Las imágenes de cientos de personas reunidas en la Quinta de Olivos, en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país para depositar piedras con los nombres de familiares y amigos fallecidos por coronavirus, sumaron a la indignación desatada por la filtración de la foto de las reuniones sociales clandestinas del presidente en julio de 2020. La oposición patronal, que intenta capitalizar estos hechos, tuvo sin embargo un abordaje igualmente orientado por el ajuste, que es en definitiva la responsabilidad principal detrás de las más de 100.000 muertes de la pandemia.
Con pancartas y dolor por las víctimas, las acciones cuestionaron el manejo de la pandemia del gobierno de Alberto Fernández. Sucede que mientras el conjunto de la población hacía hasta lo imposible para resguardarse en sus hogares, la crisis económica, social y sanitaria avanzaba y la cantidad de muertos crecía, el gobierno responsable del “quedate en casa” organizaba festejos de cumpleaños en la quinta presidencial. Al mismo tiempo, también tuvo una fuerte orientación anticuarentena e importantes alusiones a la “libertad” perdida durante el aislamiento, es decir que en lugar de exigir medidas sanitarias se las rechaza de plano en nombre de la normalidad por la que bregan las empresas, en función de recomponer sus ganancias sin licencias al personal de riesgo ni protocolo alguno en lugares de trabajo.
Como los medios de comunicación opositores hacían énfasis en estas críticas por el fracaso de la gestión de Alberto Fernández, los oficialistas intentaron imponer el relato de que el descontento es solo de un sector ultraderechista. Lo cierto es que la foto viralizada golpeó de lleno en la base social del gobierno nacional, incluyendo a figuras públicas que expresaron su malestar. Es lo que confirma el hecho de que, luego de la movilización, desde el gobierno hayan mandado a levantar las piedras para sumarlas a un improvisado espacio de homenaje a la víctimas del Covid-19. Pero es un intento por desligarse de su responsabilidad, e incluso hacer como si la pandemia fuese cosa del pasado cuando se suman cientos de muertos diariamente. No hacen falta lugares de la memoria, sino impedir nuevos desastres sanitarios.
La bronca que despertó la confirmación de las reuniones sociales en la Quinta de Olivos es enteramente entendible. Es que no hay forma de ocultar las consecuencias que perduran del aislamiento social de 2020, con millones de trabajadores que cayeron bajo la línea de pobreza o se quedaron sin trabajo y sin ingresos, producto de que la cuarentena se atravesó sin condiciones y bajo un brutal ajuste. Pero la oposición de Juntos por el Cambio, que se hizo presente en la “Marcha de las Piedras” con figuras como Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, es igual de responsable por la catástrofe sanitaria y social, ya que allí donde gobierna compartió con el gobierno nacional la instauración de la cuarentena a punta de pistola y sin garantizar recursos a la población.
Es innegable que las condiciones materiales y de vida de la clase trabajadora empeoraron durante la pandemia. Sin más ayuda social que un efímero IFE de $10.000 cada dos meses, con aval oficial a las rebajas salariales e inocuidad del decreto de prohibición de despidos, Alberto Fernández condenó a la población trabajadora a una cuarentena muy distinta de la que disfrutaba él en la residencia presidencial, que derivó en 400.000 puestos perdidos, el 50% de pobreza y el crecimiento de la precarización laboral. Pero nada de esto es lo que denuncia la oposición patronal.
Una muestra de la incongruencia de Juntos por el Cambio la vemos en que al mismo tiempo que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advierte que “la variante Delta está muy cerca de la circulación comunitaria”, Larreta avanza en la erradicación de cualquier medida sanitaria para beneficiar a los empresarios de la gastronomía y el turismo de la Ciudad; todo sin refuerzo alguno al sistema de salud para afrontar la tercera ola. La coincidencia con Kicillof, quien comunicó que desde este miércoles se podrán organizar eventos masivos de hasta 1.000 personas y abrirán bares hasta las 3:00 de la mañana, refleja que por parte de ambos lados es un manotazo de ahogado para mostrar una supuesta normalización exitosa ante las elecciones del próximo mes. Llevada adelante de esta forma, la apertura de nuevas actividades es un serio riesgo sanitario. Su supuesta preocupación por la economía solo se aplica a los bolsillos de los capitalistas, como revela la presión por suspender y hasta despedir a los trabajadores que no se vacunen.
El ajuste repercutió de lleno en el sistema de salud, y está en la raíz de la cantidad de muertes por coronavirus. Luego de transitar los últimos ocho meses con un presupuesto 12 puntos porcentuales menos que el año anterior, quedó en evidencia que detrás del colapso sanitario se encuentra el vaciamiento y privatización de la salud. El personal y los profesionales cargaron el peso sobre sus hombros, con salarios de pobreza y jornadas extenuantes, y cuentan con gran número de fallecidos entre sus compañeros y familiares. Es una realidad que, de nuevo, se manifiesta por igual donde gobiernan peronistas y radicales, macristas y kirchneristas. Se observó en la Capital Federal, donde Quirós atacó la organización de los residentes y concurrentes contra la precarización, pero también por supuesto en los hospitales bonaerenses, incluso en los municipales como en La Matanza del PJ de Fernando Espinoza, y desde ya fue puesto en la agenda nacional por la gran huelga de los elefantes neuquinos por aumento salarial.
La orientación ajustadora a ambos lados de la grieta fue plasmada en la votación de un Presupuesto 2021 que no contempló partidas para hacer frente a la pandemia, condenando a la población a una segunda ola sin reforzamiento del sistema sanitario, además de la eliminación lisa y llana del IFE. La denuncia de estos recortes, antes incluso de que se sumaran las decenas de miles de muertes de la primera mitad de este año, corrió exclusivamente a cuenta de los diputados del Frente de Izquierda, que se hicieron eco de los reclamos del movimiento piquetero, de los trabajadores de la cerrada Clínica San Andrés, y de tantos otros reclamos populares.
Ello, a la par de poner en la picota a todo el régimen de privilegios, que ya antes de la foto de cumpleaños de la primera dama había tenido expresión en el escándalo de la vacunación VIP. Como sostuvo Romina Del Plá, “solo el Frente de Izquierda -que denuncia sistemáticamente los dietazos, que sus diputados cobran lo mismo que una directora de escuela y que está presente en cada lucha del pueblo trabajador- tiene la autoridad para criticar los privilegios del poder”. El FIT-U es por eso la única alternativa política que defiende la salud y la vida de los trabajadores.
Iván Hirsch
Lucía Cope
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