En los últimos días se abrió una profunda crisis en el Partido Popular (PP), la histórica formación de la centroderecha española. El presidente del partido, Pablo Casado, acusó a la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un opaco contrato para la compra de barbijos en que habría sido favorecida la empresa de una familia amiga de la dirigente, y que podría haber incluido también una coima en el caso de su hermano. Por su parte, Díaz Ayuso responsabilizó a funcionarios de la alcaldía madrileña ligados a Casado de hacer tareas de espionaje en su contra para conseguir información sobre el contrato de la discordia.
Ninguno de los presidentes autonómicos, y apenas algunos líderes territoriales apoyaron a Casado, lo que lo obligó a dejar el miércoles su lugar como jefe de la bancada parlamentaria del PP. Asimismo, dejará de conducir el partido tras el congreso extraordinario que la formación ha resuelto para el mes de abril. Se baraja como potencial sucesor a Alberto Nuñez Feijóo, titular de la Xunta de Galicia, considerado un derechista “moderado”.
En tanto, dejó su cargo Angel Carromero, un funcionario madrileño acusado por el espionaje. En el caso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, renunció a su puesto como portavoz del PP, si bien algunos medios (El País, 23/2) indican que llegó a un pacto de no agresión con Díaz Ayuso para sostener la gobernabilidad del área metropolitana de la capital española.
Viejas mascarillas
Las irregularidades en la compra de mascarillas fueron justificadas por Díaz Ayuso en nombre de la emergencia que implicó la llegada del Covid-19. Muchísimos contratos se adjudicaron entonces en forma directa. La oposición de centroizquierda denuncia no solo tráfico de influencias y sobornos, sino también que los barbijos recibidos eran de peor calidad que los acordados.
La gestión del coronavirus por parte de la titular de la Comunidad de Madrid se caracterizó por un desprecio consciente de las medidas de prevención y aislamiento social. El aspecto más brutal de su política sanitaria, sin dudas, fue lo ocurrido en las residencias de ancianos, donde murieron en los primeros meses de pandemia más de 5.700 personas a las que se les negó su atención en los hospitales.
El PP y Vox
La guerra interna en el PP viene precedida de las elecciones en Castilla y León, uno de los bastiones de la centroderecha. Casado promovió su adelantamiento con el propósito de alcanzar la mayoría absoluta, pero el PP sumó apenas dos legisladores y su rival en el campo derechista, la fascistizante Vox, tuvo un crecimiento vertiginoso, pasando de 1 a 13. La formación de Santiago Abascal reclama ahora ser integrada al gobierno, con la vicepresidencia y varios ministerios (Ciudadanos, la tercera fuerza de la derecha, se derrumbó, retrocediendo de 11 a 1, con lo cual se acelera su disgregación).
A raíz de los resultados electorales, se ha abierto un debate en el PP, dado que existen dos opciones. Una variante consiste en explorar una abstención del PSOE, que le permita gobernar en solitario. La otra es aceptar la incorporación de Vox. Mientras que Casado mostró reparos a esta última alternativa, acusando al partido de Abascal de “aumentar la polarización y debilitar el sistema” (El Confidencial, 15/2), Díaz Ayuso la defiende.
De todos modos, el PP en su conjunto viene acentuando sus lazos con Vox. Primero fue en Andalucía, donde se realizó en 2019 un pacto tripartito (PP, Ciudadanos, Vox) que invistió a Juanma Moreno Bonilla (PP). El programa de gobierno incluía, entre otros puntos, mayor control de la migración, ajuste del gasto público, promoción de festividades religiosas, etc.
En Murcia, los diputados de Vox (y de Ciudadanos) fueron claves el año pasado para evitar que prosperara una moción de censura de la oposición centroizquierdista contra el gobierno de Fernando López Miras, del PP. En esa ocasión, Casado dijo: “aquí comienza la reconstrucción de la centroderecha”. A cambio de sus servicios, Vox recibió la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno regional, desde donde monitorea el cumplimiento del llamado “veto parental”, una iniciativa que permite que los padres frenen el acceso de sus hijos a determinadas actividades educativas; más precisamente, es un ataque a la educación sexual. Sus promotores aducen que busca frenar el “adoctrinamiento en las aulas” del movimiento de mujeres y diversidades.
En la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso fue investida el año pasado con el apoyo de Vox. A cambio, se comprometió a rediscutir las leyes contra la discriminación de la comunidad LGTBI y avanzar en un ajuste en la televisión pública. Vox fue clave también para la aprobación del último presupuesto.
Entre la derecha “democrática” y la derecha fascista no hay un muro infranqueable.
Régimen político
La feroz puja en el PP es una expresión de la crisis del régimen político español, surgida de la crisis capitalista de 2008 y décadas de gobiernos ajustadores del PP y el PSOE. Los trabajadores necesitan desarrollar una salida política independiente.
Gustavo Montenegro
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