Bajo los auspicios de la ONU, en marzo de 2021 se produjo el último intento de dotar a Libia de un gobierno único, habida cuenta la virtual desintegración nacional por la que atraviesa el país africano desde la intervención imperialista de 2011. El plan de poner en pie un “gobierno de unidad nacional” poseía evidentes límites desde un primer momento ya que el proceso de transición que abriría habría de producirse sin cuestionar los resortes de poder que poseen las facciones que se dividen al país y sin afectar a las potencias que buscan hacerse con su tajada en el reparto de las riquezas libias. La ONU designó a dedo delegados de las distintas regiones del país que eligieron a Abdul Dbeibé, un empresario de la construcción que se enriqueció bajo el ala del gobierno de Gadafi, como primer ministro.
Este gobierno debía concluir realizando elecciones en diciembre del 2021 (un importante número de 2,4 millones de libios se inscribieron para participar como votantes, sobre una población de 7 millones), las que nunca fueron convocadas. Dbeibé señaló que no había condiciones y resolvió prorrogar su mandato para convocar a elecciones recién en junio. Ante esto, esta semana, el parlamento con sede en Tobruk resolvió nombrar a Fathi Basagha, ex ministro del Interior, como nuevo primer ministro, con el compromiso de llamar a elecciones en 14 meses. Dbeibé ratificó que no dejará su cargo. Con este panorama vuelve a conformarse de manera marcada un doble poder y se renuevan las tensiones bélicas contenidas desde el alto al fuego firmado por las partes a fines de 2020. El gobierno de Trípoli convocó a sus simpatizantes a movilizarse en su apoyo, con lo que caravanas armadas empezaron a circular por la capital. Dbeibé sufrió un intento de asesinato esta semana en un episodio no esclarecido aún.
Desde hace más de una década que el país se ordena alrededor de dos ejes político geográficos. Por un lado, el sector que reside en la capital tradicional del país, Trípoli, sede del “gobierno de unidad nacional” y de un sector del parlamento que desconoció la elección legislativa del 2014. Esta facción recibe el sostén fundamentalmente de Turquía y de Italia. Por el otro se encuentra el polo de Tobruk, en el este del país, allí se radica el parlamento surgido de la elección de 2014 (Cámara de Representantes) y una parte significativa de las fuerzas armadas con Jalifa Haftar como hombre fuerte. Este bando es apoyado por Rusia, Francia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Ambos bandos cuentan con miles de mercenarios y un importante arsenal militar desplegado en el país magrebí.
La traba fundamental para arribar a un gobierno único es la imposibilidad de que cada facción se desprenda de la cuota de poder que ostenta, junto con las prerrogativas económicas que van de la mano, fundamentalmente el control de la explotación del cuantioso petróleo libio. Ambos bandos buscan orquestar una transición en sus términos lo que es rechazado por su contraparte.
A la vez, penden sobre la cabeza de la mayor parte del elenco dirigente de las facciones acusaciones de delitos de guerra y humanitarios, con lo que una resolución que deje a alguna de ellas en una situación de debilidad le acarrearía enfrentar fuertes condenas judiciales. Los intereses de las potencias anudados con una y otra facción son, de todas formas, el factor determinante en la crisis. Rusia ya reconoció a Basagha como primer ministro.
Por su parte, las masas trabajadoras libias asisten al proceso, por el momento, como espectadoras, si bien predomina un rechazo a los personeros que se disputan el poder, ya que son señalados como los responsables del desastre nacional.
Para asegurar la unidad de Libia y su soberanía, expulsando al imperialismo, es necesaria una intervención independiente del pueblo trabajador.
Leandro Morgan
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