El propósito asignado a la reforma constitucional jujeña fue estampar en el bronce la “Constitución de Morales”. Nada de las violencias y cercenamientos del articulado propuesto está afuera del cuerpo legal de Argentina. La “Constitución de Morales” es un modo de entrar en la galería de próceres en minúscula y darle patente ilustrada a lo que no es más que una política de continuismo. Hace ocho años, apenas fue electo gobernador, Morales hizo algo más sustancial, como fue poblar la Corte y el Poder Judicial de la Provincia con personal a su servicio. Cualquiera sabe cuánto más importante es este copamieto que una hoja constitucional. Lo mismo ocurre con la composición y las facultades del Ministerio Público de Acusación, que regimenta la acción de los fiscales.
Las cláusulas introducidas por la camarilla de Morales a la Constitución ya se encuentran contempladas en los Códigos Penal y Procesal Penal de la Nación y de la Provincia. Así lo entendió su colega de Salta, el Renovador peronista Gustavo Sáenz, cuando envió un proyecto de ley, con trámite de urgencia, a la Legislatura, para prohibir las manifestaciones y cortes de calle. Conseguido sin pestañear el quórum de los dos tercios, la aprobación de la iniciativa se produjo sin inconvenientes. Para eso fue necesario el apoyo de todos los partidos, en especial del sector kirchnerista que está afuera de la coalición gobernante en Salta. Entre los más obsecuentes, el ex vicegobernador Zotto, proclamó que “no voy a sacarle el cuerpo” a esta adhesión patriótica a la legislación policial.
El “libre tránsito” que establece la Constitución nacional sólo puede transformarse en prohibición del corte de ruta cuando media una ley o cláusula penal; de otro modo, los cinco millones que festejaron la Copa del Mundo y hasta el camión de Tapia con la Selección podrían haber sido procesados como delincuentes presuntos. Con todo el orden legal establecido a favor de prohibir cortes de calles y de rutas, la farsa constitucional de Morales no demorará en ponerse en evidencia. Es así que ordenó ‘bajar’ los artículos 36 y 50 de la Reforma, sin alterar un átomo el conjunto del régimen represivo vigente. Por alguna extraña razón, algunos despistados confundieron la maniobra con un “recule”. El dedo de Morales demostró otra cosa más, a saber: que no estaba reunida una Convención o una Asamblea Constituyente, sino una barra oficialista. Morales bajó esos artículos porque todos ellos se encuentran vigentes por ley nacional. Basta, por ejemplo, invocar una razón de “utilidad pública”, como podría ser la infraestructura para la explotación del litio, para sacar a los campesinos de sus tierras. En el caso de Jujuy, el derecho a la expropiación, conferida al Estado, confronta, sin embargo, con los “derechos ancestrales” que reivindican las comunidades aborígenes. Ninguna ley los ampara para hacer frente a las presiones que sufren por parte del Estado y las mineras. La rebelión popular que enfrentó esta reforma trucha no alteró todavía el régimen represivo vigente, pero sí le dio un golpe importante a la autoproclamación del Julio César norteño y del peronismo que lo acompañó en la votación. Un calco de lo de Salta. Ha servido para reforzar la huelga indefinida de los docentes jujeños, los parturientos de la rebelión.
Tampoco hace falta una reforma constitucional para prohibir las ocupaciones de terrenos o la usurpación de viviendas. Eso ya existe, claro. El artículo 67 de esta pseudorreforma plantea, nada menos, que el “derecho a la paz social”, o sea, la obligación de aceptar el orden vigente. Es aceptar vivir en la calle, para tranquilidad de propietarios con terrenos ociosos, que esperan una valorización inmobiliaria. La “paz social”, con 40 % debajo de la línea de pobreza, sólo se le puede ocurrir a un asesino social. El constitucionalismo que pretende reglamentar la lucha de clases entre paredes doctrinarias se revuelve, a pesar suyo, en una contradicción insoluble. Ocurre que los trabajadores también tienen derechos “burgueses”, no sólo los capitalistas. El derecho a un salario mínimo equivalente al costo de manutención de una familia, en tanto ‘propietarios’ de su fuerza de trabajo. Este derecho a ser explotado incluye la salud, la educación, el techo y el tiempo ocioso o “derecho a la pereza”. La “paz social”, por otra parte, no solamente es inviable por la oposición irreconciliable entre la fuerza de trabajo y el capital, sino lo es también por la competencia entre capitalistas, incluidas, especialmente, la violencia y la guerra. El desarrollo histórico del capitalismo ha llevado estas contradicciones al punto de ruptura.
La farsa constitucional del farsante Morales ha servido para poner de manifiesto la enorme conciencia política de trabajadores y originarios de Jujuy. Porque detrás de la farsa, Morales proclama la intención de llevar adelante, incluso hasta sus últimas consecuencias, la legislación vigente contra derechos ancestrales, entrega de la minería, represión de las luchas, facultades especiales a la Policía, largas penalidades a los luchadores, en fin, un estado policial. Pero este escenario jujeño es también el de toda la realidad política nacional capitalista, que descuenta que la crisis social y política conduce a intervenciones históricas de los trabajadores y que se alista para combatirla.
Jorge Altamira
21/06/2023
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