En Chile tampoco hay cuarentenas. Debido al aumento de contagios a nivel nacional, que ya superan los 35 mil y donde cada día es un nuevo récord, la RM está en fase 3; hay más de 12,6 millones de personas con la tercera, y los mayores de 18 años podrán comenzar a vacunarse a partir del 7 de marzo. En ausencia de cuarentenas, pero con vacunas, el gobierno sólo implementa la medida de que los contagiados confirmados den aviso a sus contactos estrechos e indiquen que están “en alerta Covid”, una especie de “control ciudadano” para quitarle responsabilidad al Estado. La ausencia de cuarentenas y la política de “responsabilidad ciudadana” empujan el ausentismo en el trabajo, costos materiales que por regla general asumen los trabajadores con descuentos por inasistencia y despidos.
La crisis humanitaria mundial, que la pandemia y las guerras ha potenciado, golpea fuerte en el norte del país. Migrantes son acosados por “rondas preventivas” y operativos de “recuperación de espacios públicos” de Carabineros, y algunos jóvenes responden “a puño limpio, para evitar detenciones en el marco del control de identidad. Naturalmente, la prensa ha utilizado todo esto fuertemente en favor del planteo antiinmigrante. Estos controles de identidad fueron el mismo procedimiento que el año pasado resultó en el asesinato de un malabarista en Panguipulli, que terminó desatando una pueblada. El carabinero que perpetró el crimen, que alegó legítima defensa tras 6 balazos, acaba de ser sobreseído por actuar en “legítima defensa”. Tras el 18 de octubre, la idea de “los jaguares de América” y “el oasis económico” acerca de altos niveles de inversión y empleo “para todos”, fue dejada de ridícula: así se evidencia en el norte del país, donde hoy la burguesía pone un signo igual entre migración y delincuencia, tras haber durante años ahorrado costos de contratación y de salarios aprovechando la mano de obra ultra barata proveniente de otros países de América Latina.
El futuro gabinete, que fue pronunciado mientras se reprimía a mapuches y que recibió el reconocimiento de Luksic, Sutil y Cía., en general satisface las exigencias de los grandes empresarios. El ministerio de hacienda ha quedado en manos de quien presidía el Banco Central desde 2016, Mario Marcel, que aboga por reformas tributarias con “gradualidad” y “responsabilidad fiscal”. Marcel se ha opuesto a los retiros de las AFP, y deberá encabezar una reforma previsional y laboral. Fue diputado por 6 gobiernos y en 2018 presidió la cámara alta; también fue director de la ´práctica mundial de buen gobierno´, un programa del Banco Mundial. La designación de Mario Marcel alivia a los capitalistas, porque promueve privatizaciones e inversión, o sea el concurso del capital financiero internacional sobre los recursos naturales y la gran industria. El de minería estará a cargo de Marcela Hernando, ex PPD y militante actual del Partido Radical. Carlos Montes será el nuevo ministro de vivienda y urbanismo, ex MAPU y actual PS, desde Aylwin. En Obras públicas estará Juan Carlos García, militante del Partido Liberal, alineado con la ex concertación. Por su parte, el grupo más próximo a Boric se compone de Nicolás Grau, militante de Convergencia Social –el partido de Boric- para el ministerio de economía. Camila Vallejos será la ministra vocera de gobierno, miembro del comité político. Giorgio Jackson será el nuevo ministro secretario general de la presidencia. Iskia Siches, ex PC y cercana al FA, será la nueva ministra del interior y seguridad pública, y quedará a cargo de la represión como jefa de las policías. Marco Ávila, es el primer profesor que ocupará el cargo de ministro de educación, de Revolución Democrática –FA-, y quien durante el segundo gobierno de Bachelet fue coordinador nacional en el Mineduc.
La crisis política chilena no fue sellada con las elecciones presidenciales. Aunque Boric ya había adelantado el nombramiento de algunos subsecretarios, en general hay una fuerte presencia de Apruebo Dignidad, que dicho sea de paso continúa sus tensiones con el PS aun después de darle ministerios claves. La DC está muy disconforme y puja por integrar al gobierno. La derecha, por su parte, se reorganiza de cara a obtener el tercio en la Convención para bloquear las medidas que puede considerar más progresivas y que eventualmente puedan aprobarse, porque implican la posibilidad de discutir un programa de clase.
La ausencia de un programa independiente de la clase obrera (y que agudiza su crisis de dirección), se evidencia en el proceso de cooptación desde la Convención constitucional. La izquierda que agitaba la asamblea constituyente libre y soberana y “una convención sin presos políticos”, se adaptó a las iniciativas de normas virtuales que se enmarcan en el lineamiento del Acuerdo por la paz y el ajuste presupuestario. El interés y adhesión del conjunto trabajador fue limitado a una firma virtual, sin instancias de deliberación ni movilización.
Ni el gobierno de Boric ni la Convención resolverán los problemas centrales que aquejan a los trabajadores, porque su espíritu es de colaboración de clases y responder a las exigencias del capital financiero. A dos años de la rebelión popular, las demandas planteadas durante aquellas jornadas no han sido satisfechas. Teniendo muchas reivindicaciones que discutir, los trabajadores están desarticulados y contenidos por la burocracia sindical, que no convoca a asambleas ni mucho menos organiza planes de lucha para movilizarse por ellas. Por eso, discutamos, organicémonos y luchemos, trabajadores y activistas, por:
Cuarentenas con pago íntegro de salario. Por la restitución de los IFEs y bonos covid. Por vacunas decretadas como bien público.
Aumento general de salarios y jubilaciones. Protocolos sanitarios discutidos en agrupamientos y asambleas. Prohibición de despidos y suspensiones. Apertura de los libros contables. Expropiación –sin indemnización y bajo control de sus trabajadores- de la gran industria de recursos naturales y de todas las empresas que cierren. Nivelación de sueldos y salarios según la variación del IPC, igual a una canasta familiar (que debiera ser de, al menos, 800 mil pesos). Distribución de horas entre ocupados y cesantes sin afectar el salario. Fin a la subcontratación y pase a planta de todos los trabajadores. Control obrero de la inspección del trabajo.
Fin a las AFP. Por un sistema previsional único estatal, financiado por los empresarios y bajo control de trabajadores y jubilados, y pensiones mínimas al nivel de la canasta familiar.
Frente a la bancarrota financiera y la inflación, control de precios por organismos independientes de la clase trabajadora en los barrios. Sueldo de emergencia para cesantes igual a la canasta familiar.
Una rápida obtención de documentos para inmigrantes. No a la repatriación y a las expulsiones. Derecho a voto universal de todas las personas que habiten el territorio chileno, sin condición de nacionalidad. Por documentación inmediata y gratuita para todos los que lo soliciten. Por la libre migración.
Fin al control de identidad y las detenciones por sospecha. Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos. Juicio y castigo mediante cárcel común a todos los responsables políticos y materiales de las mutilaciones, violaciones y asesinatos cometidos contra la población. Fin del presupuesto público para represión. Desmantelamiento del GOPE, FFEE y Comando Jungla. Desmilitarización del Wallmapu.
Huelga General.
Asamblea Constituyente libre y soberana.
Por un gobierno obrero y socialista.
Partido Obrero Revolucionario (Chile)
17/02/2022
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