El pago de un bono de 750.000 pesos que conquistaron los trabajadores de Bridgestone, como concepto por participación en las ganancias de la empresa, generó un simbronazo en el movimiento obrero. Como fuera, la conquista de los obreros del neumático impactó y abrió debates en los gremios y lugares de trabajo no solo por lo contundente de la cifra, sino por el cuadro de pauperización salarial que se profundiza año a año y promete agravarse con las metas de ajuste pactadas con el FMI. La extraordinaria movilización que colmó la Plaza de Mayo y las capitales del país el martes 8 marca un camino para enfrentar los ataques del gobierno y las patronales, en contraste con la entrega de las conducciones de la CGT y las CTAs y de las organizaciones sociales cooptadas por el Estado.
De recurso de la patronal y la burocracia sindical de Pedro Wasiejko y la CTA para hacer pasar una reducción salarial de hasta el 40% en 2001, el «bono Bridgestone» se convirtió dos décadas después en la demostración de lo que puede arrancar un sindicato clasista anclado en la organización colectiva. Es sin duda el corolario de la firmeza con que el Sutna encaró las discusiones paritarias desde su recuperación por la lista Negra en 2016, logrando aumentos por encima de la inflación, y refuerza precisamente la lucha por la defensa de los salarios en medio de una estampida inflacionaria.
En efecto, mientras el año arrancó con un desmadre en los precios de los alimentos y un cronograma de tarifazos en los servicios públicos, el ministro de Trabajo ha salido a fijar públicamente una pauta salarial del 40% de cara a la ronda de paritarias que se viene. El propio Indec acaba de informar que los empleos no registrados perdieron 10 puntos contra la inflación en 2021, y si se cuenta desde con 2017 a los empleados públicos les arrebataron siete sueldos y medio según el Iaraf. El mismísimo Wasiejko, que salió con un raid mediático a adjudicarse la conquista de los trabajadores de Bridgestone y el Sutna, ejecuta el ajuste salarial sobre los obreros del Astillero Río Santiago que él preside.
También se anunció la actualización trimestral del 12,2% de las jubilaciones, pensiones y asignaciones cuando las consultoras proyectan la inflación del período en 13 puntos, y deja el haber mínimo en unos magros 32.000 pesos a partir de marzo. Al Pami, de pasada, le achuraron unos 10.000 millones de pesos de su presupuesto. Si esto basta para graficar que las metas de reducción del déficit fiscal acordadas con el Fondo se facturarán a los trabajadores, vale agregar que la caída en la cantidad de jubilados y pensionados -con cada vez menos trabajadores en condiciones de retirarse por carencia de aportes- expresa además una reforma previsional silenciosa, precisamente como esas «reformas estructurales» que el discurso oficial intenta negar que forman parte del programa fondomonetarista.
Que tanto el Pami como la Anses estén a cargo de personal kirchnerista refuta la pretensión del hijo de la vicepresidenta de desmarcarse del pacto con el FMI, y demuestra que esa misma fuerza capitanea en ajuste en áreas tan sensibles. Lo mismo vale para los funcionarios responsables de los naftazos y los incrementos de tarifas de luz y gas, que también reportan a Cristina Kirchner. Finalmente Máximo renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, pero ningún agente del Instituto Patria se fue del gabinete que deberá rendir exámenes trimestrales a los enviados del Fondo Monetario.
Nada de eso niega que efectivamente la magnitud del ajuste que se viene agrave la crisis política. La decisión de Alberto Fernández de traspasar 32 líneas de colectivo que circulan dentro de la capital a la órbita del gobierno porteño viene preñada de un boletazo que promete duplicar el precio del transporte de pasajeros, y representa un intento por quedar exento del costo político de semejante mazazo a los trabajadores de todo el Gran Buenos Aires. Desde el entorno de Larreta ya comunicaron que carecen de los fondos para costear los subsidios, por lo que han confirmado que se viene un tarifazo en regla.
En el mismo laberinto se metió la mesa de gobernadores del denominado «Norte Grande», que se reunió en Puerto Iguazú para pedir un tratamiento especial en cuanto a subsidios energéticos y al transporte para sus provincias. A los responsables de los mayores índices de pobreza de la Argentina no les ocupa revertir la miseria en sus territorios, sino los reclamos de las grandes empresas (sobre todo agroindustriales) de lo que llaman las «economía regionales». Los recortes de subsidios auguran una suba de la temperatura del humor social y amenazan con hacer saltar los tapones de la bronca popular. Es evidente que el pacto con el FMI y el ajuste que conlleva, que cuenta con el aval de los mandatarios oficialistas y opositores por igual, echará leña al fuego de la crisis política.
A la luz de ello debe entenderse que Juntos por el Cambio en pleno haya informado que resolvió respaldar el acuerdo con el Fondo en el Congreso, desistiendo de planteos como el de Patricia Bullrich acerca de que la cuestión se canalice vía decreto. Se impuso la orden de Washington sobre la necesidad de que cuente con aprobación parlamentaria, para que todas las fuerzas dejen sus huellas dactilares en el programa de doce años. No es casual que a la par los legisladores kirchneristas reafirmen que no van a obstaculizar el tratamiento en el recinto.
Es interesante observar también que la transversalidad fondomonetarista abarca a los autodenominados libertarios. Al proyecto con que debutó Ramiro Marra en la Legislatura porteña, para prohibir los piquetes dando mayores facultades represivas al Estado, se sumaron luego las declaraciones de Javier Milei en pos de pasar a todos los planes sociales a depender de los municipios controlados por los barones del conurbano. Contra la organización de los desocupados, el presunto liberal promueve una mayor regimentación estatal en manos de lo más enquistado de la «casta política». Ambos aspectos son el correlato de una burguesía que piensa cómo imponer tamaño retroceso en las condiciones de vida de las ya golpeadas familias obreras.
Agreguemos a lo dicho que las propias exigencias del FMI son también un yunque para la economía nacional y la reactivación productiva de la que tanto se jacta el gobierno. Con un Banco Central que se ha quedado sin dólares propios, tras consumir el jugoso superávit comercial en pagos de deuda y financiar la fuga de capitales, han vuelto a restringir las importaciones. Ello impacta de lleno en la industria, que no solo trae de afuera maquinaria e insumos sino que en buena medida es una armaduría de componentes extranjeros. De hecho todos los rubros de manufacturas industriales cerraron el 2021 con un déficit comercial.
Este carácter colonial del comercio exterior se proyecta hacia adelante, como se desprende de los proyectos de inversión negociados con China en la gira presidencial, a la postre atados a un financiamiento usurario y condicionados a cumplir con el Fondo. La incorporación de Argentina a la Ruta de la Seda solo expone al país a las tensiones de la guerra comercial que enfrenta a las potencias en el mercado mundial, en lugar de valerse de esas disputas para un desarrollo independiente. Es otra manifestación del parasitismo de la burguesía nacional, y sus partidos que se alternan en el gobierno.
El saqueo a que someten al país es cuestionado particularmente por las grandes movilizaciones populares contra la ruinosa depredación ambiental, como fue primero el Chubutazo que hizo retroceder la ley megaminera y luego el Atlanticazo contra la explotación petrolera sobre el Mar Argentino, que viene de redundar en el curso judicial a una cautelar que suspende la habilitación a la noruega Equinor para iniciar la exploración sísmica frente a las costas de Mar del Plata. Son pulseadas en las que se juega mucho más que el aval a proyectos puntuales, porque el empecinamiento del gobierno muestra que son puntos claves en el esquema de repago de la deuda externa.
En este contexto cobra todo su valor la masiva jornada de lucha de extensión nacional que protagonizaron el 8 de febrero el sindicalismo clasista y las organizaciones piqueteras combativas, junto al Frente de Izquierda Unidad y otros partidos de izquierda. El documento leído en Plaza de Mayo expresa una tajante delimitación con las operaciones del kirchnerismo para contener a la base descontenta que aún no rompe con el gobierno, y traza la intervención independiente de la clase obrera como perspectiva para derrotar el acuerdo con el FMI. Ese es el camino.
Buen domingo.
Iván Hirsch, editor de Prensa Obrera
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