Recordemos que en octubre del año pasado la Anses ya había desistido de apelar el fallo de primera instancia favorable a la demanda presentada por CFK, quien reclamaba cobrar dos asignaciones de privilegio -sin requerimientos etarios ni de cantidad de aportes-, una por haber sido presidenta y otra por ser la viuda de un expresidente, luego de que bajo el mandato de Macri se hubiera suspendido el pago de una de las dos prestaciones. Así es como sin haber concluido el juicio, la Anses resolvió de manera exprés concederle a la actual vicepresidenta una doble pensión vitalicia por nada menos que $2,5 millones mensuales, más un retroactivo de $120 millones.
Este tratamiento VIP contrasta con el letargo que deben padecer los casi 268 mil jubilados que se encuentran en distintas instancias judiciales en reclamo de una correcta actualización de sus haberes -litigios que, cabe destacar, la Anses apela sin miramientos- y los más de 80 mil que cuentan con sentencia firme pero aún no han recibido un solo peso. Como vemos, los que detentan el poder se aseguran una vida de lujos parasitando los aportes que realizan los trabajadores durante toda su vida, mientras estos últimos reciben migajas a la hora de jubilarse y se ven forzados a destinar sus últimos años en un derrotero judicial a la espera de cobrar lo que les corresponde.
La diligencia por parte de la Anses para defender las prebendas hacia Cristina Kirchner no tiene antecedentes. En cambio, no actúa con tanta celeridad cuando se trata de destrabar los miles de trámites jubilatorios que quedaron atorados a raíz de la pandemia, imposibilitando que trabajadores que cuentan con más de treinta años de aportes puedan acceder a su jubilación.
El beneficio conferido no solamente es ilegal, ya que la ley 24.018 explicita en su artículo 5 que la percepción de la asignación vitalicia para expresidentes es “incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”, sino que además pinta de cuerpo entero a una clase dirigente completamente divorciada de la población trabajadora. Sin dudas, la doble pensión millonaria de Cristina Kirchner constituye un verdadero agravio para los millones de jubilados que cobran la mínima, la cual llegará apenas a los $32 mil pesos recién en marzo, por debajo incluso de la línea de indigencia.
La vicepresidenta, además de abusar desfachatadamente de sus privilegios por el cargo que ocupa, cumple un papel activo al momento de hundir a la inmensa mayoría de los jubilados en la miseria. Sin ir más lejos, el Frente de Todos ni bien asumió congeló la movilidad jubilatoria y consagró una nueva fórmula para calcular los aumentos que desindexa los haberes de la inflación, dejándolos sumamente rezagados. Este accionar no dista mucho de la orientación que defendía cuando era presidenta del país: en ese momento no le tembló el pulso a la hora de vetar el 82% móvil sobre el salario mínimo para las jubilaciones mínimas y no dudó en tildar de «buitres y caranchos» a los jubilados que recurrían a la Justicia para exigir una reactualización, práctica en la que ella misma incurriría años después, corriendo mejor «suerte» que los demás litigantes. Al parecer, la hipocresía no tiene límites.
Finalmente, mientras CFK viaja a Honduras a predicar sobre el «bienestar de los pueblos», forma parte de un gobierno que se empecina en confiscar a los jubilados y que continuará en esa dirección a los fines de cumplir con los lineamientos de ajuste dictados por el Fondo Monetario. No olvidemos que dentro de las recetas fondomonetaristas figura que las jubilaciones dejen de ser un salario diferido para convertirse en meras pensiones a la vejez. Entre tanto el pueblo es empujado a vivir todo tipo de privaciones, quienes nos gobiernan hacen gala de una opulencia insultante.
Mención aparte merece la impostura de la oposición de Juntos por el Cambio, cuyos referentes remarcan lo injusto de que CFK reciba tamaña asignación, sin embargo, omiten que la gestión macrista, lejos de defender a los jubilados, garantizó una reforma previsional negativa, a la vez que lanzó la Reparación Histórica para desalentar los juicios por actualización de haberes otorgando montos muy por debajo de lo que correspondería y sin retroactividad. Por lo demás, se trata de una fuerza política que ya anunció su apoyo en el Congreso al acuerdo con el FMI, el cual asegura nuevos ataques a las jubilaciones.
Para terminar con este régimen de privilegios es preciso que la Anses sea gestionada por los propios trabajadores jubilados. De esta manera, además de poner fin a las prestaciones obscenas que cobran los poderosos, podremos avanzar en recomponer el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. En ese sentido, vamos por el 82% móvil, aumentos jubilatorios atados a la inflación, jubilación mínima equivalente a la canasta de la tercera edad, reposición de aportes patronales, blanqueo de todos los trabajadores informales, aumento de emergencia y moratoria para que aquellos trabajadores que no cumplan con los años de aportes puedan acceder a una jubilación. Quebrar el pacto inminente con el FMI es una paso fundamental en esta lucha.
Sofía Hart
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