Dichos organismos: INaMu (Instituto Nacional de la Música), INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), INT (Instituto Nacional del Teatro), CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), FNA (Fondo Nacional de las Artes) y FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), financian casi totalmente las producciones independientes de cine, teatro, editoriales, música, radios y televisiones comunitarias y bibliotecas populares. Sin embargo, no lesionan al presupuesto nacional porque se rigen por un sistema de retroalimentación, o de auto sustentabilidad -basada en las Leyes 17.741 y 26.522-, por el cual cuando los espectadores pagan su entrada al cine o al teatro, por ejemplo, están ayudando a financiar una próxima producción teatral o cinematográfica. Por eso el presupuesto del Ministerio de Cultura siempre ha sido tan bajo, funcionando, eso sí, como administrador general. En cambio, si se cumpliera la caducidad de la percepción de estos impuestos con finalidad específica, la situación quedaría en algo así como que el Estado estaría demoliendo estos propios y genuinos fondos de sustentación para donárselos a… vaya a saber quiénes, a través del Tesoro nacional.
Desde diciembre de 2021 una serie de sindicatos, organismos y asociaciones culturales, además de algunas cámaras patronales, empezaron a reclamar a los diputados nacionales que prorroguen por 50 años la caducidad, apoyando un proyecto de ley de Pablo Carro, del FdT. La CAIC (Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica) es un poco más práctica: pide la prórroga por 75 años, dado que los derechos de autor post mortem concluyen en ese plazo. El 2 de mayo el Consejo Federal de Cultura, compuesto por organismos oficiales, convocó a una jornada para reclamar la prórroga por 50 años. Tristán Bauer fue a arreglar los tantos con Sergio Massa. Excepto el PRO, todos los bloques partidarios (incluido bloque de Heller y PTS) aceptarían tratar el tema antes de la mitad de año, para que la medida no pueda ser aplicada automáticamente.
La vergüenza es que a ningún parlamentario, incluidos los de izquierda, se le haya ocurrido que este no es un tema de prórrogas o moratorias, sino de demolición de derechos adquiridos y desmembramiento de organismos e instituciones estatales de sostén a la cultura.
El sinuoso camino hacia la privatización de la cultura
El capitalismo en lo posible no improvisa: prepara. La existencia de los entes mixtos, públicos/privados, denominadas Agencias, que remplazan a las secretarías en el estamento provincial (Córdoba, por ejemplo) de Cultura y de Turismo y Deportes representan, desde 2005 aproximadamente, un avance significativo en la privatización de la actividad cultural. La ecuación es simple: el Estado aporta recursos de diversos tipos, mientras las empresas privadas determinan la programación asegurándose de que el grueso de la recaudación vaya como ganancia a tarjetas de crédito, tarjetas de compra de entradas, hotelería, transportes, construcción y otros rubros.
De cumplirse el Artículo 4 de la Ley 27432, el Estado se estaría comiendo a sí mismo para favorecer a sus majestades del FMI, pulpos financieros y otras aves de carroña, que empezarían a disponer de una caja chica, ¡pero con mucho dinero fresco! de las entradas a cines, teatros... El ilustrísimo ministro Cavallo ya lo hizo en sus épocas.
La ley aprobada en 2017 bajo el comando de Mauricio Macri contó con votos peronistas y de otras corrientes, de lo contrario ni siquiera habría sido sancionado el proyecto. El acuerdo con el FMI gestionado por el Frente de Todos con acuerdo de mayoría parlamentaria, por muy desmayado y descompuesto que se halle, no va a aflojar en sus exigencias de recorte a los gastos que implique cualquier ejercicio de derechos de los explotados y oprimidos. Y, si se les puede extraer beneficios, mejor. Como prueba, el impuesto a las ganancias que asfixia a los obreros industriales.
¡A defender los derechos de artistas, escritores y trabajadores de la cultura!
La actitud de protesta de los funcionarios estatales ante la virtual amenaza de liquidación de los organismos descentralizados desnuda su temor de quedar reducidos a funciones subalternas y, por qué no, en desocupación. Para los creadores y hasta los técnicos que producen objetos culturales el problema sería que, tras la virtual extinción de dichos organismos, quedarían a merced de las patronales privadas.
Ya hubo algunas manifestaciones, pero necesitamos organizarnos y coordinar una lucha generalizada y sincronizada en las calles, el Congreso, la Casa Rosada, antes de julio de este año, para frenar la aplicación de esta ley.
¡Ninguna “prórroga”: el artículo 4 de la ley 27432 debe derogarse definitivamente!
¡Defendamos nuestros derechos de artistas, escritores y trabajadores de la cultura!
¡Defendamos a los espectadores y a los lectores, que forman parte imprescindible de la cultura!
Eugenia Cabral
03/05/2022
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