El presidente Lula viene de otorgar un aumento del 14,94% sobre los salarios docentes a nivel nacional; que no ha podido ser implementado en los distritos por la oposición férrea de los trabajadores, que en algunos lugares declararon huelgas indefinidas. Solo un tercio de los estados locales cumplen con el salario mínimo, que ahora es de 4.420 reales (US$ 888) mensuales.
El lunes pasado, la docencia de Guarulhos, la segunda ciudad más grande del estado más rico de Brasil, São Paulo, se declaró en huelga. Un día después, decenas de docentes ocuparon durante varias horas el Centro de Atención al Ciudadano en protesta por la negativa de las autoridades a negociar. A pesar de una decisión judicial que declaró ilegal la medida de fuerza, los docentes de Guarulhos se reunieron en asamblea el jueves y decidieron continuar la huelga.
El miércoles 3/5, los docentes del Distrito Federal (DF) realizaron una multitudinaria asamblea y decidieron iniciar un paro a partir del 4 de mayo, en reclamo de un aumento de sus salarios, que se mantienen en el mismo nivel desde 2015. Ese mismo día, los docentes en Amapá decidieron reanudar una huelga que habían iniciado a principios de este mes, exigiendo un aumento del 40 por ciento después de once años sin percibir aumento de salarios.
Desde principios de año, otras huelgas transcurrieron en Brasil. Docentes municipales pararon en Fortaleza, la capital de Ceará, a principios de febrero, y en Recife, la capital de Pernambuco, a principios de abril. También en São Bernardo do Campo, una ciudad industrial en las afueras de São Paulo, la cuna política del PT. En Ribeirão Preto, una de las ciudades más grandes del interior del estado de São Paulo, los maestros realizaron huelgas a fines de marzo y principios de abril junto con otros empleados municipales por mejores salarios y condiciones de trabajo. En los estados de Maranhão y Rio Grande do Norte, que son dirigidos por los gobiernos aliados de Lula, los docentes permanecieron en huelga durante todo el último mes.
Se trata de un movimiento huelguístico en ascenso, en el que la federación sindical CNTE ha intervenido insistentemente para aislar las luchas entre sí y evitar una huelga general nacional. La burocracia sindical del PT intenta por otro lado que las luchas docentes no se unan con las protestas de la juventud contra una reforma reaccionaria de los currículos escolares conocida como “Nueva Escuela Secundaria”, que, entre varios ataques a la formación académica, excluye a los jóvenes de clase trabajadora del aprendizaje de materias como arte, filosofía y ciencia.
Después de ser aprobado a principios de 2017 en el Congreso brasileño, en medio de ocupaciones y protestas, los cambios comenzaron a implementarse el año pasado. Para contener la oposición entre docentes y jóvenes al proyecto, el presidente Lula anunció el 4 de abril que suspendería su implementación por 60 días para “debatir públicamente” el tema. Aunque el propio gobierno del PT admitió que “no vamos a derogar (la reforma)”, las direcciones burocráticas de los sindicatos y de las organizaciones estudiantiles celebraron la “suspensión” anunciada como una victoria de su “presión” sobre el gobierno. Pero la maniobra quedó aún más de manifiesto cuando el gobierno lanzó una consulta pública para hacerla pasar. Los 11 ítems que contiene el cuestionario son básicamente lo que fundamentan las empresas para sostener la espina dorsal de la reforma, que la comunidad educativa ya rechazó varias veces. El Ministro de Educación del actual gobierno del PT es el ex gobernador de Ceará, Camilo Santana. Durante su mandato se caracterizó por implementar políticas educativas a favor de las patronales, en colaboración con ONG´S educativas, controladas por bancos y por las corporaciones más grandes de Brasil, como la Fundación Lemann y Todos pela Educação (Todos por la Educación).
Mariano Hermida
06/05/2023
No hay comentarios.:
Publicar un comentario