Todo comenzó cuando el Tribunal Constitucional polaco dictaminó, en 2015, que el Gobierno debía poner un límite temporal a las reclamaciones por los bienes de las víctimas del fascismo. El Parlamento fijó un plazo máximo de 30 años, lo que reduce al mínimo los bienes afectados, impidiendo que muchos familiares puedan denunciar y reclamar los bienes apropiados por los fascistas alemanes, que ahora están en potestad de los polacos católicos.
El presidente polaco Andrzj Duda es un anticomunista ultra conservador, que compara la homosexualidad con una especia de “neo- bolchevismo”. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Polonia, se estima que fueron exterminados 3 millones de judíos. La comunidad judía quedó reducida a apenas casi 300 mil judíos, muchos de los cuales escaparon de Polonia por el antisemitismo del Partido Comunista Polaco. En la actualidad, la pequeña comunidad judía polaca es de apenas 12.000 miembros. El mismo gobierno intentó imponer una ley que condenaba aquellos que denunciaban la complicidad polaca con el nazismo, llevando adelante una forma de negacionismo del genocidio contra los judío y de encubrimiento a los colaboracionistas polacos.
El proyecto que refrendó Duda recibió apoyos incluso de un sector del sionismo que dice que reclamar el derecho de propiedad de los judíos arrebatados por los nazis, es compararse con los palestinos despojados a punta de fusil para fundar el Estado de Israel.
Lautaro Brodsky
20/08/2021
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