Cincuenta años después, Roberto Bravo irá al banquillo por primera vez. El teniente retirado fue quien, el 22 de agosto de 1972, efectuó los tiros de gracia a los 16 militantes que permanecían detenidos tras el intento de fuga de la cárcel de Rawson.
El teniente retirado de la Marina Roberto Guillermo Bravo tuvo un rol protagónico en la Masacre de Trelew: fue quien, el 22 de agosto de 1972, efectuó los tiros de gracia a los 16 militantes que permanecían detenidos en la Base Almirante Zar tras un intento de fuga de la cárcel de Rawson. Y también lo tuvo en el camino de Justicia que abrió décadas después, para intentar reparar de algún modo aquellas muertes. Porque Bravo fue el único responsable que logró, hasta el momento, zafar de la investigación, del juicio y de las condenas a cadena perpetua que obtuvieron sus colegas. A fin de mes, mientras se define si finalmente será extraditado o no a Argentina para que sea subsanada aquella deuda, Bravo será juzgado en Estados Unidos.
El lunes 28 de este mes, un jurado de una corte federal para el distrito sur de Florida integrado por ciudadanos estadounidenses, dará comienzo al juicio civil contra Bravo por el homicidio y la tentativa de homicidio de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, cuatro víctimas de la matanza que presagió el terrorismo de Estado desatado en 1976. También evaluará el “impacto duradero” de estos hechos en las familias de las víctimas, puntualizaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales. El organismo fue y es querellante en la causa penal que se sigue en Argentina por esos crímenes de lesa humanidad y prestó asistencia al Center for Justice Accountability (CJA), impulsor de la demanda civil contra Bravo en Estados Unidos.
Por el momento, es la única vía judicial que pudo avanzar contra el teniente retirado y único prófugo por la Masacre de Trelew. Argentina realizó dos pedidos de extradición a Estados Unidos, donde vive Bravo desde 1973, cuando fue enviado como agregado naval de la Embajada. Uno fue rechazado y otro está bajo análisis. Tal como reconstruyó el periodista de este diario Diego Martínez, Bravo formalmente se retiró de la Marina en 1979, tras seis años de vida en ese país norteamericano. Desde entonces forjó en Miami, Florida, una carrera como empresario de Seguridad. Fundó la empresa RGB Group junto a su hermano Fernando. Se hizo rico.
La Justicia argentina
Recién en 2006 Bravo regresó al radar de la justicia Argentina, luego de que el entonces juez federal de Rawson Hugo Sastre abriera un expediente para investigar los hechos Trelew por pedido de los familiares de las víctimas. En 2008 pidió su captura internacional. En 2010, la justicia de Estados Unidos lo detuvo y lo soltó bajo pago de fianza. Y luego rechazó el pedido de extradición, el primero. El avance de la causa determinó que en 2012 fueran condenados el contraalmirante Horacio Mayorga, el capitán Jorge Del Real, el capitán Luis Sosa, a quien se sindica como uno de los ejecutores e ideólogos del plan y el cabo Carlos Marandino. Las absoluciones de aquel fallo, dedicadas al exjefe de la Base Roberto Horacio Paccagnini y al capitán de Navío Jorge Enrique Bautista, fueron revertidas por la Casación dos años más tarde.
El único que por el momento sigue sin ser juzgado en Argentina es Bravo. Estados Unidos aún debe resolver el seguro pedido de extradición que posibilitaría su regreso al país para poder, finalmente, juzgarlo. En octubre de 2019 volvieron a detenerlo, y a liberarlo bajo pago de fianza. En marzo de 2020, en Florida, se llevó a cabo una audiencia en el marco de ese trámite tras la cual el fiscal de distrito de Miami, Jason Wu se pronunció a favor de la extradición.
Otra vía de reparación clave según el CELS y las familias de las víctimas
En paralelo a la espera para que finalmente ese acto pueda ser concretado, se abrió la posibilidad de iniciar una demanda civil contra Bravo en el mismo territorio que el represor eligió para burlar a la Justicia Argentina. Junto a un puñado de estudios jurídicos locales, el CJA representa a las familias de Capello, Villarreal de Santucho, Camps y Bonet en base a la ley de protección de víctimas de tortura que rige en Estados Unidos y que busca revisar que los ciudadanos extranjeros a los que acoge rindan cuentas por actos de tortura que cometieron en otras partes del mundo.
Esta línea de acción es civil, con lo cual no prevé ningún tipo de sanción carcelaria para Bravo. Lo que busca es demostrar su responsabilidad en los homicidios y tentativas de homicidio de los cuatro militantes y habilitar una reparación para sus seres queridos. En ese sentido, Sol Hourcade, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del CELS señaló que el proceso y su posible resolución “tiene una importancia extremadamente relevante para las familias, que vienen pidiendo justicia y hasta el momento no han podido enfrentar a Bravo en los tribunales argentinos” al ser esa imposibilidad la que los “impulsó a buscar otras estrategias para obtener sobre todo verdad” en relación a los crímenes. No obstante, subrayó Hourcade, “de ninguna forma la resolución de ese proceso reemplaza lo que pueda suceder en Argentina”.
La masacre de Trelew
El 15 de agosto de 1972, un grupo de 25 militantes que permanecían detenidos en la cárcel de Rawson intentaron fugarse. El plan era alcanzar el aeropuerto de Trelew y de allí tomar un avión que los condujera a Chile. Seis lo lograron, pero los otros 19 fueron finalmente detenidos y trasladados a la Base Almirante Zar. Allí los mantuvieron cautivos casi una semana hasta que la madrugada del 22 de agosto fueron baleados por la guardia de Infantería de Marina que en ese momento los custodiaba. Bravo dirigía ese grupo.
En el fusilamiento fueron asesinados Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. Alberto Camps, María Antonia Berger y René Haidar sobrevivieron. Fueron trasladados al hospital naval de Bahía Blanca y luego a la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires. Sus testimonios, brindados al poeta Paco Urondo, otro preso político allí, el 24 de mayo de 1973, fueron fundamentales para reconstruir la masacre, identificar a sus responsables y, sobre todo, delinear el perfil protagónico de Bravo en el episodio. De aquella entrevista surgió el libro La Patria Fusilada.
Ailín Bullentini
10 de febrero de 2022 - 12:45
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