El periodista Pedro Lacour, que sigue en La Nación la agenda de la izquierda y las luchas sociales, publicó una cobertura acerca de la droga y su impacto sobre las organizaciones barriales y piqueteras.
El propio título de la nota, un “·desafío narco”, anticipa la lucha de las organizaciones sociales contra el tráfico de droga que destruye a las familias en los barrios. Uno de los entrevistados, perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos, relata la experiencia de las ´casas de recuperación´ a adictos. Los asistidos son hijos de “padres y madres consumidores, con familias que incluso venden para poder sostener la olla en la casa”. No hay línea divisoria clara entre el consumo y el pequeño tráfico, donde la venta sostiene la adicción y la propia subsistencia familiar, en medio de una miseria social completa. Desmintiendo a los defensores de la “libertad individual” en materia de drogas, el entrevistado señala que la mayoría de sus asistidos “No tuvo la posibilidad de elegir entre consumir y no consumir”, y de inmediato alude al vacío existencial que envuelve a la juventud: “En los barrios populares hay muy poco acceso al deporte, están imposibilitados de armar algún proyecto de vida”.
El artículo alude a la existencia de una estructura estatal -” Centros de Atención y Acompañamiento Comunitario”- que la SEDRONAR terceriza en organizaciones sociales, entre ellas, la UTEP, la CCC, el Movimiento Evita y la Iglesia. Suponemos, con razones fundadas, que esta delegación se lleva adelante por medio de trabajadores precarizados. En relación al entramado que rodea a la droga, el veredicto de los entrevistados es lapidario: “Los narcos tienen complicidad con la policía y el poder político”. Agregan, luego, que un plan Potenciar Trabajo de dieciséis mil pesos “no puede competir” con los ingresos que provee el menudeo de la droga.
Droga y lucha política
Dentro de los límites de una entrevista, en la nota de La Nación no deja de colarse una evidente contradicción: aunque los militantes reporteados no dudan en vincular “al Estado y al poder político” en el entramado de la droga, las acciones que mencionan se circunscriben a la atención posterior o eventual rehabilitación de los adictos. Son parte, por lo tanto, del “control de daños”, es decir, de la morigeración sanitaria de los “consumos problemáticos”.
Por eso mismo, el reportaje deja planteado un gran interrogante para las organizaciones sociales y piqueteras: si la droga se introduce como resultado de una ´articulación política´, en directa vinculación con el crecimiento de la miseria social, ¿no está planteada una lucha de carácter político contra la droga en los barrios? ¿No es necesaria una verdadera campaña de reivindicaciones, que una la lucha por las necesidades básicas contra el régimen político y social responsable por la miseria y la penetración de la droga?
Los “entrevistados” de La Nación, claro está, son dirigentes sociales oficialistas, y en ese carácter, parece claro que la cooptación estatal no se llevaría bien con una lucha contra el Estado –aun existiendo, por parte de ellos, una crítica o un rechazo al consumo de drogas. Pero este interrogante se extiende al piqueterismo opositor o independiente del Estado, en este caso ligado al libertarianismo de izquierda, que asume al consumo de estupefacientes desde el lugar de la libertad personal, cuando se trata del envenenamiento de la juventud trabajadora. Asistimos a una descomposición económica y social del capitalismo, no al paraíso de la libertad humana.
Por la derrota de la droga
Esto plantea, por lo tanto, una lucha política en los barrios por la derrota de la droga, que debe ser concebida como una lucha contra el Estado, los partidos y los aparatos estatales que la promueven. Esta tarea podría comenzar, de un modo inmediato, con un trabajo de agitación y propaganda: charlas políticas en los barrios que expongan las consecuencias lacerantes del consumo; su papel como destructor de las energías creativas de la juventud y de los trabajadores; los vínculos del narco con el aparato estatal, en todas sus formas, y con el capital financiero, a través de los sistemas de lavado.
Estas actividades podrían concluir con resoluciones prácticas de acción, por el derecho al trabajo, al estudio, a la práctica deportiva; pelear por el derecho a exponerlas en los colegios de la zona, organizando y formando centros de estudiantes, y participando en ellos como enemigos políticos de la infiltración de la droga.
Contra el amedrentamiento con que los narcos protegen su actividad, debemos crear la “atmósfera” política que los combata y los excluya, en primer lugar, de los elementos más activos y avanzados de la juventud de los barrios. Hay que sumar a esta lucha a los trabajadores de la salud mental, con un planteo político.
Rita Marchesini
23/02/2022
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