaria de Perú Libre está integrada por numerosos docentes. Pero la presidencia de dicha Comisión le fue entregada a Ricardo Medina, de Renovación Popular. Un reconocido empresario, ferviente derechista, impulsor del agrupamiento “Con mis hijos no te metas”, que está en contra de la educación sexual, etc. También miembro prominente de las agrupaciones pro-vida y pro-familia que se oponen al derecho al aborto y a los derechos de género.
Este se ha encargado rápidamente de anunciar que va a revisar los cierres de algunas universidades privadas hechas por anteriores gobiernos por su baja calidad educativa y estafa a los estudiantes. Ya el golpe de Merino tenía uno de sus principales motores en este reaccionario y privatista lobby empresarial.
De acuerdo a la Constitución peruana el parlamento tiene que dar un voto de confianza al gabinete ministerial. Esto se realizará el próximo 26 de agosto. Si no lo aprueba, el gabinete debe renunciar y el presidente nombrar a otro. Pero… en el éxito de la campaña contra Bejar que llevó a su destitución, la derecha se ha cebado y reclama nuevas cabezas ministeriales. Y la amenaza de que si el presidente Castillo no se pliega a los reclamos derechistas sería declarado “vacante”, es decir, destituido. La mesa derechista del Congreso sigue avanzando: se prepara para “elegir”-digitar el Tribunal Constitucional, organismo reaccionario que serviría para iniciar acusaciones que lleven al juicio político presidencial. Constituye “comisiones de investigación” contra el gobierno (de revisión de los resultados electorales, etc.). La fiscalía del Tribunal Supraprovincial Especializado en delitos de terrorismo y lesa humanidad ha iniciado actuaciones contra el primer ministro, Bellido, el dirigente de Perú Libre, Vladimir Cerrón y otras autoridades de dicha corriente, acusándolos de cómplices con el terrorismo. En no más de 120 días debiera expedirse, amenazando con plantear la destitución del primer ministro Bellido.
Pero más importante es el comunicado público de reclamo de la Marina de Guerra contra el ahora ex ministro Bejar, planteando que se rectifique de sus acusaciones (privadas) contra los marinos como partícipes en acciones terroristas. Rompe con la norma constitucional; se define políticamente por encima del presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Estamos ante un planteo militar amenazante, que todas las formaciones políticas burguesas no solo aceptan, sino que saludan. Y que el Poder Ejecutivo peruano avala de hecho, al ejecutar el reclamo de destitución del ministro Bejar.
Una gigantesca confluencia derechista, semigolpista
A esto hay que añadirle que la derecha está ganando también las calles. Todos los fines de semana organiza concentraciones con grandes carteles que piden la “vacancia” del presidente Castillo. Ahora ha iniciado directamente un plan de actos regionales no solo en Lima (Arequipa el sábado 21, etc.).
El presidente Castillo, su primer ministro, Perú Libre y el frente que ha conformado con los centroizquierdistas Frente Amplio y Juntos por Perú de Verónika Mendoza (política preferida del centroizquierdismo latinoamericana del Grupo de Puebla) se adaptan a la ofensiva militar derechista. Las escasas movilizaciones que ha convocado son de aparato. Tienen pánico a que se produzca una movilización masiva contra la derecha. Porque los problemas que sufren las masas se están potenciando (crisis sanitaria, carestía, desocupación, precariedad laboral, etc.) y –como el conjunto de la burguesía- temen una irrupción de luchas que “desestabilice” al gobierno por izquierda. La derecha, consciente de esta actitud política de autocontrol de Castillo y las burocracias que lo rodean (en primer lugar la stalinista CGTP), aprietan. Quieren exprimir el limón de la impotencia política del gobierno y sus aliados todo lo que se pueda y el fantasma de un golpe parlamentario-militar corporizarlo si intenta alguna medida contraria a sus intereses, o cuando su permanencia deje de jugar algún rol de contención
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Esta política de desmovilización del castillismo no solo alienta crecientemente al avance provocador de la derecha, sino que está produciendo una desmoralización entre los trabajadores y explotados.
Bellido llamó a las comunidades campesinas que se movilizaron contra la depredación ambiental de las mineras a que aguanten porque él sigue negociando con las patronales monopólicas. Ante el voto de desconfianza al gabinete ministerial que la derecha puede llegar a dictaminar en el parlamento el próximo 26 de agosto, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, declaró: “si el Congreso no nos da la confianza, nos tenemos que ir a nuestra casa, nadie es indispensable, vendrán otros ministros”. Una rendición anunciada ante la derecha.
La CGTP y el castillismo han levantado –y van…- una movilización convocada para el pasado domingo 16. Y la han reconvocado para el jueves 26, día en que el gabinete debe rendir su prueba de buena conducta frente al parlamento.
Para que haya una real y masiva movilización popular hay que levantar un programa de reivindicaciones apremiantes. Por inmediato aumento de salarios para llevarlo al costo de la canasta familiar, enfrentar la carestía y recuperar lo perdido. Derogación de la ley de “suspensión perfecta” y reincorporación de los despedidos. Pase a planta de todos los trabajadores tercerizados y precarizados, en primer lugar los de la salud. Expropiación de la jubilación privada de las AFP: sistema estatal de jubilación basado en los aportes de las patronales. Tierra, no verso, para los campesinos.
Organicemos en forma independiente la movilización de masas para el 26 de agosto en columnas que lleven pancartas con los reclamos de los explotados.
Es necesario que las fuerzas de la vanguardia obrera, campesina y de la izquierda, que se reclaman clasistas, se unan impulsando plenarios zonales para coordinar planteos de lucha de clases, de independencia política y de acción directa contra el colaboracionismo de clases y la subordinación de las masas a un gobierno impotente que amenaza con transformarse en instrumento ejecutor de la reacción o abrir paso al avance de la derecha en un marco de impotencia política.
Insistimos en la necesidad de agitar y organizar por un congreso de trabajadores para poner en pie un reagrupamiento de fuerzas y un polo independiente del gobierno y abrir una perspectiva superadora de la impotencia oficial y su adaptación política a la derecha.
Rafael Santos
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